Véase también:
Castro: obras del bypass serían abandonadas. Empresa al borde del colapso financiero.
Bypass de Castro: constructora quiebra y confirma deuda multimillonaria del MOP.
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — A la espera de iniciar el procedimiento de liquidación voluntaria, según lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Nº20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, se encuentra la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. (CVV), quien durante este viernes ingresó un requerimiento a tribunales para afrontar el volumen de deuda corriente que asciende a más 44 mil millones de pesos, sin perjuicio de las garantías asociadas a las obras.
En el escrito ingresado al 9º Juzgado Civil de Santiago que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la compañía explicó su decisión aludiendo a dos grandes causas: (a) que cambios estructurales en la industria de la construcción y (b) burocracia de los mandantes públicos, en especial el MOP, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales.
Particularmente respecto a este último punto, mencionaron la existencia de atrasos en el curso de los estados de pago mensuales incumpliendo la ley de pago a 30 días; retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar, reteniendo capital de trabajo necesario para la correcta ejecución de las obras; no recepción y finiquito de obras terminadas, con la consiguiente retención de estados de pago finales y la retención de boletas de garantía, cuya renovación por largos períodos ha llevado a la empresa a incurrir en gastos financieros excesivos y a limitar su capacidad económica para recontratar y dar continuidad a su operación.
A lo anterior agregaron que durante los últimos meses han realizado «presentaciones y reclamos frente a las autoridades públicas respecto del impacto del alza de los costos y el impacto en los plazos, que, según la información de la Compañía, representan riesgos no contemplados en una situación de normalidad en los tiempos que fueron contratados los proyectos. Estas solicitudes que comenzaron a presentarse desde comienzo de año no fueron consideradas, sin embargo, hoy la Compañía ve una situación distinta de las autoridades y esta medida no es oportuna para enfrentar nuestra situación actual».
Acotaron que «lo anterior ha llevado a la Compañía a la imposibilidad de solventar gastos de obras, por no disponer de recursos del mandante, principalmente el Ministerio de Obras Públicas, por un monto cercano a los 17 mil millones de pesos».
Luego, dentro de los casos donde existieron problemas operativos y de retraso de pagos, se mencionaron dos grandes obras en construcción: el puente ciruelo en la Región de los Ríos, y el bypass de Castro, en la Región de los Lagos, ambas bajo mandato del Ministerio Obras Públicas.
Particularmente sobre las obras en Chiloé, «la Compañía aceptó la adjudicación este proyecto, cuya complejidad había llevado a otra empresa constructora a solicitar su término anticipado en el año 2018, bajo la premisa que no se repetirían los problemas originales, esto es, la paralización por falta de definiciones y autorizaciones del Consejo de Monumento Nacionales».
Agregó que «el compromiso tanto del Consejo de Monumentos Nacionales como del Ministerio de Obras Públicas de dar rápida solución a estos problemas, no se cumplió y las paralizaciones originadas en hallazgos arqueológicos impidieron la continuidad operacional de la obra generando retrasos y mayores costos que hasta la fecha no han sido pagados a la empresa».
Así las cosas, indicaron que «reflejo de lo anterior es que hoy se encuentran en trámites dos convenios de pagos cuyos orígenes datan de agosto de 2021, y que implica un retraso del Ministerio de Obras Públicas en pagar 3.196 millones de pesos».
«A pesar de ello no se obtuvo ninguna solución para la empresa que igualmente dio avance al desarrollo de la obra que presenta hoy un 73%», aseveran.
Según información suministrada por la Compañía, estas situaciones fueron advertidas al mandante desde comienzos del 2021. Ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, los abogados de la compañía explicaron que «se informó de esta situación a autoridades regionales (Gobernador, Consejeros Regionales, Alcalde, Delegado, Seremis) y a las pasadas y actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas».
Luego, aseguró que con el proceso de liquidación voluntaria, «CVV espera acceder a una herramienta legal que permita la liquidación de sus activos, obtener el pago de lo adeudado por sus mandantes, continuar la tramitación de reclamaciones a ciertos mandantes, continuar la tramitación de juicios vigentes y propender al pago de los acreedores, de modo de poder mitigar los impactos que esta situación no deseada ha tenido tanto en sus trabajadores y sus familias, como en proveedores, subcontratos, contratistas, algunos mandantes con los cuales la empresa ha mantenido una excelente relación en toda su historia y también en la comunidad que se verá afectada por la no terminación de proyectos que eran tan esperados».
En lo concreto, Claro Vicuña Valenzuela procederá a desmovilizar más de 30 obras, desvincular a más de 2.500 personas y descontinuar la adquisición de productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño.
Esta medida se da a pesar de «las múltiples acciones que CVV ha implementado, tales como inyectar importantes recursos por parte de los accionistas, reducir los gastos fijos, reducir sus ingresos y su actividad y negociar con los proveedores sus plazos de pago, pero estas acciones no han sido suficientes», precisaron.
«Todas estas situaciones han llevado a la Compañía a un estado de baja liquidez que obligó a un profundo análisis de las alternativas para superar estas complicaciones. No obstante, la magnitud del daño económico hace inviable tomar otra decisión que no sea proceder con la liquidación voluntaria según lo dispone la Ley 20.720».
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