Véase también:
¿Nido de flojos? Contraloría exige a Corporación Municipal devolver $419 millones en 60 días.
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — En medio de la ingente crisis financiera que vive la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud debido a diversas causales, muchas de ellas explicadas por la desastrosa gestión que se viene arrastrando por años, la Contraloría General de la República no dio marcha atrás en su decisión de exigir la devolución de cientos de millones de pesos por programas vinculados a la Atención Primaria de Salud (APS) que nunca se ejecutaron, o al menos, de aquellos dineros que jamás se rindieron porque no se sabe dónde fueron a parar.
Sobre este tema, hay que recordar que a comienzos de 2018, La Opinión de Chiloé publicó un reportaje donde ya el ente fiscalizador exigía la devolución de al menos 419 millones de pesos por dineros destinados a los programas denominados Apoyo a la Gestión en el Nivel Local en Atención Primaria (AGL) – Acuerdo Alcalde, Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (Chile Crece Contigo), Mejoría de la Equidad en Salud Rural (Equidad Rural) y Vida Sana intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (Vida Sana), todos teniendo como objetivo a las personas de más escasos recursos de Ancud, platas que por cierto «desaparecieron» (ver nota relacionada).
Desde el municipio se informó en esa oportunidad que el alcalde Carlos Gómez Miranda instruiría a su equipo jurídico el interponer un recurso administrativo para que la Contraloría reconsidere la medida, mientras que de manera paralela, se anunciaron acciones judiciales de tipo penal ante la eventual configuración de algún delito.
Pues bien, el tiempo pasó, y el equipo jurídico municipal fracasó estrepitosamente y actualmente se está viendo la forma de cómo devolver $724.217.720.- (setecientos veinticuatro millones doscientos dieciciete mil setecientos veinte pesos) al Servicio de Salud Chiloé.
Dicha entidad transfirió considerables recursos a la Ilustre Municipalidad mediante la suscripción de convenios de fortalecimiento y gestión de la Atención Primaria ya mencionados anteriormente para los años 2013, 2014, 2015 y 2016. ¿Qué pasó?
La respuesta es simple. La Contraloría realizó una fiscalización para verificar las acciones llevadas adelante para cautelar y fiscalizar la correcta percepción y ejecución de los recursos involucrados, su consecuente registro, y la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Salud, de acuerdo con la normativa vigente, de los fondos transferidos a la Municipalidad de Ancud y de ésta a la respectiva Corporación Municipal, en el marco de la Atención Primaria de Salud, para la ejecución de varios programas.
En consecuencia, se realizó una revisión de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, concluyéndose que no se rindió como corresponde, vale decir, los dineros llegaron y se «diluyeron» hacia otros fines que incluso hoy, dados los centenares de millones de pesos involucrados, aún no se define a ciencia cierta (con detalle pormenorizado) dónde se desembolsaron.
A este respecto, el desorden descubierto fue evidente, hasta el extremo de constatar incluso la existencia de cuentas corrientes que no tenían conciliación desde el año 2008 aproximadamente, fecha en que asumió el exalcalde Federico Krüger Finsterbusch (UDI), siguiéndose con la misma irregularidad cuando llegó la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez (DC). Se gastaba la plata pero no se verificaba con registros complementarios y/o contables.
Ni hablar de los procedimientos relativos a las principales rutinas administrativas de la Corporación dada la inexistencia de manuales de procedimientos a las que deben ceñirse las personas que laboran en esa entidad, y especialmente respecto de los procesos administrativos contables y de rendiciones de cuentas de tal forma de reducir el riesgo de errores.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que dada la envergadura de recursos que se manejan y el rudimentario sistema de procedimientos contables que se utilizarían, entonces es probable que la Jefatura de Administración y Finanzas haya estado liderada por un profesional no universitario o por alguien con escasa o nula formación educacional de nivel superior.
Es más, incluso se comprobó que boletas y facturas que justificarían las rendiciones de cuentas estarían «extrañamente» inutilizadas o no se encontraban refrendadas, mientras que hay una enorme cantidad de boletas de honorarios que ni siquiera tienen firma. ¿Palos blancos?
