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Castro: obras del bypass serían abandonadas. Empresa al borde del colapso financiero.
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — A través de un comunicado, y en medio de fuertes rumores de una eventual caída en insolvencia, durante el día de hoy la constructora Claro Vicuña Valenzuela A.S. (CVV) anunció que ha iniciado un proceso de liquidación acusando problemas estructurales en la industria de la construcción y una creciente burocracia del Estado para cumplir con los estados de pago pactados.
Con esto se confirma lo que ya había adelantado La Opinión de Chiloé hace algunos días: la empresa enfrentaba problemas severos en sus flujos de caja y falta de liquidez que redundó en incumplimientos graves de sus obligaciones financieras con terceros, entre ellos acreedores, proveedores y personal contratado.
«En términos prácticos se desmovilizarán 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, serán desvinculadas más 2.500 personas y habrá impacto sobre productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño. El volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a los $58 mil millones», dijeron.
En el caso de Castro, la empresa indicó ante tribunales que al momento de firmar el contrato para la continuación de los trabajos —que ya habían sido abandonados por Besalco—, se asentó desde el Gobierno un compromiso para que los problemas que enfrentó la empresa anterior no se produjeran o bien, fueran compensados en tiempo y forma. Sin embargo, ello no ocurrió.
En efecto, dijeron que este tácito acuerdo «no se cumplió y las paralizaciones originadas en hallazgos arqueológicos impidieron la continuidad operacional de la obra generando retrasos y mayores costos que hasta la fecha no han sido pagados a la empresa», agregando que «no se obtuvo ninguna solución para la empresa que igualmente dio avance al desarrollo de la obra que presenta hoy un 73%»
Así las cosas, confirmó que por este proyecto aún se espera un pago atrasado que ronda los $3.196 millones por parte del mandante, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas.
De hecho, fue enfática en indicar que han enfrentado una creciente burocracia del Estado en todos los proyectos que tiene a lo largo del país (incluyendo la obra caminera en Chiloé), lo que se tradujo «atraso en el curso de los estados de pago mensuales con su respectivo incumplimiento de la ley de pago a 30 días y retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar».
Ello redundó en un deterioro de sus flujos de efectivo. «A esto se sumó la no recepción y finiquito de obras terminadas», dijeron, «con implicancias en retención de estados de pago, así como la no devolución de boletas de garantía», agregaron.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción se refirieron a la noticia; «lamentamos profundamente la complicada situación por la que pasa una empresa de larga data en la industria de la construcción», dijeron.
«Este escenario es consecuencia del alza de precios de los materiales que han afectado a proyectos sin opción de reajustar los precios, como también a las permanentes dificultades en la relación mandante-contratista especialmente con las empresas del Estado, con dificultades en obtención de recepciones, y en definitiva pagos oportunos por los servicios realizados», aseguró el presidente de esta gremial, Antonio Errázuriz.
«Es urgente trabajar en conjunto para desatar esos nudos arraigados en la burocracia estatal y así evitar que otras empresas puedan enfrentar escenarios tan difíciles como el tener que llegar a la quiebra, desmovilizando proyectos y dejando a personas sin su fuente laboral», añadió.
Según documentación que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, mediante CVV se adjudicó las obras inconclusas del bypass mediante resolución DGOP n.º018 de fecha 19 de junio de 2020, por un monto total de $24.508.319.805.- reajustable al IPC y un plazo de 840 días corridos para la ejecución, contados desde la firma del contrato, el que habría sido en septiembre de 2020.
Se esperaba que las obras estuvieran finalizadas el 6 de enero de 2023, pero subsecuentes hallazgos arqueológicos hicieron que la obra se ralentizara, aumentando los costos operacionales de la empresa ya que tuvo que mantener el mismo ritmo de pago tanto de remuneraciones como en arriendos de equipos y maquinaria, que no eran usados a la espera de las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales que se demoraban meses.
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