Véase también:
Presentan querella por deudas en Corporación de Ancud: ¿qué penas aplicarían?
Ancud: ¿sumario de 2015 en Corporación evidencia inicio de mediocre gestión?
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una serie de dudas e interrogantes respecto a la labor investigativa del Ministerio Público de Ancud en la causa por presunta apropiación indebida de millonarios recursos desde la Corporación Municipal de esa comuna reveló durante esta noche un reportaje de Canal 13, todo tras sindicarse la existencia de un aparente vínculo entre el fiscal Javier Calisto Garai y al menos dos imputados, a saber: la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez (DC) y el exencargado de control interno, Ricardo Lagno Cruces.
Hay que recordar que en diciembre de 2016, Julio Álvarez Pinto, abogado patrocinante de la acción, indicó a La Opinión de Chiloé que por instrucción del alcalde Carlos Gómez Miranda, la acción se ingresó en contra de todos aquellos que resulten responsables por la eventual apropiación indebida de recursos públicos al interior de la Corporación, y que rondaba los 3.000 millones de pesos, esto en atención a que la gran mayoría de las cuentas bancarias estaban en cero tras el término de la administración de Soledad Moreno Núñez.
En este sentido, señaló que se habría dado una violación del artículo 19 del Decreto Ley n.°3500, que en uno de sus incisos dice: «se aplicarán las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador», luego que se determinara que las cotizaciones impagas superarían los 1.000 millones de pesos.
Además, en cuanto al eventual delito de apropiación indebida o distracción de dineros, el artículo 470 n.°1 del Código Penal dice que se sancionará «a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla».
Las deudas de la Corporación han ido creciendo con el correr de los años, muchas de las cuales se vincularían precisamente a ese hoyo financiero que quedó tras el término de la administración de Moreno Núñez, y un conjunto de «contratos» que antes de su salida de la alcaldía, quedaron amarrados, incluyendo a varios de sus simpatizantes y/o colaboradores estrechos.
Otros en tanto, salieron con millonarias indemnizaciones, y cuyos nombres son conocidos por la opinión pública, incluyendo por cierto a la exconcejala María Luisa Rojas Alvarado, quien reiteradamente ha negado conocer lo que estaba pasando, a pesar de ser la jefa del área de educación de la Corporación.
Pues bien, a casi 5 años de la presentación de la querella, muy poco se ha sabido del avance de la investigación, salvo que el 1 de marzo de 2021 la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de investigaciones de Puerto Montt envió a la Fiscalía un (relativamente) extenso informe policial donde se ratificarían y establecerían algunos delitos, solicitando que se llame a declarar en calidad de imputados a un grupo de al menos 5 personas, lo que a la fecha no ha ocurrido.
¿Quiénes son esos nombres? la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez, el exsecretario de la Corporación Luis Armando Ampuero Chiguay, el exjefe de administración y finanzas Abdón Barría Bórquez, el exjefe de personal Jorge Alarcón Sánchez y el exdirector de control Ricardo Lagno Cruces.
Pues bien, según el reportaje en comento, existirían «vínculos» que podrían explicar el porqué, tras 5 años, la causa no ha avanzado, y el porqué, tras más de 8 meses, aún no se le toma declaración a los aludidos.
Un primer antecedente revela que Calisto Garai fue asesor jurídico de la Municipalidad de Ancud, siendo su empleador el exalcalde Pablo Ossio Muñoz (DC), quien es esposo de Soledad Moreno Núñez. Al ser consultado al respecto, el persecutor aseguró que no existiría algún conflicto de interés o que al menos los querellantes no le habrían informado alguna preocupación.
El segundo antecedente revela que Calisto Garai tendría una relación de amistad con Ricardo Lagno Cruces en el Rotary Club Ancud, existiendo diversos registros fotográficos donde no solamente se les ve a ambos, sino que también a quien sería esposa del fiscal, Paola Negroni.
Sobre aquello, y tras ser consultado al respecto, el persecutor reiteró sus dichos, asegurando que no existiría algún conflicto de interés o que los querellantes no habrían dado cuenta de algún inconveniente sobre aquello.
Sobre este tema, se refirió la vocera de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Carmen Barra, aseverando que «en el caso que aquí se trata, la Fiscalía Regional de Los Lagos no ha tomado conocimiento de ningún elemento que hasta el momento pudiese implicar alguna causal de inhabilidad».
Hay que mencionar que dentro de la carpeta investigativa que maneja la Fiscalía, hay un informe de la Contraloría General de la República del año 2017, sin que se conozcan diligencias instruidas por Calisto Garai con respecto a sus resultados.
Ahora bien, tal y como consignó La Opinión de Chiloé en un reportaje de enero de 2017, las deudas de la Corporación Municipal se desglosaban de la siguiente manera: al 30 de noviembre de 2016 en el área de Educación alcanzaba $1.852.841.355.-, mientras que en el ámbito de la Salud, un total de $838.260.147.-
Del monto adeudado, $804.793.362.- era con proveedores y $1.063.912.069.- era con cotizaciones previsionales impagas (en educación $942.880.039.- y en salud $121.032.030.-), a los que se unían descuentos internos con Coopeuch y La Araucana por $486.917.715.- e impuestos por pagar por $83.197.878.-, entre otros ítemes.
Particularmente en el caso de las deudas previsionales, un sumario administrativo realizado en 2015 al que accedió La Opinión de Chiloé ya daba cuenta de algunos indicios vinculados a la gestión y que clarifican que las cotizaciones impagas pasaron de 145 millones a casi 1.100 millones de pesos en dos años, con lo que los dichos de Luis Ampuero Chiguay serían inexactos cuando acusa que las deudas vendrían de 1986.
No, puntualmente en el caso de las cotizaciones previsionales impagas (con sus multas e intereses) se habrían abultado durante dos años y no durante 30 años como aseveraba el ex Secretario General. Él es uno de los nombres que la PDI está pidiendo que preste declaración como imputado, pero el fiscal aún no ha ordenado aquello.
Y acá no se cuentan los montos sobre millones en cheques girados y no pagados tras la salida de Moreno Núñez y colaboradores.
NOTA DE LA REDACCIÓN: El uso de comillas en el titular debe entenderse según lo descrito en el punto 3.4.8.2.1 de la Ortografía de la lengua española (2010).
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