Véase también:
Ancud: suspenden a fiscal tras actuar negligente en causa por desfalco en Corporación.
Ancud: desfalco en Corporación quedaría impune tras «inactividad procesal».
Ancud: sacan de la causa por desfalco en Corporación al fiscal tras eventual corrupción.
Ancud: presunto vínculo de Fiscal con imputados tras «desaparición» de 3.000 millones en Corporación Municipal.
Presentan querella por deudas en Corporación de Ancud: ¿qué penas aplicarían?
Ancud: ¿sumario de 2015 en Corporación evidencia inicio de mediocre gestión?
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Tal y como estaba programada, durante esta mañana se realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de dos exdirectivos de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud, por su eventual responsabilidad en el delito de desfalco o malversación de caudales públicos durante la administración de la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez.
De acuerdo a antecedentes judiciales que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el Ministerio Público de Ancud imputa al ex Secretario General de la Corporación, Luis Armando Ampuero Chiguay, quien también fue ex Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G. para la Región de los Lagos y hoy trabaja en el Liceo Industrial de Puerto Montt, y al ex Jefe de Finanzas de la Corporación, Abdón Rigoberto Barría Bórquez, el desvío de $44.294.112.- para autogestionarse y autosuscribirse cheques destinados a autopagarse millonarios finiquitos.
El fiscal adjunto de Castro, Fernando Metzner Iribarren, fue el encargado de solicitar la audiencia de formalización en un caso que estuvo por varios años sin aparentes movimientos útiles, y que derivó en la remoción de la causa del fiscal de Ancud, Javier Calisto Garai, por un presunto actuar negligente, y que se relacionaría a posibles vínculos y/o conflictos de interés respecto a algunos imputados (ver nota relacionada).
Durante el día de hoy, el persecutor penal explicó a la juez de garantía que según los antecedentes recopilados, «los días 15 de marzo y 11 de abril de 2016, se recibió en la cuenta corriente n.°83100037672 del Banco Estado, cuyo titular es la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud –denominada internamente por la Corporación como “Educación”–, desde el Ministerio de Educación, recursos en el marco de la ley N° 20.822 para el pago del beneficio de incentivo al retiro del personal docente, por las sumas de $267.297.298, para ser pagada a 13 profesores y $390.168.534, para ser pagada a 19 profesores, respectivamente».
Dijo que en dicho marco, «entre abril y noviembre de 2016 se efectuó el pago del bono de incentivo al retiro a 25 profesores, quedando pendiente el pago a 7 de ellos».
Así las cosas, agregó que «el imputado Abdón Barría Bórquez, en su calidad de Director de Administración y Finanzas de La Corporación Municipal de Ancud, junto a otro girador subrogante, en la ciudad de Ancud, emitió 6 cheques de la cuenta de Educación ya individualizada, fechados al 30 de noviembre del 2016, por concepto de bono por incentivo al retiro a las docentes A.G.G., C.S.D., R.A.B., E.C.H., A.W.M. y C.D.K. ascendentes a las sumas de $21.500.000 cada una, excepto C.S.D., cuyo cheque fue por la suma de $3.169.533, dando un total de $110.669.533».
Acota que «el día 5 diciembre de 2016 –último día de la administración de la presidenta de la Corporación Municipal de Ancud y alcaldesa de la comuna, Soledad Moreno Núñez y, por ende, de su período de funciones–, Abdón Barría Bórquez y Luis Ampuero Chiguay, [presuntamente] abusando de sus funciones públicas en sus calidades de Secretario Titular y Director de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Ancud, respectivamente, efectuaron una transferencia bancaria de $122.500.000 desde la cuenta corriente “Administración Central Corporación”, en la que se había recibido ese mismo día varias transferencias desde el Servicio de Salud de Chiloé, a la cuenta corriente “Educación”, la que, antes de dicha transferencia, tenía un saldo de $3.893.940, por lo que quedó disponible, ese día, un total de $126.393.940″.
«Una vez que, a raíz de la transferencia anterior, la cuenta corriente de Educación contaba con fondos, el mismo día 5 de diciembre de 2016, se pudo cobrar y pagar sólo dos indemnizaciones de incentivo al retiro pendientes, correspondientes a las docentes A.W. y C.D., ascendente a $21.500.000 cada una, quedando pendiente el cobro de los cheques ya emitidos a las docentes A.G., C.S,, R.A., E.C., y la resolución, finiquito y pago de Á.A. por $21.500.000», dice.
