Castro: el frustrado acuerdo que casi «libera» a «La manada de Llaullao» que violó a niño con NEE en colegio

octubre 29, 2019 La Opinión de Chiloé Castro, Policial, Sociedad 1
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Impactante caso de bullying en Castro: violaron y abusaron sexualmente de niño en colegio.
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Castro: libertad asistida para «La manada de Llaullao»: violaron a niño en colegio.

CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Trabajando a toda marcha para iniciar ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la tramitación de sendos recursos de nulidad estarían las defensas de los tres adolescentes condenados por protagonizar horrorosos actos de índole sexual hacia un compañero de curso al interior de un establecimiento particular subvencionado de Castro, y cuyo fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal causó enorme revuelo en la provincia.

Según lo consignado por La Opinión de Chiloé, hace casi dos semanas el trío de magistrados del tribunal en comento entregó su veredicto condenatorio en contra de los estudiantes A., M. y P. (dos de ellos ahora mayores de edad), indicando por 3 votos contra 0 que más allá de toda duda razonable, dos eran culpables de los delitos de violación y abusos sexuales, mientras que un tercero era cómplice.

Hay que mencionar que durante el proceso de investigación se mencionó a un cuarto presunto implicado, pero se desconoce lo que pasó con la imputación en su contra.

Conocida la condena, el fallo respectivo aplicó como penas el cumplimiento de tres años de libertad asistida especial con reinserción social para los que perpetraron las violaciones y 541 días de libertad asistida especial para el cómplice.

Más allá del largo juicio en el tribunal castreño con la subsecuente sentencia condenatoria y recursos que se pretenden tramitar en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y/o la Corte Suprema, durante el proceso de levantamiento de información sobre este caso realizado por La Opinión de Chiloé se encontró un sorpresivo antecedente que se ha mantenido en secreto ante la comunidad, y que probablemente hubiera significado que jamás saliera a la luz pública lo que pasó.

En particular, este medio pudo confirmar que antes de la realización del juicio se habrían realizado una serie de conversaciones entre el Ministerio Público de Castro y la defensa de los tres sujetos con el objetivo de llegar a un acuerdo «confidencial» para una salida alternativa, que después de un tiempo, hubiera permitido un sobreseimiento definitivo.

El acuerdo secreto

En términos simples, a los tres imputados (o sus defensas en realidad) se les ofreció una suspensión condicional del procedimiento, que no es otra cosa que un acuerdo entre el fiscal y los aludidos por el cual se suspendía la investigación y el procedimiento por un tiempo determinado, entre 1 y 3 años —según los artículos 237 y 238 del Código Procesal Penal— durante el cual se iba a someter a los imputados al cumplimiento de ciertas condiciones decretadas por el juez de garantía.

Así, de haber cumplido tales condiciones y si no eran objeto de alguna nueva formalización por hechos distintos, se iba a extinguir la acción penal por los ilícitos que motivaron la investigación, por lo que tribunal de oficio, o a petición de parte, dictaría sobreseimiento definitivo.

Para los tres imputados se cumplían los requisitos ad hoc: de ser condenados no recibirían más de tres años de privación de libertad, ninguno tenía condena previa por crimen o simple delito, y tampoco tenían alguna suspensión condicional del procedimiento vigente.

Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé confirmaron que un acuerdo similar ya se había utilizado antes en un caso que habría ocurrido en el mismo establecimiento educacional. La denuncia en cuestión aludía a presuntos abusos sexuales infantiles reiterados de un trabajado, algo que jamás se pudo comprobar ante un juez.

Pues bien, volviendo al caso de marras, el Ministerio Público ofreció a A., M. y P. una suspensión condicional del procedimiento a pesar de las contundentes pruebas que tenían en contra del trío, y que permitieron finalmente comprobar la existencia de violaciones y abusos sexuales.

De hecho, fue el mismísimo fiscal de la causa quien indicó tras el juicio que «se logró acreditar el delito de violación, fue una investigación muy ardua y compleja». De haber llegado a un acuerdo eso sí, nunca se hubiera logrado una condena.

Una fuente conocedora del caso confirmó a La Opinión de Chiloé que «hasta el día mismo del juicio, antes que empezara, se le planteó de nuevo [a la defensa] la posibilidad de suspensión condicional y la defensa no quiso».

