CASTRO (La Opinión de Chiloé) — En medio de diversos patrullajes preventivos que han estado llevando a cabo funcionarios de Carabineros de Castro, durante el martes se procedió a detener a dos sujetos sindicados como presuntos responsables de comercializar sustancias ilícitas a consumidores habituales de la capital provincial, lográndose de paso incautar alrededor de 800.000.- en droga ya dosificada y dispuesta para ser vendida a terceros.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé en causa RIT O-2784-2024 RUC 2410056411-0 seguida ante el Juzgado de Garantía de Castro, la diligencia se habría concretado durante la tarde del 19 de noviembre, cuando los imputados fueron sorprendidos actuando de manera sospechosa en el tradicional sector Pedro Montt, activándose un procedimiento de control de identidad sin perjuicio de los indicios que tenía personal policial respecto a la aparente comisión de un delito en flagrancia.
En particular, todo habría sido alrededor de las 15.00 horas, en la Plaza del Tren de Castro de Pedro Montt 1, cuando funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro decidieron indagar a dos sujetos que habrían sido sorprendidos intercambiando al menos un envoltorio contenedor de algo «extraño» con un supuesto transeúnte.
Así las cosas, se pudo determinar que ambos serían supuestos «turistas» que estarían residiendo temporalmente en una residencial cercana al Terminal de Buses Rural de Castro, teniendo como ciudades de origen a Viña del Mar, región de Valparaíso, y Providencia, región Metropolitana.
Para Carabineros, los imputados habrían llegado a la capital provincial con el fin de actuar de manera ilícita, en este caso, para traficar drogas en pequeñas cantidades, algo que fue ratificado tras revisar sus pertenencias. Ambos tenían antecedentes policiales previos.
La información fue confirmada por el capitán Felipe San Martín, subcomisario de la Segunda Comisaría local, acotando que una patrulla bajo su mando habría divisado que «en la Costanera habían dos individuos adultos y con antecedentes previos, los cuales estaban concretando una transacción de drogas».
Por lo tanto, los imputados de 38 y 40 años respectivamente fueron sometidos a un control de identidad de tipo indiciario, esto es, un procedimiento policial a realizar cuando hay indicios de que una persona o grupo de personas ha cometido o intentado cometer o se dispone a cometer un delito, falta o crimen, algo que en este caso concreto se habría dado.
Luego, al ser un control de identidad indiciario, la SIP estaba facultada para registrar las vestimentas y/o pertenencias de los aludidos, lográndose descubrir que portaban pasta base de cocaína en diversas dosis, siendo aprehendidos y trasladados hasta el cuartel policial.
Fue en ese lugar donde se realizó la prueba de campo respectiva, corroborándose que los dos detenidos habrían estado portando estupefacientes de carácter prohibido que no estaba destinado para el consumo personal y próximo en el tiempo, sino más bien, para comercializar a otros.
San Martín así lo dijo al declarar que «ambos mantenían en su poder una cantidad considerable de sustancias ilícitas y dinero en efectivo», aparentemente derivado de la venta de estupefacientes, incautándose en consecuencia 80 papelillos de pasta base de cocaína, ocho bolsas de nylon con la misma droga sin dosificar, y aproximadamente $109.000.- en dinero en efectivo.
Durante este miércoles se realizó la audiencia de control de la detención de los dos sujetos, instancia donde la juez de turno Alejandra Varas Cuevas declaró ajustado a derecho el procedimiento atendida la flagrancia evidente, por lo que dio paso a la formalización respectiva.
En opinión del fiscal de la causa, Enrique Canales Briones, se configuraría en este caso el presunto delito de Tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en los artículos 4°, en relación al artículo 1°, de la Ley 20.000.
A este respecto, el persecutor penal estimó que, por ahora, a los imputados les podría caber una posible participación de autores en estos ilícitos en los términos del artículo 14 n.º 1 y 15 n.° 1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.
Sopesados los antecedentes acompañados en la causa, el Tribunal concluyó que existiría un correlato consistente en la imputación de la Fiscalía y los antecedentes aportados por la SIP castreña, por lo que los encartados podrían ser responsables del delito en comento.
En efecto, expresó que por ahora, los hallazgos de la indagatoria son suficientes para estimar que aparece justificada tanto la existencia de el ilícito por el que han sido formalizados los imputados como también, atribuir el día de hoy su participación en calidad de autores.
Luego, y tras requerimiento del fiscal a cargo de la causa, la juez de turno decidió imponer una serie de medidas cautelares menos gravosas, siendo estas las descritas en los literales c) y d) del artículo 155 del Código Procesal Penal, o sea, arraigo nacional y firma diaria ante la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones, comenzando por el día jueves.
Funcionarios de la PDI serán los encargados de fiscalizar que el dúo esté cumpliendo las medidas cautelares reseñadas, que de ser violentadas, podrían revocarse para instruir alguna más gravosa como por ejemplo, arresto domiciliario o incluso, su ingreso al Centro de Detención Preventiva local.
Para el próximo 31 de enero de 2025 se fijó una audiencia de reformalización de la investigación y/o procedimiento abreviado verbal, desprendiéndose que el plazo de investigación fue fijado en 72 días.
Atendida la pena que arriesgan ambos sujetos, en enero la causa podría terminar con una salida alternativa, ergo, con una sanción que se cumpliría en el medio libre. Ambos fueron dejados en libertad.
Comentarios