VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — En medio de las peores cifras de la historia en cuanto a las listas de espera para especialistas, cirugías y enfermedades AUGE en la Provincia de Chiloé, una reducción impactante en las atenciones de la red hospitalaria, una baja estrepitosa en las intervenciones quirúrgicas y alarmantes indicadores de resolutividad, un nuevo informe sobre la desastrosa gestión del Servicio de Salud Chiloé se ha ventilado en el Congreso Nacional hace pocos días, incluyendo en esta ocasión una actualización de los niveles de deuda hospitalaria.
La Opinión de Chiloé accedió a ese reporte que se ha mantenido tácitamente oculto a la opinión pública, no sólo porque mostraría alarmantes problemas de gestión con los dineros traspasados desde el nivel central, sino porque también expone que en plena época de pandemia, este hoyo financiero ha redundado en un empeoramiento progresivo de los indicadores sanitarios en toda la red de salud.
Poco a poco, y con ayuda de algunos espacios financiados por el gobierno vía trato directo (sin licitación pública), se ha intentado instalar una estrategia comunicacional para decir que debido a la pandemia existirían magros resultados en áreas clave de la salud isleña, aunque en realidad ya las alertas venían desde antes de marzo del año pasado (cuando apareció el primer contagiado con el virus SARS-CoV-2).
En efecto, ya a comienzos de 2020 en un reporte discutido en el Senado se indicaba que el Servicio de Salud Chiloé adeudaba un total de $6.308.147.000.- (seis mil trescientos ocho millones ciento cuarenta y siete mil pesos), un fuerte salto del 56,4% respecto al año anterior, a pesar de un aumento importante de los recursos que llegaban al archipiélago. Los meses pasaron, y la situación simplemente empeoró drásticamente.
El año pasado fue bastante movido en el organismo encargado de la red asistencial chilota, dado que a la salida del Licenciado en matemáticas y computación Germán Echeverría Prieto, quien llegó por Alta Dirección Pública y que alcanzó a estar sólo un par de meses con mediocres resultados, llegó Erik Poblete Torres en subrogancia, quien empeoró todo: aunque aseguró en una entrevista pública que tenía experiencia en salud, lo cierto es que en su currículum aparecía que trabajó en una empresa de golosinas y en Fashions’s Park.
Para contextualizar. Antes que comenzara la pandemia, el Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro adeudaba $2.509 millones, el Hospital San Carlos de Ancud adeudaba $1.054 millones, en el Hospital de Quellón adeudaba $392 millones, el Hospital Comunitario de Achao adeudaba poco más de $52 millones y el Hospital Comunitario de Queilen hacía lo propio con casi $29 millones. A eso se debía sumar la deuda que mantenía el Servicio de Salud propiamente tal, que superaba los $2.272 millones.
Eso (al menos) informó el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga Jory, ante la Comisión Especial Mixta de presupuesto del Congreso Nacional el 20 de marzo de 2020. Hay que precisar eso sí que tras una indagatoria de la Contraloría General de la República por eventuales irregularidades de su gestión, el aludido podría no ser una fuente confiable.
Así las cosas, llegó el COVID-19 y el manejo de la deuda hospitalaria creció prácticamente sin control, todo en medio de una fuerte caída de las atenciones en toda la red, siendo Chiloé la de peor desempeño (o producción como se dice a nivel sanitario) en toda la región de Los Lagos, e incluso de varias otras regiones más populosas.
Sólo a modo ilustrativo, y considerando los tres centros de referencia disponibles en la isla Grande (Ancud, Castro y Quellón), se puede señalar que durante el último año las atenciones de especialistas cayeron un 43,54% ya que si en 2019 se atendieron a 100.032 personas en la red, en 2020 se llegó a 56.483 pacientes de acuerdo al Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud.
En cuanto a la tasa de ocupación de quirófanos, documentos presentados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el Congreso indican que ésta llegó a un 65,56% en promedio durante el 2020, lo que indicaría que casi 4 de cada 10 cirugías simplemente no se planificó o no se hizo.
