QUELLÓN (La Opinión de Chiloé) — Una medida de presión de incierta repercusión es la que decidieron durante las últimas horas un grupo de pescadores artesanales organizados de la comuna de Quellón al tomarse el muelle artesanal luego que acusaran una sorpresiva disminución del precio del kilo de almeja pagada por un grupo de empresarios compradores, y que alcanzaría hasta un 20%.
De acuerdo a antecedentes preliminares recopilados por La Opinión de Chiloé, el tema que parece un problema doméstico podría incluso escalar hasta la Fiscalía Nacional Económica si se mantiene una medida que, según la gente de mar de la ciudad puerto, estaría revelando la existencia un acuerdo o práctica concertada que involucra a competidores entre sí, y que consistió en la fijación del precio de compra de la almeja en $400.- el kilo o, la existencia de un acuerdo o práctica concertada que, confiriéndoles poder de mercado a los compradores, buscó o busca determinar las condiciones de comercialización de la almeja en Quellón.
Desde el mundo pesquero artesanal se indica que antes de alcanzar la cuota del erizo (ver nota relacionada), el precio por kilo de almeja era de $500.-, pero tras el cierre de la actividad extractiva en la región de Los Lagos, los empresarios bajaron lo que estaban dispuestos a pagar en $100.-, pero no uno, sino que todos de manera presuntamente concertada y sin una explicación técnica para aquello. Vale decir, ejercieron un poder similar al que tendría un oligopolio de demanda (pocos compradores y muchos vendedores).
El tema es tremendamente delicado ya que el Decreto Ley n.º211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley n.°1 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción dice que se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos acciones con características de este tipo, detallando una serie de fuertes sanciones.
En particular, el artículo 3 señala que el que ejecute o celebre aquello, sea individual o colectivamente, será sancionado no sólo con el pago de una indemnización de perjuicios si es ha lugar hacia los pescadores por los efectos que tendría la existencia de precios menores a los que se podrían fijar vía libre competencia, sino que también con millonarias multas para todos aquellos que se habrían concertado a fijar el precio (sean los compradores empresas o personas naturales que hayan intervenido en el acuerdo).
Por ahora, los pescadores decidieron tomarse el muelle artesanal con el objetivo de impedir la descarga del producto, mientras se busca conversar con los empresarios de la zona para que se les explique las razones por las que el precio cayó un 20%, y porqué todos ellos (a pesar de competir entre sí) se concertaron para fijar un mismo precio de compra. El conflicto por ahora se ha mantenido entre pescadores y compradores sin escalar aún hacia instancias legales.
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