¿Pero cuál fue la razón para no aceptar el «acuerdo» e ir a juicio? una de las condiciones que el Ministerio Público habría indicado era que a los imputados se les realizara un diagnóstico psicológico y, de ser encontrada alguna patología, se les sometiera a un tratamiento. El resto de condiciones eran nimias como por ejemplo la prohibición de acercarse a la víctima, al domicilio, lugar de trabajo o de estudios.

La defensa rechazó aquello, se realizó el juicio en el Tribunal de Castro, y los magistrados encontraron —más allá de toda duda razonable— que los acusados cometieron los deleznables actos en contra de su compañero.

Tal y como consignó La Opinión de Chiloé, todo ocurrió en un conocido colegio donde asisten o han asistido hijos de dueños de medios de comunicación o políticos locales, por ejemplo; y que incluso tras conocer la sentencia, tuvo a más de alguna funcionaria del Departamento Provincial de Educación en Chiloé refiriéndose al caso para defender tácitamente a los violadores.

El fiscal del caso ha solicitado reserva de nombrar al trío de delincuentes (amparados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente) y al colegio con el objetivo de proteger a la víctima: «no se puede dar a conocer ni los nombres de los intervinientes ni el lugar donde ocurrieron los hechos».

Las agresiones fueron denunciadas en septiembre de 2017 por la madre de la víctima, quien acusó que su hijo fue violentado en reiteradas oportunidades en los camarines del recinto entre fines de 2016 y principios de 2017. El menor tiene necesidades educativas especiales por un tipo de problema neurobiológico, y comenzó a sufrir un drástico cambio de comportamiento a partir de 2016, pero nadie detectó los ilícitos; eso aí, fue sistemáticamente suspendido de clases mientras que los implicados continuaron yendo con normalidad, incluso relacionándose con otros niños.

Fue la propia directora quien reconoció que la denuncia indicaba que las violaciones y abusos sexuales habrían ocurrido en las clases de educación física y en recreos, añadiendo a que se habría decidido en 2017 «informar» de lo que pasaba a los delegados del curso involucrado para que fueran capaces de responder a las preguntas y dudas de los padres, difundiéndose detalles de las vejaciones que sufrió el niño entre quienes no eran intervinientes y en plena etapa de interrogatorios de la Policía de Investigaciones de Ancud. Se desconoce si tal acción era para «ajustar» el relato a la medida de los hechores.

Confirmó tácitamente, además, que durante todo este tiempo los tres involucrados se mantuvieron en el colegio relacionándose con otros niños, y que sólo por iniciativa de los padres de los acusados (y no del establecimiento), se les permitió cerrar el año académico recién este 2019, en plena etapa de juicio. De hecho, uno de los condenados era «monitor» de un grupo scout con menores, y fue él quien habría decidido retirarse hace pocos días pero siguió con el apoyo de todos los adultos y apoderados.

A lo anterior se añade que habría al menos un registro de la directora donde señala que la víctima en todo este abuso «no era creíble» y que sí había que creerle a los que fueron condenados por violación, dos de los cuales hoy son adultos.

Asegura la directora que accedieron al término del año escolar para ellos porque estaban preocupados de la «tranquilidad» de los dos condenados por violación y del condenado por complicidad.

Fuentes que conocen del caso indican que lo anterior sería una más de las acciones donde se demostraría que en el establecimiento existiría «nula sensibilidad» respecto a una denuncia (y juicio) delicado donde la víctima es un niño con necesidades educativas especiales.

En tal marco de acciones dudosas en ese colegio, tal y como ha consignado La Opinión de Chiloé, desde la familia se ha aseverado que la víctima le habría relatado lo que pasaba a un psicólogo de ese lugar y este no habría denunciado, sumándose registros que aluden a que el Jefe de la Unidad de Convivencia Escolar habría entorpecido la denuncia inicial, anotando todo el relato de las vejaciones en el libro de clases que sería de libre acceso a «cualquiera».

En dicho contexto, y en conversación con La Opinión de Chiloé, Marlys Castillo Triviños, abogada de la parte querellante en este caso, dijo que una de las testigos que asistió fue precisamente la directora, afirmando que «se le consultó en el juicio respecto a si ella creía en el relato del niño y ahí ella señaló que no…».

Agregó que la directora «apoyó a los acusados», y que se ajustaría a otras acciones que como autoridad del establecimiento realizó cuando declaró ante la Brigada investigadora de Delitos Sexuales y Menores de Ancud.

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