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ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una potencial pérdida millonaria en el patrimonio municipal aún por precisar es la que por estos días se ha intentado obviar al interior de ciertos estamentos de la Ilustre Municipalidad de Ancud luego que se revelara un sorpresivo descuido que significará, en términos prácticos, la imposibilidad de percibir hasta 90 millones de pesos por concepto de «ganancias» por las platas que se manejan en las cuentas corrientes bancarias.
De acuerdo a información que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, los hechos se remiten a un contrato firmado el 26 de julio de 2016 entre el consistorio y el BancoEstado por el cual este último, tras adjudicarse una licitación pública para la apertura y mantención de cuentas corrientes de la Municipalidad de Ancud, se comprometió a entregar una serie de servicios por un período de 4 años a costo cero, sin cobrar por servicios relacionados con el giro bancario, y un retorno por concepto de saldos de un 3,6% anual.
Así las cosas, el contrato indicaba que cesaría el 26 de julio de 2020, con posibilidad de prórroga ante la eventualidad de demoras en una nueva licitación. Los servicios se prestaron normalmente durante estos cuatro años, mientras que por los saldos de caja que quedaban en las cuentas, se generaban ingresos financieros para el consistorio por un estimado trimestral de entre 18 y 19 millones de pesos.
Vale decir, gracias a la licitación, el municipio vio incrementados sus ingresos durante estos cuatro años por un estimado potencial nominal que ronda los 300 millones de pesos.
Es más, siendo un poco más estrictos en términos de flujos de caja, de acuerdo a fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé, si se ajustara a la tasa social de descuento del 6% nominal capitalizable trimestralmente, tales ingresos podrían superar en valor actual los 322 millones de pesos.
En tal contexto, un correo electrónico enviado el 23 de julio de este año por el BancoEstado dejó al descubierto un enorme descuido que podría significar, en términos sencillos, la imposibilidad de percibir varias decenas de millones de pesos precisamente, por concepto de pago de intereses por los saldos en las cuentas para los próximos períodos.
Sin embargo, curiosamente nadie se percató o bien, algo pasó al interior de varias unidades municipales que demostraría una vez más que el historial acreditable de desorden financiero sigue sumando hechos adscritos a una eventual mala praxis, aunque esta vez los efectos significarán la pérdida irremediable de millonarios recursos.
Es más, a ese «olvido» se sumó un segundo tropiezo entre ese día y el 26 de julio que con una alta probabilidad podría, al menos, haber evitado este potencial daño patrimonial, ya que el contrato en comento tendría ciertos vacíos en sus cláusulas que hubieran permitido firmar una prórroga para subsanar rápidamente el descuido. En el sistema privado, aquello se habría hecho en menos de 24 horas y hubiera significado la inmediata desvinculación de los responsables e inicio de acciones civiles para pedir la restitución de estas pérdidas, ¿pero en el sector público porqué no ocurre lo mismo?
El asunto es algo aparatoso de explicar, pero grosso modo, en el correo electrónico del BancoEstado se proponía realizar un trato directo para adjudicar sin licitación el servicio en comento por un nuevo período, ello porque el contrato firmado en 2016 estaba ad portas de vencer.
El 28 de julio de 2020, dos días después de vencido, la unidad técnica del contrato que era la Dirección de Administración y Finanzas a cargo de Claudia Lorena Cárdenas Videla, remitió un informe donde explica que el banco ha dado fiel cumplimiento al contrato y eso dio pie a realizar el trato en comento.
Hasta antes de esa fecha, no existirían registros de un seguimiento pormenorizado y profundo al contrato, ergo, nadie se percató que estaba por vencer, ello a pesar que en el punto 21 letra c) de las bases se indica que corresponderá a la municipalidad «fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Banco…». Lo que pasó es un tema bien sensible ya que se habla de movimientos por miles de millones de pesos.
En el punto 26 del documento ya referido se indicaba explícitamente que la Inspección Técnica del Servicio quedaba en manos del Departamento de Administración y Finanzas, donde nuevamente se detalla, entre otras cosas, que le corresponderá «fiscalizar la debida ejecución del contrato» [letra b)].
Ello, aparentemente no ocurrió, y hasta el momento no se sabe con certeza con qué periodicidad y cómo se monitoreaban o fiscalizaban los movimientos de platas municipales en las cuentas, que este año superarán los 17 mil millones de pesos. La Opinión de Chiloé eso sí confirmó que el propio BancoEstado se había comprometido a entregar cartolas electrónicas diarias e históricas para facilitar las conciliaciones bancarias, aunque por ahora no hay un reporte oficial sobre si había feedback.
Lo interesante de todo es que dentro de los que estuvieron detrás de la evaluación de ofertas en 2016 se encuentran precisamente la misma Directora de Administración y Finanzas, unidad sobre la cual recaía la fiscalización aludida. ¿Qué pasó al interior de esa unidad? aparentemente se instruiría un procedimiento sumarial al respecto con resultados inciertos.
