ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Durante este miércoles se realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de un sujeto sindicado como presunto responsable de una violenta agresión cometida en contra de su expareja, a pesar de tener una orden judicial que ordenaba no acercarse a ella.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé en causa RIT O-1519-2024 RUC 2401236598-1 seguida ante el Juzgado de Garantía de Ancud, los hechos se remitirían al término de este fin de semana reciente, cuando una mujer decidió denunciar ante Carabineros de esa ciudad que su excónyuge presuntamente se enfrascó en una agresiva discusión con ella, que habría terminado con él intentando, supuestamente, ahorcarla.
Lo que se sabe hasta ahora es que el incidente se habría registrado al interior de una vivienda de calle Arturo Prat, cuando el imputado, desoyendo una medida de protección que instruía no acercarse a ella, la atacó dejándola con diversas lesiones.
Una patrulla de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud fue despachada al lugar tras recibir la alerta de la Central de Comunicaciones (CENCO) de dicha institución, entrevistándose con la víctima y deteniendo al presunto implicado, que quedó a disposición de la justicia.
La mujer fue trasladada hasta el Hospital San Carlos de Ancud para constatar lesiones, detectándose varias erosiones en la zona de la cara, manos y cuello, mientras se practicaba el procedimiento de rigor para levantar su relato, y aplicar la pauta estandarizada de riesgo de violencia intrafamiliar, el que habría arrojado como resultado Riesgo Alto Vital.
El imputado, que fue identificado como Javier Marcelo Mancilla Rivera (51) años, fue trasladado a la Comisaría local como eventual imputado del delito de femicidio tentado, ello en atención a que la víctima asegurara que la habría intentado estrangular.
La información fue confirmada por la subprefecta Carol Sánchez, titular de la unidad especializada en comento, aseverando que las diligencias preliminares permitieron confirmar que se podría configurar «el femicidio frustrado de una mujer chilena de 46 años, hecho ocurrido el 14 de octubre».
Aseguró que, en función de la información levantada con el relato de la afectada y en el sitio del suceso, presuntamente «la víctima fue agredida por su pareja, un hombre de 51 años, al interior de su domicilio, provocándole lesiones leves con diversas erosiones en cara, cuello y manos».
Dijo que «logra huir, siendo auxiliada por personal de Carabineros, quienes detienen al imputado». De acuerdo a los antecedentes que se manejan, el aludido residía en la propiedad luego que la mujer lo perdonara por un incidente previo donde se le ordenó, vía judicial, no acercarse a ella.
La audiencia de control de la detención se concretó durante este lunes, instancia donde el Ministerio Público solicitó la ampliación del procedimiento a la espera de recopilar mayores antecedentes para determinar si se configuraría el delito en comento o no.
Mientras tanto, se solicitó que personal de la Agrupación de Homicidios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Castro se apersonara en el sitio del suceso e iniciara diversas diligencias de su especialidad para reconstruir la dinámica de todo este incidente.
Así las cosas, la juez de turno decidió ampliar la detención por dos días, concretándose la audiencia de formalización durante este miércoles, instancia donde el Ministerio Público de Ancud decidió reclaificar el ilícito a un eventual delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, prescrito y sancionado en el artículo 399 y 400 del Código Penal en relación con el artículo 5 y siguientes de la Ley 20.066.
Además, se añadió también el eventual desacato, descrito y sancionado en los artículos 240 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 10 de la Ley 20.066, esto por desobedecer una prohibición previa ordenada por el tribunal en julio de este año.
En efecto, hace poco más de dos meses atrás había sido formalizado por otro incidente adscrito a violencia intrafamiliar, donde se le impuso la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a cualquier lugar en que ella trabaje o se encuentre o visite de manera habitual, algo que incumplió tras este nuevo incidente.
A este respecto, el fiscal Fernando Metzner Iribarren estimó, por ahora, que al imputado le podría caber una posible participación de autor en estos ilícitos en los términos del artículo 14 n.º 1 y 15 n.° 1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.
La recalificación mencionada se gestó tras la recepción del informe policial y, sobre todo, del informe médico emanado desde el Hospital San Carlos de Ancud, donde se indicó que las lesiones presentadas por la víctima no necesariamente serían consistentes con un intento homicida.
Sopesados los antecedentes acompañados en la causa, el Tribunal concluyó que existiría un correlato consistente en la imputación de la Fiscalía, los antecedentes aportados por la víctima y el peritaje preliminar de la Agrupación de Homicidios de la PDI, por lo que el encartado podría ser el responsable.
En efecto, expresó que por ahora, los hallazgos de la indagatoria son suficientes para estimar que aparece justificada tanto la existencia de ambos ilícitos por el que ha sido formalizado el imputado como también, atribuir el día de hoy su participación en calidad de autor.
Luego, y tras requerimiento del fiscal a cargo de la causa, la juez (s) de turno Francisca Pávez Cepeda decidió imponer como medidas cautelares el arresto domiciliario total, el abandono del domicilio en común que compartían, y el arraigo nacional.
Funcionarios de Carabineros serán los encargados de realizar patrullajes preventivos para fiscalizar que el imputado está cumpliendo la medida cautelar de no salir de su vivienda, que de incumplirse, podría revocarse para instruir su ingreso al Centro de Detención Preventiva local.
Se añadió además una nueva prohibición absoluta de acercarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo, estudio o en cualquier lugar en que éste se encuentre o frecuente habitualmente.
El plazo de investigación se fijo en 60 días, ordenándose al sujeto que informe a la brevedad un nuevo domicilio para cumplir la medida cautelar, sin perjuicio que, atendida la pena que arriesga el sujeto, podría terminar en una salida alternativa en un futuro próximo o un procedimiento implicado con una pena a cumplir en el medio libre.
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