Véase también:
Histórico: TC aprueba proyecto de aborto en tres causales.
Ley de despenalización del aborto: Gobierno modifica protocolo para no perjudicar a privados.
Ley de aborto por violación en Chiloé: 37% de obstetras son objetores, aunque sean casos de pederastia.
ISLA DE CHILOÉ (La Opinión de Chiloé) — A más de tres años y medio de la promulgación de la Ley de aborto en tres causales en el país, la que permite la interrupción del embarazo sólo si existe riesgo en la vida de la madre, inviabilidad del feto o por violación, las cifras a nivel nacional hablan de al menos 2.225 mujeres que han accedido al procedimiento entre 2017 y 2020, de las cuales 688 se deben a la primera causal, 1.120 por la segunda y 417 por la tercera.
De acuerdo a datos que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, del total de pacientes atendidas en los centros de salud, al menos 161 corresponden a menores de edad, con 7 por la causal 1, otras 23 por la causal 2 y las restantes 131 por la causal 3.
Hay que recordar que la Ley 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, fue promulgada el 23 de septiembre de 2017 y el protocolo para llevar a cabo su implementación se aprobó en febrero de 2018, y aunque existe relativo consenso respecto a que las estadísticas que se manejan podrían estar subrepresentando la realidad, las cifras siguen siendo poco conocidas, y más aún cuando se habla de niñas y adolescentes.
La Opinión de Chiloé accedió a registros reservados de los casos que «oficialmente» se han consignado en el Archipiélago de todas las pacientes que han llegado a la red pública, encontrando 20 casos en total, desglosados: Ancud (8), Dalcahue (1), Castro (2), Chonchi (2), Quellón (6), Quinchao (1).
Dentro de esta veintena, al menos tres abortos involucraron a menores de 12, 15 y 16 años, todas víctimas de una violación. ¿Cómo fue su proceso?
La información disponible revela que la implementación de la ley no ha estado exenta de complejidades, y por sobre todo, de enormes fallas que en todos los casos han terminado en un tácito abandono del sistema, un escuálido seguimiento especializado y un acompañamiento prácticamente nulo.
Primer caso: niña de 12 años
El primer caso se registró en septiembre de 2017 cuando, tras un fuerte cuadro de dolor estomacal, una madre trasladó a su hija de 12 años hacia un centro asistencial de Castro donde se le practicaron una serie de exámenes para determinar qué era lo que ocurría. Su lugar de origen sería isla Quinchao.
Fue ahí cuando de manera sorpresiva se descubrió que la niña tenía 11 semanas y 3 días de embarazo producto de una violación, mientras que un examen de ADN posterior determinó que el criminal era un pariente.
Su caso generó controversia a nivel nacional luego que se supiera que médicos en el Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro rechazaron interrumpir el embarazo (aún hoy el recinto tiene una alta proporción de objetores de consciencia en cualquier causal), por lo que finalmente la Subsecretaría de Redes Asistenciales decidió organizar a inicios de octubre de ese año el traslado de la niña, vía aérea y acompañada por enfermeras, para que sea atendida en el Hospital San José, casi al límite del plazo legal.
En esa oportunidad, se aseguraba que una psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Castro estaba coordinando un proceso reparatorio, aunque la tensa espera para que se le practicara la prestación y la actitud de quienes la atendieron en el hospital empeoró todo.
A ello se sumó que desde el Servicio de Salud Chiloé descartaron rápidamente iniciar alguna investigación para determinar responsabilidades por el no cumplimiento de la norma, trascendiendo que Marcela Cárcamo Hemmelmann decidió aquello «aprovechándose» de la desesperación de la madre de la víctima quien estaba más preocupada de la fecha tope para que se aplique el procedimiento (14 semanas).
Segundo caso: menor de 16 años
El segundo caso fue el de una adolescente de Quellón de 16 años que fue agredida sexualmente en febrero de 2018, confirmándose posteriormente que estaba embarazada. La información que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé indica que la menor concurrió por atención el 23 de marzo, ingresando al Servicio de Urgencia del Hospital de Quellón donde relató lo que le había pasado.