«A sabiendas de estar pendientes las obligaciones antes descritas y de que no había recursos ni estaban financiados otros pagos por concepto de desahucios de funcionarios de confianza, el mismo día 05 de diciembre del 2016 los imputados Luis Ampuero Chiguay y Abdón Barría Bórquez [presuntamente] abusando de sus cargos y en ejercicio de sus funciones vinculadas a la administración financiera de la Corporación, aplicaron indebidamente, a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, emitiendo cheques de la cuenta de Educación de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres, los que luego cobraron por las sumas de $28.632.062 Luis Ampuero Chiguay y $15.662.050 Abdón Barría Bórquez, actuación —dice el fiscal— abusiva que atribuyeron, en documentos generados y suscritos por ellos mismos, al pago de sus propias indemnizaciones que estaban no cubiertas contablemente, entre ellos, finiquitos que fueron autorizados el mismo día 5 de diciembre de 2016 por el ministro de fe, quedando la cuenta corriente de educación con saldo, según cartola bancaria, de sólo $4.073.039 pesos», prosigue.
Añade que los cheques de las tres docentes pendientes, «a su cobro, el día 16 de diciembre de 2016, fueron protestados por falta de fondos, iniciándose una causa penal mediante querella de las profesoras, que culminó con condena por el delito de giro doloso de cheques para ambos giradores en causa RIT-784-2017 RUC 1510021135-9 de este tribunal» (ver nota relacionada).
«Por su parte, el cheque de doña E.C. fue presentado a su cobro el día 6 de diciembre de 2016 y pagado con fondos de la nueva administración, ya que el saldo de la cuenta de educación dejado por los imputados el último día de sus funciones, 5 de diciembre de 2016, fue de $4.073.039 pesos, según consta en cartola bancaria», acota el fiscal.
«Los dineros distraídos por los imputados no fueron reintegrados por ellos a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud y causaron grave entorpecimiento en la gestión financiera y contable del Servicio, retardando el pago de obligaciones contraídas con 5 docentes, cuyos bonos habían sido depositados por el Ministerio de Educación en los meses marzo y abril de 2016, debiendo efectuarse por la nueva administración transacciones de pago con A.G., C.S., R.A. y Á.A. en el mes de marzo de 2018, mientras que la docente E.C. había cobrado su cheque el 6 de diciembre de 2016, pagado con fondos propios del nuevo gobierno municipal del cual depende la Corporación», explicó el persecutor penal a la juez de garantía.
En vista y considerando, aseveró que los hechos precedentemente señalados serían constitutivos del delito de desfalco o malversación por distracción, previsto y sancionado en el artículo 235 inciso 1° y 2°, en relación con el artículo 233 N° 3, ambos del Código Penal, y que a Luis Armando Ampuero Chiguay y Abdón Rigoberto Barría Bórquez les cabría la calidad de autores en grado de desarrollo consumado.
Luego, tras ser formalizados, la juez de garantía decidió imponer como medidas cautelares la firma mensual ante Carabineros a contar de junio de 2022, más arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con cuatro de los docentes que se habrían visto afectados de manera directa por los hechos descrito precedentemente.
Se determinó fijar como plazo de investigación a 60 días, sin perjuicio de los derechos que les asistan a los imputados de pedir el sobreseimiento definitivo de la causa debido a que han pasado más de 5 años desde ocurridos los hechos.
En particular, dicho incidente será discutido el próximo el día 11 de agosto de 2022. Por ahora no se han detallado in extenso las argumentaciones que usarán las defensas de estos dos exdirectivos, aunque a priori se buscaría que la juez de turno ordene el cierre de esta causa penal ante la falta evidente de movimientos útiles durante casi 5 años, en una investigación que estaba a cargo del fiscal Calisto Garai, y que tuvo un largo período de inactividad procesal de su parte.
Hay que recordar que Calisto Garai fue asesor jurídico de la Municipalidad de Ancud, siendo su empleador el exalcalde Pablo Ossio Muñoz (DC), quien es esposo de la exalcaldesa, Soledad Moreno Núñez (DC), que está imputada en esta causa.
A lo anterior se sumaría los vínculos de amistad o camaradería al interior del Rotary Club Ancud con otro de los imputados, el exdirector de control de la Corporación, Ricardo Lagno Cruces, quien fue presidente de esa institución (existen diversos registros fotográficos donde se ve al fiscal y al aludido, mientras que en otras se observa incluso a la esposa del persecutor, Paola Negroni).
En este sentido, cabe mencionar que la doctrina utilizada en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema asevera que el silencio en la relación jurídica implicaría una «inactividad motivada por su desinterés por obtener una decisión de los tribunales sobre el conflicto sometido a su conocimiento», vale decir, se asume que si no hay movimientos, no hay interés en proseguir.
Luego, tras ser alejado del caso, el reemplazante de Calisto Gara levantó rápidamente varios antecedentes que permitieron una formalización (varios ya estaban en la causa por largo tiempo).
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