ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una interesante resolución de la Contraloría General de la República en contra de un grupo de funcionarias de la Ilustre Municipalidad de Ancud es la que por estos días se comenta al interior de los pasillos del consistorio luego que tal ente fiscalizador, a más de un año de ocurrido los hechos, instruyera un procedimiento disciplinario por un incómodo incidente vivido por un ciudadano que asistía a ese lugar por trámites. Lo anterior, siempre que se determinen responsabilidades administrativas por abandonar sus puestos de trabajo para dedicarse a temas ajenos a lo laboral.
De acuerdo a antecedentes recopilados por La Opinión de Chiloé, tal abandono no fue para «desayunar» en sus puestos de trabajo o para «vitrinear» mientras corre el reloj o para «tomarse» un café mientras ciudadanos esperan atención, algo que claramente «nadie» en el municipio hace, sino más bien fue por una presunta «funa» realizada en mayo de 2018 en contra de un dirigente de una ONG que había concurrido al municipio a labores adscritas a su cargo.
Según la Contraloría General de la República, se recibió un reclamo por parte de Abraham Torres Valdebenito quien había concurrido a dependencias municipales para la firma de un convenio de su institución, y en ese marco, fue increpado por la Directora de Administración y Finanzas, Claudia Lorena Cárdenas Videla; la Secretaria de la Dirección de Control Interno, Ruth Oyarzún Zúñiga; y dos dependientas de la Dirección de Administración y Finanzas, Adriana Oyarzo Cuitiño y Carmen Oyarzo Burgos.
Alegó el reclamante que él, como persona natural y en el ámbito de su vida privada, tiende a realizar publicaciones por redes sociales difundiendo y comentando resoluciones, documentos y auditorías, entre otros, la mayoría proveniente de instituciones tanto públicas como privadas, y que en tal contexto, habría expuesto información a la que accedió vía Ley de Transparencia donde se mostrarían varias irregularidades, desorden administrativo, malas prácticas e incluso algunos delitos por parte de ciertos funcionarios municipales que habrían incomodado a algunos, razón por la cual las cuatro trabajadoras en comento habrían decidido concertarse para increparlo, filmar el incidente, y luego subir tal registro a redes sociales, incluso usando perfiles falsos (una persona se habría hecho pasar por el diputado Marcos Ilabaca Cerda mientras que otra, en el fragor de la discusión por Facebook, fue vinculada a una funcionaria municipal con nombre y apellido). Se complementó aquello con declaraciones a un medio de TV ancuditano y a una radio de alcance provincial.
Pues bien, según la Contraloría General de la República, se vulneró el artículo 58 letra c) de la Ley n.°18.883 y el artículo 17 letra e) de la Ley n.°19.880, por lo que se requirió al alcalde de la comuna «instruir un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de las funcionarias municipales involucradas en los hechos denunciados».
La Opinión de Chiloé consultó al denunciante sobre el incidente e indicó que más allá del lenguaje vulgar y soez que se pudo apreciar en esa época por parte de algunos que estuvieron de una u otra manera detrás de todo, cree que el intento de desprestigio y la vulneración flagrante de la legislación que rige a tales trabajadores públicos ya se ha acreditado y que en tal marco, ha sido bastante paciente para planificar los pasos a seguir agregando que tiene en carpeta acciones civiles y penales en contra del Municipio y de ciertos funcionarios municipales que en su opinión, han protagonizado hechos que se acercan a lo delictual, añadiendo que incluso le ha sorprendido ver cómo varios con contrato vigente en el consistorio realizaban comentarios poco apropiados tras el altercado olvidando las obligaciones que les impone la ley. Es más, dijo que sin su permiso lo fotografiaron y se compartió documentación hasta ese momento de carácter privada perteneciente a la ONG donde es dirigente, dejando en evidencia una eventual mala práctica.
En cuanto a la molestia o no molestia que pudieran generar sus publicaciones, recordó lo que dijo la Corte Suprema respecto a un caso similar ocurrido en Castro; ahí, el tribunal fue tajante al citar a Humberto Nogueira Alcalá para reafirmar que: “la facultad de las personas de emitir opiniones y realizar una crítica acerca de los agentes y órganos estatales es inherente al régimen democrático. Por lo que el derecho a criticar por medio de la libertad de opinión las maneras de ejercer el gobierno, la legislatura, la función judicial de un tribunal o del conjunto de la magistratura, están protegidas por la libertad de información o expresión, (…) aún cuando la crítica sea dura y de mal gusto». En tal marco, Torres afirmó que el percance que ocurrió en mayo de 2018, eventualmente buscaba coartar sus garantías constitucionales y que en esa ocasión prefirió concurrir a la Contraloría para sentar jurisprudencia administrativa.
En ese contexto, aseveró que la comunidad ancuditana no debe olvidar la enorme cantidad de «tiros por la culata» que han recibido varios funcionarios, incluidos dos exalcaldes (en alusión a Pablo Ossio y Soledad Moreno), dado que con el tiempo, los tribunales han sido sabios para desarmar presuntos intentos de ocultar irregularidades o para desestimar acusaciones sin asidero que son replicados por algunos medios de comunicación. «El daño realizado es inmenso por creerse superiores (…) lo que se debe dejar en claro es que persigo que esto nunca más vuelva a ocurrir; quizás a cuántos más se lo hicieron y nunca denunciaron» agregó.
Para la Contraloría, la ley vigente es explícita en indicar que «es obligación de todo funcionario municipal realizar sus labores con cortesía y dedicación, y por otro, que es imperativo para las autoridades y funcionarios de la Administración Pública, tratar con respeto y deferencia al público usuario que concurre al municipio», razón por la cual el pedido de procedimiento disciplinario es considerada de especial relevancia para el ente fiscalizador.
El tema está en plena etapa de investigación dentro del consistorio. Torres mencionó que espera sus resultados lo antes posible, aunque reconoce que no es muy alentador el historial de cómo se han llevado adelante un porcentaje significativo de procedimientos administrativos similares en la municipalidad, con algunos durmiendo por años.
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