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Insólito en Ancud: vecino habría «pasado» examen de licencia de conducir sin saber leer.
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una silenciosa indagatoria desformalizada al mando del Ministerio Público es la que se ha estado realizando por varios meses al interior de la Ilustre Municipalidad de Ancud tras graves hechos que habrían ocurrido en una de sus unidades, y que además, incluyó tres intentos tácitos de querellas espurias en contra de La Opinión de Chiloé emanada desde el mismo consistorio luego que este medio revelara ciertas irregularidades. Eso es extremadamente grave ¿porque se habría intentado coartar la garantía constitucional para ejercer la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa?.
Los hechos materia de investigación por parte del fiscal se describieron parcialmente en un reportaje publicado por La Opinión de Chiloé en abril de 2018, donde se reveló un secreto sumario administrativo al interior de la Dirección de Tránsito y Transporte Público municipal luego de un insólito caso vinculado a eventual intento de adquirir una licencia de conductor ideológicamente falsa por parte de un vecino con domicilio en la comuna, pero que curiosamente también residiría en Queilen.
Lo descrito en esa oportunidad trajo coletazos, sumándose otros hechos que hoy tienen en la mira a varias personas tras configurarse los potenciales delitos de cohecho y soborno.
El concepto «licencia de conductor ideológicamente falsa» se refiere a la emisión de este documento al cumplir los requisitos exigibles en la ley incluyendo el aprobar los exámenes teórico, práctico y médico (psicotécnico y vista) pero sin haber rendido uno o más de éstos últimos, donde el receptor de la licencia queda habilitado para conducir evadiendo la correcta aplicación de la norma.
La revelación y algunos comentarios de terceros causó molestia en la municipalidad, especialmente en la Directora de esa unidad Carla Andrea Díaz Bahamondez, quien el 11 de mayo de 2018, envió un oficio al alcalde y concejo donde de manera temeraria acusó que «con las variadas afirmaciones que han realizado a través de los medios electrónicos y páginas sociales me han injuriado y calumniado, poniendo en tela de juicio ante toda la comunidad mi desempeño como funcionaria, cuestionando mi debido actuar y vinculándome con avalar irregularidades graves, asegurar que vendemos licencias de conducir, además faltando a la verdad diciendo que he mantenido reuniones con el [exalcalde DC] Sr. Pablo Ossio en mi oficina, cosa que no es real, teniendo de testigos a todos los funcionarios que se desempeñan en la Unidad de Tránsito y Transporte Publico».
Agregaba la aludida que «los procesos que han causado estas publicaciones si bien pudieran ser ciertos, se encuentran investigándose (sic), por los conductos regulares existentes para ello; sin que a la fecha se sepa los resultados de dichas investigaciones (…) [y] son presentados ante la comunidad como si uno estuviera directamente involucrada».
«Nadie, puede quedar ajena al detalle con que informan la ‘noticia’, manejando fechas, números de oficios y demás detalles que hacen presumir que tuvieron los documentos entregados en reserva a la vista», decía la funcionaria, a pesar que su presunción era errónea porque todo acto financiado con recursos del Estado son públicos por ley salvo excepciones, y este no era el caso.
También dijo que «desde el año 2008 a la fecha he realizado mi trabajo con esmero y siempre apegada a legalidad, esforzándome por mantener una conducta intachable, la que a raíz de una mala intención y manejo de la información por parte del Sr. XXX de dañar la imagen pública de los funcionarios municipales (se han referido a más de un funcionario en el último tiempo) distorsionando la información, o presentándola ante los lectores como si estuviéramos de verdad involucrados en los hechos presentados como ‘escandalosos’ en las redes sociales buscando denostar, menoscabar y finalmente dañar la imagen de quienes laboramos en esta Institución, provocando impactos en nuestro bienestar y el de nuestras familias, alimentando el morbo de la comunidad que recibe esta información y la viraliza sin hacer un filtro en lo que lee».
La nota completa que generó la molestia puede leerse en este enlace, pudiéndose cotejar que parte de los dichos de la directora son falsedades al esbozar afirmaciones que no fueron publicadas por este medio. Aún así, pidió al alcalde y concejo que se iniciaran acciones legales para «defenderla» ¿de qué?.