Inmediatamente se activaron los protocolos respectivos, determinándose que la edad gestacional del feto era 6 semanas.
Tras decisión de la madre y una orden judicial, se realizó la interrupción del embarazo rápidamente y sin miradas indiscretas o inquisidoras gracias a que en el sur de Chiloé no hay objetores; en medio de ese proceso, y por protocolo, se le ofreció a la familia un acompañamiento psicosocial, que es un derecho establecido por ley.
Supuestamente, éste tenía como objetivo contener y apoyar a la menor para evitar su revictimización y asegurarles acceso a la atención en un ambiente de respeto y confidencialidad, todo en medio de su otro proceso, el de superar el ataque sexual y afrontar el largo proceso judicial. No obstante, la precariedad hizo lo suyo.
En efecto, La Opinión de Chiloé confirmó que la menor sólo pudo concretar dos sesiones con un psicólogo, y sólo una sesión con la llamada dupla IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), compuestas por una psicóloga y una trabajadora social, vale decir, prácticamente un nulo acompañamiento en este difícil proceso.
Ni hablar de un psiquiatra, ya que la vio en una ocasión y la citó para 6 meses después, hora que nunca llegó y aún sigue en la lista de espera. Así, el sistema público falló.
Tercer caso: menor de 15 años
El tercer caso, el de una menor de 15 años, se registró en diciembre de 2019. Días antes de navidad, la víctima arribó al Servicio de Urgencia del Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro donde se activó el procedimiento tras constatarse que estaba embarazada producto de una violación.
En esta ocasión eso sí, el procedimiento de interrupción —post decisión de la madre y autorización judicial— se concretó gracias a que había un médico obstetra que no era objetor.
A esa fecha, de los nueve contratados, cinco declararon negarse a practicar algún aborto bajo cualquier causal, por lo que sólo habían cuatro disponibles para aquello. Afortunadamente no pasó como la primera vez, y el nosocomio de la capital provincial cumplió su rol: aplicó la ley y no la obvió como lo había hecho antes.
La edad gestacional del feto era 5 semanas, mientras que en el registro de consulta se consignó el 20 de diciembre de 2019. Al igual que en el caso anterior, y por protocolo, se le ofreció a la familia un acompañamiento psicosocial, el que fue aceptado.
¿Qué pasó con la contención y apoyo brindado a la menor para evitar su revictimización y asegurarles acceso a la atención en un ambiente de respeto y confidencialidad? La Opinión de Chiloé confirmó que en su caso fue aún peor que en Quellón.
Particularmente, la menor sólo pudo concretar una sesión con un psicólogo y nunca más la llamaron, otra sesión con una trabajadora social y jamás la profesional la volvió a contactar, y sólo una sesión con la llamada dupla IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), compuestas por una psicóloga y una trabajadora social.
¿Y un psiquiatra?, sigue en la lista de espera porque no hay registro de alguna atención. Cero. El sistema público volvió a fallar.
Así las cosas, los tres casos de menores de edad que quedaron embarazadas producto de una violación y que están en las estadísticas oficiales como usuarias de una interrupción voluntaria no tuvieron el acompañamiento que la ley establece como derecho, quedando totalmente abandonadas en el difícil proceso que incluso, ya judicializado, las ha revictimizado una y otra vez.
Es más, aunque se alegaría desde el Servicio de Salud Chiloé falta de recursos para contratar personal de apoyo, ¿porqué se destinaron 20 millones de pesos para contratar al ex Gobernador Héctor Fernando Bórquez Montecinos en un cargo dudoso y no se usó tal monto en una dupla IVE provincial? ¿Y los otros 20 millones que se gastaron en el concurso público para contratar a Germán Ernesto Echeverría Prieto, otrora Director del Servicio que fue desvinculado rápidamente por mediocres resultados de gestión?
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