SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — Durante este jueves se desarrollaron los alegatos ante el Tribunal Constitucional respecto a los recursos interpuestos por dos personas que solicitaron retirar el dinero que han cotizado en las AFP.
A través de un comunicado, el Tribunal informó que el pleno adoptó acuerdo en relación con los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas respecto del Decreto Ley 3.500 especialmente sus artículos 23, 34 y 51, con incidencia en recursos de protección seguidos ante dichas Cortes donde dos afiliadas a AFP buscaban retirar los dineros ahorrados en el sistema.
En particular, para Antofagasta el recurso fue ingresado por la profesora María Angélica Ojeda, mientras que en Punta Arenas por la técnico en enfermeria Beatriz Valenzuela, ambas pidiendo que sus dineros ahorrados en Cuprum y Habitat les fueran entregados.
En el comunicado del Tribunal se indica que «luego de deliberar y en votación unánime, la Presidenta del Tribunal, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y los Ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez, la Ministra señora María Pía Silva Gallinato y el Ministro señor Miguel Ángel Fernández González, estuvieron por rechazar ambos requerimientos de inaplicabilidad, conforme los argumentos que serán desarrollados en las sentencias respectivas».
Durante los alegatos, las administradoras aseguraron que la ley establece que estos fondos son de uso exclusivo para pagar pensiones y que una decisión de estas características puede aumentar no solamente el déficit del Estado, sino que también la precariedad de los adultos mayores.
Para lo anterior refirieron como ejemplo el caso de Perú, donde la implementación de una ley que permitía retirar los dineros denominada REJA (Régimen Especial de Jubilación Anticipada por desempleo) ha implicado que a lo menos el 56% de quienes sacaron sus fondos se los gastaran en necesidades de corto plazo, instalando un enorme problema de seguridad social de insospechados alcances.
Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018 por ejemplo, reportó que en dos años los afiliados ya habían gastado el 30% de sus fondos, mientras que un 13% había gastado la totalidad del dinero, siendo el destino del dinero el pago de deudas (35%), vivienda (28%) y tratamiento de enfermedades (18%).
Para el abogado representante de la AFP Cuprum, Jorge Correa Sutil, el debate de políticas públicas no debiera realizarse ante un tribunal porque genera confusión, asestando que «traer ese debate de política pública a estrados judiciales constituye un error jurídico de magnitudes, que confunde lo que es propio de la política con lo que es propio de la justicia».
Añadió que «si el Decreto de Ley 3500 es una buena o una pésima fórmula de seguridad social para Chile, es un debate que solo puede y debe desarrollarse en el Congreso Nacional con presencia y participación consultiva de las más diversas ONGs y expertos constitucionalistas, de seguridad social pública y participación incidente del presidente de la república».
En representación del Presidente de la República alegó el abogado Alejandro Charme, quien pidió rechazar este requerimiento, aludiendo a que el derecho de propiedad no se ve afectado por las restricciones impuestas por la norma que impide retirar de una vez los fondos.
«Los dineros previsionales tienen un fin específico que es para generar pensiones, por tanto, no pueden ser retirados para otro fin porque desnaturalizan el sistema de pensiones, por tanto, solicito que se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en todas sus partes», dijo Charme.
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