Luego, el 2 de junio de 2018, el alcalde Carlos Gómez Miranda accedió a destinar recursos municipales para ingresar una querella donde Díaz Bahamondez acusaba que se le habría «menoscabado su fama y lesionando la dignidad personal reflejada en la imagen y consideración que los demás tienen respecto de los funcionarios municipales y del Municipio de esta comuna, afectando su imagen pública y su credibilidad como autoridad, lo que resulta gravísimo». El 19 de julio de 2018, la juez de turno declaró inadmisible la querella, o sea, se perdieron recursos públicos en acciones espurias.
El 28 de julio de 2018, el alcalde volvió a acceder y destinó otra vez recursos municipales para ingresar una querella donde Díaz Bahamondez reiteraba lo mismo. Decía que las acusaciones «dicen relación con el otorgamiento de licencias de conducir, permisos de circulación, y en la mantención adecuada de la señalización del tránsito vigente en la comuna (…) cuestión altamente compleja, delicada, fiscalizada exhaustivamente desde el interior del Municipio, por lo que claramente cuestionar y realizar acusaciones de ese calibre puede ser calificada como grave, no sólo por el contenido de la misma, que induce a pensar que la Municipalidad que represento y sus funcionarios y en especial la Directora de Tránsito son altamente agredidos y cuestionados, sino porque además el querellante es el alcalde de la comuna y resulta ser quien es el Jefe del Servicio cuestionado, por lo que su trabajo y el de todo su equipo se ve enlodado en forma arbitraria, ilegal e injusta».
El 30 de julio de 2018 la juez declaró inadmisible la querella mientras que el 3 de agosto de 2018 rechazó la reposición, o sea, se perdieron de nuevo recursos públicos en acciones espurias.
Acá hay que precisar que el querellante no era el alcalde sino que la directora mencionada. Por cierto, lo curioso es que según el municipio ¿era grave que lo puedan «cuestionar»?; hace un tiempo atrás la Corte Suprema dijo que «la facultad de las personas de emitir opiniones y realizar una crítica acerca de los agentes y órganos estatales es inherente al régimen democrático», todo con ocasión de un recurso ingresado por un concejal del Partido Comunista en Castro que intentó coartar la libertad de información o expresión a un medio de comunicación (ver nota relacionada). ¿Pretende el municipio entonces que no sea cuestionado?
El 20 de agosto de 2018, nuevamente se destinaron recursos municipales y se reiteró lo mismo ingresando una tercera querella, determinándose el 12 de noviembre de 2019 un sobreseimiento total y definitivo, aunque ya a esas alturas los vínculos acusatorios de carácter espurios implícitos hacia La Opinión de Chiloé habían desaparecido. Vale decir, por tercera vez se perdieron recursos públicos en acciones judiciales improcedentes.
Más allá de los derechos inherentes que ahora tienen los malamente querellados (a través de esta funcionaria) para perseguir responsabilidades a nivel civil exigiendo indemnizaciones monetarias por el trato denostador del consistorio, el hecho relatado en el reportaje de La Opinión de Chiloé comenzó a ser investigado por el Ministerio Público, aunque sorprendentemente sin una querella municipal, sino más bien a través de una denuncia bien silenciosa.
Hay que recordar que a comienzos de 2018, Carla Díaz Bahamondez informó mediante el Oficio Ordinario n.°05 del 30 de enero de ese año, que días antes se había procedido a retirar a un solicitante de licencia de conductor desde la sala de examen psicotécnico ya que se descubrió que presuntamente no sabía leer. Mientras el médico le tomaba el examen psicotécnico, constató que la persona ni siquiera reconocía las letras, a pesar que en su expediente había pasado «sospechosamente» el examen teórico con el 100%.
En esa época, La Opinión de Chiloé realizó varias preguntas, a saber: ¿cómo pasó el examen teórico? ¿implicaría ello la potencial existencia de un documento adulterado? ¿existió o no algún pago irregular para saltarse el examen teórico? Las respuestas están pronta a revelarse a nivel oficial, esto es, ante un Tribunal de la República.
Este medio había señalado que la Fiscalía local de Ancud podría tomar nota porque constituiría un delito lo que pasó, y a casi dos años de aquello, el ente persecutor está por darte la razón ya que hay un grupo de personas que han sido sigilosamente «vigiladas».
Es más, el caso del supuesto analfabeto (¿o miope?) en comento es sólo uno de varios que están en la lupa del Ministerio Público y que habrían ocurrido en los pasillos de la Ilustre Municipalidad de Ancud, antecedentes que este medio revelará en otros reportajes en preparación.
