QUELLÓN (La Opinión de Chiloé) — Una investigación por la presunta comisión de varios ilícitos graves es la que se encuentra realizando de manera desformalizada el Ministerio Público de la ciudad puerto en contra de 27 extrabajadores y del Representante Legal y Gerente General de una exempresa contratista del nuevo Hospital de Quellón quienes, en abril de este año, estuvieron involucrados en una toma y paralización de faenas en aquel recinto en construcción.
La Opinión de Chiloé accedió a varios detalles poco conocidos de lo que habría ocurrido antes, durante y después de esa toma, y que revelan un sorpresivo vuelco de lo que se suponía era una lucha de tipo laboral.
En efecto, detrás de la fachada de paralización se esconderían presuntos actos de extorsión, usurpación y robo en lugar no habitado que podría, incluso, terminar con todos los participantes de esa toma en la cárcel. Además, también se habla de un grupo de personas que se habrían hecho pasar como trabajadores para, posteriormente, incoar demandas laborales poco ortodoxas.
Contexto previo
El 4 de abril de 2019, el Consorcio a cargo de levantar el nuevo Hospital negoció y celebró dos contratos de prestación de servicios con la empresa contratista PROCOAL, al mando de Luis Alfonso Alonso Alonso, con quien se acordó la ejecución de tabiquerías en un sector del recinto en construcción e instalación de enfierradura y moldaje en tres sectores del mismo lugar. El contratista se comprometió, en consecuencia, a suministrar trabajadores para las tareas en comento.
Sin embargo, los problemas comenzaron apenas llegaron los obreros de PROCOAL dado que no pudieron comenzar con la ejecución de los trabajos porque la empresa no estaba incorporada en el Registro del Ministerio de Obras Públicas correspondiente, en atención a las actividades que se desarrollarían. Tal requisito era obligatorio y el contratista no habría realizado los trámites respectivos.
Desde el Consorcio se afirma que en virtud de aquél problema, habría acordado directamente con Luis Alfonso Alonso Alonso que contrataría a sus trabajadores temporalmente hasta el 30 de abril para evitar que retornaran a sus regiones (la mayoría provenía de la Región del Bío-Bío). Todo, supuestamente, mientras él se encargaba de tramitar el registro en el MOP que nunca se acreditó.
La Toma
Los encargados de las obras en el hospital indican que las faenas se ejecutaron con normalidad aproximadamente por 11 días hasta que el 25 de abril de 2019, alrededor de las 6.50 de la mañana, un grupo de trabajadores decidió tomarse las obras.
El reclamo principal era que PROCOAL les habría ofrecido sueldos en torno a los $800.000.- mensuales mientras que una vez en Quellón, sólo fueron contratados por el sueldo base. Como ya se viene diciendo, ante los problemas del contratista, el Consorcio terminó por contratarlos temporalmente por un par de días a la espera que Alonso Alonso realizara los trámites requeridos ante el MOP.
Pues bien, la movilización duró alrededor de 11 días y varios de los trabajadores que iniciaron la toma «ocuparon la obra como un verdadero campamento, pernoctando en el lugar y evitando el ingreso de trabajadores distintos a PROCOAL» dicen desde el Consorcio.
La negociación que levantó sospechas
En ese contexto, el 25 de abril el gerente de la excontratista procedió a tomar contacto vía telefónica con un representante del consorcio. Fuentes conocedoras del llamado indican que presuntamente «en dicha conversación telefónica, prepotentemente amenazó a la empresa señalando que haría que los trabajadores depusieran la toma solo si se pagaba una suma de dinero considerable, lo cual le fue negado».
A ello se suma que posterior a la toma, Alonso Alonso habría sostenido reuniones con personal de Consorcio donde habría insistido en solicitar dineros a cambio de deponer la toma; se ha señalado que eventualmente fue él quien aparentemente incitó a los trabajadores a realizar la movilización.
Tales hechos no fueron tomados a la ligera, y el Ministerio Público lleva adelante una denuncia desformalizada por la presunta existencia de los delitos de usurpación y extorsión. La Opinión de Chiloé confirmó que un equipo de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de Chile está investigando.
Además, existirían antecedentes sobre documentos ante notario donde los movilizados les dieron un poder de «negociación» al aludido, sumándose a la existencia de eventuales amenazas a aquellos trabajadores que depusieron la toma.
¿Cuál era el monto que exigía el Gerente de PROCOAL? Alrededor de $150.000.000.- pero no para los trabajadores, sino que el grueso del monto era para suplir las supuestas pérdidas que habría sufrido su empresa por el término del contrato tras no cumplir con el requisito de estar inscrito en el registro del MOP y la contratación directa que hizo el Consorcio de sus extrabajadores.
La indagatoria por robo
Lo ya expuesto no es todo. Con fecha 1 de mayo de 2019, el Consorcio dice que «tomó conocimiento que los extrabajadores que se encontraban en la toma habrían procedido a extraer y robar las cañerías de cobre que se encontraban instaladas en diversos lugares de la obra. Lo anterior, con el propósito de vender dicho material y obtener ganancias del ilícito debido a su alto valor económico».
Así, el 3 de mayo de 2019 se realizó una denuncia en la Sexta Comisaría de Carabineros de Quellón por la presunta comisión del delito de robo con fuerza en lugar no habitado. Dicha denuncia se encuentra también en etapa de investigación en la Fiscalía Local de Quellón.
El 6 de mayo de 2019, los trabajadores depusieron la toma reiniciándose los trabajos que incluyeron, además, el arreglo de destrozos ocasionados en el lugar así como suplir el robo de las tuberías de cobre sustraídas. Todos fueron desvinculados previo pago de los días trabajados: ninguno de los 27 eventuales afectados demandó, menor el gerente y representante legal de PROCOAL.
Los presuntos falsos trabajadores
Posterior a la culminación de la toma y la desvinculación de los participantes, La Opinión de Chiloé confirmó que a mediados de junio de 2019, tres sujetos procedieron a interponer una demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción en contra del Consorcio Constructor y, de manera subsidiaria, en contra el Fisco de Chile, acusando que también eran parte de PROCOAL y que estuvieron trabajando en el hospital sin que les pagaran tras el fin de la paralización.
A este respecto, desde el Consorcio han negado tajantemente que ellos hayan sido parte de los extrabajadores que debieron absorber temporalmente mientras el excontratista tramitaba su registro ante el MOP. En tal marco, y al tenor del curso progresivo de la causa en Concepción, se estaría analizando tomar acciones legales en contra de esas tres personas.
Lo interesante de la demanda laboral que interpusieron los aludidos es que el 9 de septiembre pasado, la juez les indicó que corrigieran su escrito ya que al demandar al Fisco de Chile, en realidad lo que estaban haciendo era demandar también al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Un día después, curiosamente decidieron no demandar al CDE.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indican que esa movida no agravaría, en consecuencia, la existencia de algún potencial delito de falsedad que podría implicar una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (artículo 194 del Código Penal) de comprobarse que los tres nunca trabajaron en Quellón. Ello no evitaría eso sí la búsqueda de sanción por eventual perjurio o similar.
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