Por otro lado, se transfirieron decenas de millones de pesos para la adquisición de equipos y o equipamiento para mejorar los servicios de salud a nivel rural, pero debido a temas netamente de gestión del área de finanzas, no se concretó nunca.
Ni hablar de la contratación de médicos que no estaban en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, incumpliendo lo señalado en el artículo 8° del Decreto n.°16, de 2007 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre los Registros Relativos a los Prestadores Individuales de Salud. Se desembolsaron varios millones ahí en personal no idóneo.
Se constató también que la municipalidad, de manera reiterada, rindió fuera de plazo al Servicio de Salud Chiloé parte de los dineros (no, no rindió todo) incumplimiento a lo estipulado en el artículo 26 «Transferencias a otros Servicios Públicos» de la resolución n.° 30 de 2015 de la Contraloría General la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.
El alcalde habría remitido un oficio a la Directora de Administración y Finanzas, Claudia Lorena Cárdenas Videla, para que cumpla con la norma vigente.
Luego, La Opinión de Chiloé confirmó que el municipio debe devolver $700.904.- no rendidos de 2013, $226.701.301.- no rendidos en 2014, $184.862.948.- no rendidos en 2015 y $311.952.567.- no rendidos en 2016. Esas platas no están disponibles en las cuentas corrientes municipales (ni en la Corporación).
Hay que precisar acá que ya en marzo de 2017, la Directora de Control de la municipalidad, Leyla Mariana Aguayo Valenzuela, tenía conocimiento de los montos a devolver respecto de 2013 y 2014, y que recién ahora en 2020 se procedería a iniciar el pago.
Además, el ente fiscalizador descubrió que durante al menos dos años la aludida no realizó auditorías referidas al cumplimiento de los convenios de varios de los programas de salud mencionados al comienzo de esta nota, lo que no se aviene a lo establecido en el artículo 135 de la ley n.°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en concordancia con el inciso 2° artículo 136, del mismo texto legal.
El cargo de Directora de Control que lidera Aguayo Valenzuela se creó mediante el Decreto alcaldicio n.°791 del 9 de febrero de 2015, y ese mismo año no se hizo auditoría «desapareciendo» $184.862.948.- (ciento ochenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos). Al año siguiente, otra vez no se hizo auditoría, «desapareciendo» $311.952.567.- (trescientos once millones novecientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y siete pesos).
El asunto no se puede dilatar más porque los dineros deben ser reintegrados de acuerdo a lo establecido en la Resolución n.°759 de 2003 y Resolución n.°30 de 2015 que «Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas» ambas de la Contraloría General de la República y demás normas pertinentes, algo que no se hizo en su momento porque simplemente no se sabía de dónde sacar el dinero porque ya no estaba o porque no existían auditorías.
No hay vuelta atrás. Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indican que al interior del municipio hay profunda preocupación para determinar la forma en que el dinero debe ser restituido al fisco so pena de arriesgar acciones legales del Consejo de Defensa del Estado.
Así, se habría «negociado» con el Servicio de Salud Chiloé el reintegro de los más de 724 millones de pesos en cuotas.
En efecto, este medio verificó que como las platas no están disponibles, se pretende parcializar la devolución en un plazo de 12 años, partiendo desde este mes de marzo de 2020 para finalizar en febrero de 2032. Vale decir, será pagado en 144 cuotas mensuales y sucesivas.
El acuerdo será mediante la firma de un convenio. La Opinión de Chiloé desconoce por ahora si ya hay acuerdo en el Concejo Municipal para aprobarlo y si aquello ¿se hará o no condicionado a que se busquen responsabilidades administrativas o se olvidará?
Es más, en uno de los informes de la Contraloría aparece mencionada la Concejal María Luisa Rojas Alvarado, otrora Coordinadora de los Jardines Infantiles y Directóra de Educación de la Corporación, a quien se le habría pagado su finiquito de manera improcedente con platas destinadas a salud, por lo que habrá que ver si ¿se abstendrá de votar el convenio en comento dado que se benefició de las irregularidades?
NOTA DE LA REDACCIÓN: Para este reportaje, La Opinión de Chiloé tuvo a la vista los informes n.°261/2017 y n.°417/2017 de la Contraloría General de la República, incluyendo además una serie de oficios y reportes conexos.
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