En efecto, se está investigando la presunta comisión del delito de cohecho cometido por empleados públicos, ilícito previsto y sancionado en los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, todo por la eventual existencia de «coimas» en la Dirección de Tránsito y Transporte Público. El tema es delicadísimo para el o los funcionarios municipales que podrían estar involucrados, dado que las penas que enfrentarían van desde los 541 días a los 10 años de presidio, aunque si es por el 248 bis, partiría desde los 3 años de presidio hasta los 10 años.
La Opinión de Chiloé tiene antecedentes respecto a nombres, los que se darán a conocer en su momento y que incluso llegarán a causar sorpresa.
Adicionalmente, se está indagando a algunas personas por cohecho o soborno cometido por particulares, ilícito previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal. Respecto a esto, en el escritorio del fiscal hay un listado con varios nombres, todos vinculados al eventual «pago de favorcitos» en el municipio. Las penas acá son similares a las aplicados a los empleados públicos, salvo que decidan colaborar para acogerse al artículo 11 n.°9 del Código Penal.
¿Despilfarro de recursos?
En cuanto a las tres querellas fallidas interpuestas por la Ilustre Municipalidad de Ancud sobre los antecedentes publicados en La Opinión de Chiloé, se puede indicar que para determinar el valor de las gestiones, comúnmente en los tribunales civiles que ven materias de cobro (cuando hay clientes que no le pagan a sus abogados) se toman como referencia a los dictados por los Colegios de Abogados de Puerto Montt y de Valparaíso.
Claro está que acá el municipio optó por utilizar a abogados pagados con platas fiscales, por lo que la valoración que se tiene respecto a este tipo de gestiones al interior del consistorio podrían diferir de las valoraciones que se realizan en el mundo privado. La pregunta entonces sería ¿cuánto se «ahorró» la funcionaria Carla Andrea Díaz Bahamondez al usar el aparataje municipal por las tres querellas desechadas por la juez? Ella no podría acceder la Corporación de Asistencia Judicial porque gana sobre los dos millones de pesos al mes y a veces sobre los tres millones de pesos al mes (ambos bruto).
A continuación, grosso modo se realizará una estimación con cifras reales sin considerar los potenciales costos adicionales que podría desembolsar el municipio a nivel civil por interponer querellas espurias (jurisprudencia hay, y expresan cifras que podría rondar desde los 25 hasta superar los 100 millones de pesos). Conforme al arancel referido, hay que diferenciar la valoración entre las consultas y las acciones propiamente tales en los juzgados; además, La Opinión de Chiloé ha realizado una consulta a nivel central para que se haga revisión del potencial menoscabo en el patrimonio municipal al usar recursos públicos para fines que podrían ser particulares; la respuesta aún no llega.
Pues bien, por las consultas sin estudio de antecedentes generalmente el costo es de 1 UF ($28.318,16) por cada vez que se reúna con el abogado, cuando se hace un somero estudio de antecedentes el costo es de 2 a 5 UF (hasta $141.591.-) por cada vez que se reúna con el abogado; si, la respuesta que se da es por escrito, el costo es de 5 a 10 UF (hasta $283.182.-) por cada vez que se reúna con el abogado. Las consultas generalmente no duran más de media hora. Acá se habla de 3 querellas y las citas con los abogados podrían sumar varias horas.
En cuanto a las acciones en tribunales, los honorarios que se cobran generalmente son por etapas. La presentación por cada querella tiene un costo que va desde 10 a 50 UF (hasta $1.415.908.-); mientras que la representación después de existencia de formalización y antes de juicio tiene un costo que va desde 10 a 100 UF (hasta $2.831.816.-) por cada querella.
Hay otros costos de etapas intermedias que algunos cobran y otros no, al que se debiera sumar el costo de oportunidad de tener a los dos abogados del municipio desviando su tiempo de cuestiones clave del consistorio.
Los costos expresados anteriormente son los de referencia dados por el colegio de Abogados de Valparaíso (más económicos que los de su símil en Puerto Montt). Además, son razonables ya que sólo a modo ilustrativo, una simple elaboración de bases para la licitación pública de comprar un millón en carne, verduras, café, aceite y té es valorada por el municipio en alrededor de 2,3 millones, entonces una acción judicial debiera superar aquel monto con creces porque no es como ir a comprar unos kilos de pollo (y fueron tres las querellas). ¿Se pretendía callar la existencia de coimas o coartar la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa?
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