Se debe mencionar que la ley establece la obligatoriedad de la licitación de este servicio, proceso que debió haberse iniciado alrededor del 26 de enero de este año. La razón de esa fecha es que en el Reglamento de Compras Públicas se califica a este tipo de servicios bancarios como una licitación compleja, razón por la cual sugiere comenzar unos seis meses antes del vencimiento a trabajar en las bases y planificaciones.
Dados los plazos, y sin entrar a ahondar en las cláusulas del contrato de 2016, el sólo hecho de que se tuviera un informe el 28 de julio de 2020, dos días después de vencido el acuerdo, no permitió firmar un anexo de prórroga, obligando al municipio a adjudicar vía trato directo algo completamente nuevo. Es más, tampoco se invitó al Banco de Crédito e Inversiones o al Banco de Chile para que presenten alguna propuesta, y así ver si eran mejor alternativa que el BancoEstado.
La opción elegida, entonces, fue la de la institución financiera referida que no tuvo contrincantes y que eliminó varios beneficios de 2016, entre ellos el retorno por concepto de saldos de un 3,6% anual, por lo que irremediablemente ya no se percibirán alrededor de 76 millones de pesos anuales nominales.
Vista la urgencia, el concejo municipal votó a favor del trato directo por un plazo de 1 año más 60 días, por lo que la pérdida patrimonial llegaría a los 90 millones de pesos nominales (por ahora).
El Director de la unidad de asesoría jurídica municipal, Óscar Díaz del Campo, reconoció ante los concejales y el alcalde que esta solución temporal —para no quedar sin banco— se da porque «el vencimiento efectivo del contrato se realizó el 26 de julio del 2020 y no existen antecedentes de que se haya efectuado el análisis técnico y económico del presente servicio (…) y dado que la solicitud de la unidad técnica se realizó en el mes de julio, existe una imposibilidad cierta de poder haber realizado el proceso de licitación que hubiera sido ideal efectuar».
«En atención a lo anterior, se instruyó un procedimiento disciplinario a objeto de investigar cuáles fueron las razones de porqué no se llegó en tiempo y en forma a la licitación del servicio», señaló.
La Opinión de Chiloé tuvo a la vista documentación interna municipal donde se detalla que las cuentas adscritas al contrato vencido correspondían a la 94001120, 94001138, 94001146, 94001154, 94001162, 94026912, 63056763, 63057000, 94001171, 94016330, 83100019160, 83109033050 y 94020284, aunque al menos tres de ellas no presentaban movimientos en el período anual anterior a la firma, y la cuenta 94001138 presentaba una inconsistencia en los registros para el mes de noviembre del mismo año.
En promedio, la cuenta 94001120 para Fondos ordinarios, la 94001138 para mejoramientos de barrios y la 94001146 para el FNDR eran las que tenían mayores saldos de caja promedio antes que BancoEstado ganara la licitación, con poco más de 517 millones, 302 millones y 219 millones al mes respectivamente.
Así, respecto a los montos indicados como potencial pérdida patrimonial, éstos podrían variar dado que el presupuesto municipal desde 2016 a la fecha se ha incrementado ostensiblemente. De hecho, para 2020 la comuna de Ancud estimaba un presupuesto municipal superior a los 17,8 mil millones de pesos, el más alto de toda la provincia de Chiloé, superando incluso a comunas que supuestamente tienen mejores espaldas financieras o que gastan más en personal como Castro.
Sólo a modo ilustrativo, antes de que se firmara el contrato con BancoEstado en 2016, el presupuesto municipal era $12.879.136.000.- (diciembre de 2015), estimándose que con la licitación al menos se podrían percibir en las arcas del consistorio cerca de $59.783.585.- al año en ingresos financieros (a valor nominal).
A 1 de julio de 2020 en tanto, La Opinión de Chiloé confirmó que el presupuesto municipal se empinaba por los $17.835.339.000.-, por lo que ese 38,48% de crecimiento debería recaer también hacia ese monto de ingresos financieros, aunque con el «olvido», lo que en realidad se recibiría es $0.- por al menos 1 año y 60 días.
¿A qué equivale el dinero que se perderá? Por ejemplo, a la adquisición de alrededor de 3.000 canastas de alimentos que podrían beneficiar a igual número de familias (usando como referencia a datos de adquisiciones de la Dideco), o a la implementación de un plan de empleos de emergencia de media jornada para 180 personas por dos meses y con una remuneración bruta de alrededor de $250.000.- al mes.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Para el cálculo estimativo de ingresos financieros antes de la firma del contrato, La Opinión de Chiloé utilizó los saldos de caja mensuales de todas las cuentas objeto de la licitación (las listadas pre-contrato varias de ellas hoy eliminadas por ser de otro banco), y sobre ellos calculó un 3,6% nominal anual capitalizable mensual. Sobre la pérdida patrimonial a la que se refiere esta nota, se usó una simple extrapolación. Los montos de los ingresos financieros son estimativos usando un método conservador sin reajuste geométrico.
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