Tribunal Constitucional destituye a Senadora Isabel Allende (PS) por fallida compra de casa de su padre

SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — Durante este jueves, y por amplia mayoría, el Tribunal Constitucional de Chile (TC) acordó declarar el cese del cargo de la senadora María Isabel Allende Bussi, tras vulnerar la prohibición de celebrar contratos con el Estado, todo a raíz de la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, por parte del Fisco por $993 millones de pesos.

El pleno escuchó durante esta mañana los diversos alegatos de los abogados requirentes, Emiliano García (Republicanos) y Máximo Pavéz (Chile Vamos), prosiguiendo luego con los argumentos de defensa de la legisladora. Tras ello, y tras anunciarse que el pleno estaba en acuerdo, se confirmó que la mayoría encabezada por la presidenta del TC, Daniela Marzi, los ministros Raúl Mera, Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery, además de las ministras Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo y Alejandra Precht, decidieron aplicar la medida tras considerar que se violentó flagrantemente la Constitución. 

En contra en tanto, y con argumentos que se conocerán una vez que se haga público el fallo, estuvieron los ministros Catalina Lagos y Mario Gómez

Durante los alegatos, el abogado del Partido Republicano, Emiliano García, sostuvo que en este caso “no hay ambigüedad posible. Se celebró un contrato de compraventa entre una honorable Senadora de la República en ejercicio y el Fisco de Chile. Lo que corresponde ahora es aplicar la norma constitucional con toda la fuerza que esta norma impone”.

Por Chile Vamos en tanto, el abogado Máximo Pavéz, sostuvo que el “requerimiento no es un cuestionamiento a la persona de la senadora Allende, ni a su trayectoria política, ni tampoco a la memoria histórica, que legítimamente ella y muchas otras personas se empeñan en custodiar”, acotando que “esta va a ser una sentencia que va a ser largamente discutida por profesores de derecho civil, de derecho constitucional, por estudiantes de derecho».

Aclaró que «esta causa versa sobre tres bienes jurídicos decisivos y fundamentales para el Estado de Derecho: la supremacía constitucional, la igualdad ante la ley y la obligación que recae en todos los órganos del Estado de garantizar el orden institucional de la República”.

Pavés indizó que “la senadora Allende concurrió al acto sabiendo la gravedad de esta conducta. Algunos ejemplos. La votación de la Ley de Presupuesto del año 2023, para que drija el 2024. El escrito de la contraparte dice: ‘presupuesto para la adquisición de casas presidenciales’. Ella sabe que hay presupuesto para concretar, durante el 2024, la compra del bien y la senadora Allende firmó un mandato para vender su casa el año en que la Ley de Presupuesto debía ejecutar esa compra”.

Desde la defensa de la Senadora en tanto, el abogado y exconstituyente, Gabriel Osorio, aseveró que “no hay contrato. Pero, además, si lo hubiere, no vulnera la probidad administrativa. No fue celebrado en atención al ejercicio de su cargo parlamentario. No obtuvo un beneficio arbitrario o discriminatorio, sino que decía relación con el cumplimiento de funciones públicas, con un fin público y por tanto es el interés público el que está aquí comprometido”. Aquello fue desestimado por el pleno con mayoría.

Hay que recordar que los requerimientos para que la parlamentaria cesara en su cargo fueron ingresados por diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano, argumentando que Allende Bussi habría incurrido en la causal prevista en el artículo 60 inciso segundo de la Constitución Política de la República, que dice textualmente: «Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades».

Esta prohibición data del año 1892, cuando se introdujo una reforma a la Constitución de 1833, la que posteriormente se mantuvo en la Constitución de 1925 y en la Constitución de 1980, quedando en esta última con una redacción similar a la de 1925. Esta causal de cese del cargo sigue plenamente vigente, siendo la primera vez que el Tribunal Constitucional de Chile lo aplica.

Es importante recordar que todo esto ocurrió a raíz de la polémica compraventa de la casa del exmandatario Salvador Allende, en la que la senadora y la ministra Maya Fernández figuraban como las partes interesadas, pese a que la ley impide que las autoridades de la República puedan concretar contratos con el Estado.

Tras el escándalo, la defensa de Allende rechazó los requerimientos de los diputados de oposición, asegurando que la venta “no tiene un interés privado, sino un interés eminentemente público”.

No obstante, a pesar de que finalmente el contrato no se concretó, esta situación tuvo grandes repercusiones para las autoridades involucradas. En el caso de Fernández, quien era ministra de Defensa, la polémica la llevó a renunciar a la cartera.

«Agradezco al Presidente la confianza depositada en mí durante estos tres años. Dejo mi cargo con la tranquilidad de haber actuado siempre con lealtad y apego estricto a la Constitución y la ley», concluyó.

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