SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — En medio de la serie de cuestionamientos que ha recibido Walmart Chile tras los seis recursos de protección presentados en contra del Estado de Chile, y donde lo acusaba de incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública posterior a sufrir varios incidentes a lo largo del país, finalmente decidió desistirse de las acciones judiciales.
Hay que recordar que la empresa acusó que «la omisión arbitraria e ilegal cometida por el recurrido infringe gravemente el derecho de propiedad», reiterando el mismo argumento en todos sus escritos iniciados a mediados de noviembre para solicitar que Carabineros protegiera un total de 76 supermercados distribuidos en Chillán (6), Temuco (16), Concepción (29), Valdivia (8), Puerto Montt (16) y en Arica (1).
Dijo que diversos locales «han recibido graves ataques por parte de masas de individuos que los han saqueado y/o incendiado, produciendo graves daños a su infraestructura y destruyendo y/o robando los productos exhibidos en sus salas de venta, así como los almacenados en sus bodegas, impidiendo que mis representadas hayan podido -total o parcialmente-seguir operando con tales locales y ejerciendo en ellos su actividad económica, a lo menos, en lo inmediato, sin perjuicio que al día de hoy, con gran esfuerzo de mis representadas y sus empleados, se encuentran funcionando, a lo menos, parcialmente».
«Esta situación, además, ha puesto en riesgo a los trabajadores de mis representadas que se desempeñan en tales locales y a sus clientes, en cuanto a su integridad física y, además, en cuanto a la conservación de sus puestos de trabajo», agrega.
Menciona también que «es un hecho público y notorio que el saqueo y/o incendio de locales de mi representada –así como otros establecimiento de comercio- afectan directamente a la población, en términos de su normal, adecuando y económico abastecimiento de productos de primera necesidad que son aquellos que mis representadas expenden en tales locales, todavía teniendo una importante presencia en el mercado regional, no sólo en el centro de la región, sino que también en muchos sectores periféricos, que permiten a la población abastecerse a precios económicos sin necesidad de hacer grandes y costos desplazamientos».
En tal marco, acusa que «el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, obligación que debe cumplir a través de las fuerzas de orden y seguridad pública (Artículo 101 de la Constitución Política de la República), omisión que ha permitido que hechos como los descritos – y que son de público conocimiento – se hayan producido, afectando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por nuestra Constitución Política de la República».
Luego, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que defiende al Fisco respondió a las aseveraciones de la empresa, diciendo que «en el actual contexto de acontecimientos, es una muestra de escasa empatía nacional del holding Walmart solicitar, por la vía judicial, cierta preferencia en la protección policial de sus locales comerciales».
Agregó que «sin una visión de conjunto y apartándose de la actual coordinación policial, solicita un trato excepcional con respecto a las miles de empresas y personas que se han visto perjudicadas económicamente por los actuales sucesos”.
«Es improcedente que Walmart solicite, en el actual contexto, una protección preferente a sus centros comerciales, porque (…) la decisión sobre distribución y destinación de dicho contingente contiene una medida de fuerte componente técnico y de alto carácter contingente, que exige compatibilizar múltiples variables», añade.
Para el CDE «los problemas actuales de vandalismo tienen una dimensión nacional. Sería entonces una completa impropiedad que la priorización de la destinación de efectivos policiales se realice mediante sentencias judiciales frente a reclamos de uno o más sujetos. Y es que, en la actual situación, los razonamientos expuestos por la parte recurrente podrían ser replicados por cualquier ciudadano que habita el territorio nacional y que quisiera reclamar protección especial por parte de la policía».
«La descripción de esta supuesta garantía afectada omite el hecho que los saqueos e incendios que refiere, no son causados por el órgano recurrido sino por terceros a los que el Estado busca específicamente sancionar. Es, en este sentido, impropio responsabilizar al Estado de toda actividad criminal o vandálica que acaezca en el territorio nacional», prosiguen las respuestas del organismo.
«Esta argumentación, por lo demás, es especialmente atingente cuando se trata de políticas públicas de resguardo al orden público en situaciones excepcionales, como la que enfrentamos en la actualidad, toda vez que ellas exigen una planificación general contraria al particularismo propuesto por el actor«, concluye el CDE.
A este respecto, el organismo estatal indicó que «peticiones de este tipo pueden encubrir la pretensión de buscar el acogimiento simple de la acción interpuesta, para utilizar luego una sentencia estimatoria como base para un posterior juicio declarativo», lo que no es otra cosa que Walmart Chile decida luego pedir que el Estado la indemnice.
Ante esto, en una declaración la empresa señaló que «la presentación de recursos de protección por parte de Walmart Chile obedeció a situaciones puntuales en las que habíamos detectado riesgos para la seguridad de colaboradores y clientes en algunos locales y en ningún caso la compañía pretendió pedir un trato preferencial ni responsabilizar al Estado por los daños ocurridos en nuestros supermercados».
Así, durante este sábado la compañía declinó perseverar en los recursos presentados ante las cortes de Apelaciones de Arica, Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.
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