Sobre al nivel de ocupación de camas (cualquiera sea el requerimiento), en 2020 se llegó a un promedio de 61,52%, vale decir, que casi 4 de cada 10 camas en los hospitales estuvieron vacías durante el año.
Esa brusca caída no fue suplida necesariamente con las atenciones atribuidas al COVID-19, ya que estas fueron significativamente inferiores a las 43.549 de personas (estimadas) que dejaron de recibir la atención de un especialista (por ejemplo). Y eso sin contar las 25.608 solicitudes en las listas de espera de la provincia, una de las peores de la historia.
Ni hablar de las atenciones de urgencia en todos los recintos de la provincia, ya que éstas se redujeron en un impresionante 64,7% con 124.757 prestaciones versus las 205.462 del año anterior según el DEIS. Vale decir, por largas horas gran parte de la infraestructura hospitalaria en Chiloé estuvo vacía, sin pacientes. Pero aún así, la deuda creció y creció.
Para precisar, la deuda hospitalaria responde a un concepto financiero y es la diferencia entre el total del gasto devengado y el monto total pagado por los Servicios de Salud en todos los subtítulos de gasto presupuestario. La Opinión de Chiloé confirmó que al 31 de diciembre de 2020, el Servicio de Salud Chiloé había gastado más de $166.957 millones, un 13,3% más que el año anterior a pesar que la resolutividad empeoró significativamente y aproximadamente uno de cada dos chilotes dejó de ir a los hospitales o si iba, no era atendido y se le enviaba a su casa.
Complementando el dato anterior, en 2020 desde nivel central habían aumentado los traspasos de dineros en torno a los $21.500 millones adicionales, por lo que el Servicio de Salud Chiloé tuvo algo más de $166.178 millones disponibles para gastar, y aún así informó un déficit anual que rondó los $779 millones.
Las cifras son elocuentes, y la deuda hospitalaria con la que cerró el año 2020 llegó a los $9.499.202.000.- (nueve mil cuatrocientos noventa y nueve millones doscientos dos mil pesos), lo que representa un fuerte aumento del 50,6% respecto al año anterior.
Es más, en la región de Los Lagos, Chiloé terminó el año en una peor posición comparada con los Servicios de Salud Reloncaví ($7.360 millones en deuda) u Osorno ($3.717 millones en deuda), e incluso peor que otros servicios con una red hospitalaria más robusta como Biobío, Talcahuano Maule, O’Higgnis, Valparaíso-San Antonio y Araucanía Norte, entre otros.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que en general, esta deuda se concentraría principalmente en el subtítulo 22 destinado a bienes y servicios de consumo, dado que es más fácil posponer el pago a los proveedores que el pago de remuneraciones. En este ítem, se gastaron alrededor de $21.361 millones en 2020, unos $2.000 millones más que el año anterior.
En cuanto a los gastos en personal, éstos llegaron a los $57.739 millones en 2020, unos $6.765 millones más que el año anterior aunque ello ya estaba presupuestado.
Eso sí, cabe mencionar que en 2020 se pagó alrededor de $9.471 millones en deuda flotante, aproximadamente $5.500 millones más que los casi $4.025 millones pagados en 2019. Y aún así quedaron otros $9.499 millones pendientes.
A enero de 2021, La Opinión de Chiloé confirmó con documentación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda que el Servicio de Salud Chiloé ya tenía un déficit de cerca de $4.133 millones, ello en virtud del pago de deuda flotante ascendiente a $8.997 millones.
Se debe acotar que, de no haber sido pagado este monto, podría haber significado una tácita estampida de proveedores, problemas serios de insumos y millonarias demandas en tribunales. Lo que se hizo fue un virtual «traslado la deuda» para este año, que si sigue la tendencia y la gestión dudosa, podría rondar los $15.000 millones al cerrar 2021.
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