SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — A más de tres años de haber sido formalizado y casi cinco de investigación, durante esta tarde se confirmó que el ex Ministro de Minería y exprecandidato por la Alianza, Laurence Golborne, accedió a una salida alternativa en el bullado caso Penta, con lo que el proceso se estaría dando por cerrado.
El aludido fue formalizado el 2016 en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por la facilitación de facturas ideológicamente falsas a cerca de 10 empresas —Penta, Ripley, BCI, entre otras— por un monto total de $378.770.000.-
Por este ilícito, Golborne arriesgaba enfrentar un juicio donde arriesgaba una potencial condena de 4 años de presidio y una multa de 40 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, alrededor de $23.629.920.- que pedía la fiscalía. ¿Cómo? pagando 11,4 millones de pesos.
Lo que pasó hoy significa que el exprecandidato a la presidencia de la UDI admitió su responsabilidad en los hechos que se le imputan, accediendo a colaborar y acceder a esta modalidad para evitar la cárcel y la sanción pecuniaria más alta, acotándola en su caso al pago de los 11,4 millones de pesos, el pasado 3 de septiembre.
Hay que mencionar eso sí que desde 2016, Laurence Golborne había optado por no colaborar con el Ministerio Público, cambiando de parecer tras la propuesta del ente persecutor que lo terminaría sobreseyendo.
Según La Tercera, el acuerdo con el Ministerio Público, fue visado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando fuera del mediático caso que generó un desfile de políticos y empresarios en los tribuales por delitos tributarios entre los que contaban facturas o boletas ideológicamente falsas.
Finalmente, el 5 de septiembre pagó $11.440.000 en la Tesorería General de la República. De esta forma, y de no cometer algún delito durante un año, será sobreseído de la causa.
El Caso Penta destapó complejos esquemas de financiamiento ilegal de partidos políticos tanto de izquierda y derecha, y que en su mayoría han terminado en acuerdos con la Fiscalía, el cierre de los procesos sin sanción y ninguno de los acusados en la cárcel.
De hecho, los líderes del poderoso grupo económico, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueron condenados a cursar clases de ética tras destaparse el escándalo de financiamiento ilegal de campañas políticas.
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