PUERTO MONTT (La Opinión de Chiloé) — En medio del avance imparable de la pandemia en la región de Los Lagos, y severas denuncias que han sido ingresadas a la Contraloría General de la República, durante el día de hoy la Seremi de Salud, Scarlett Molt Heise, comunicó que presentó su renuncia «indeclinable» al cargo, el que se hará efectivo a partir del 30 de noviembre de este año.
En el comunicado que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la aludida aseguró: «he tomado la decisión de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Seremi de Salud. Es una decisión que he tomado con mucha tranquilidad, confianza y que he manifestado a mis autoridades superiores como el Intendente Harry Jürguensen, la Subsecretaria Paula Daza y el Ministro de Salud, Enrique Paris y que tiene que ver únicamente por un ámbito personal y familiar, aspecto fundamental a la hora de tomar esta decisión».
Junto con agradecer a los funcionarios de tal repartición, aseguró que «durante este tiempo hemos desplegado un intenso trabajo que no ha estado exento de dificultades, con el único objetivo de proteger a la comunidad en una Región tan diversa como la nuestra, con características tan complejas y particulares, lo cual nos plantea, en el desafío de la implementación del Plan Paso a Paso, una toma de decisión menos centralizada que nos permita mayor autonomía y agilidad al momento de ejecutar acciones».
Sin embargo, fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que actualmente en la Contraloría General de la República habrían varias denuncias de carácter grave que pondrían en aprietos la gestión que se está llevando adelante en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, muchas de las cuales se asocian, precisamente, al manejo de la pandemia.
A este respecto, algunas de ellas se vinculan a la oficialización de las cifras de muertos en la región y los enormes errores producidos en varias comunas, entre ellas en Queilen (con el muerto que no fue) y en Dalcahue (con una supuesta recategorización que jamás ocurrió), situaciones que por sí solas habrían dañado severamente la fe pública en época de pandemia, vulnerando los principios de responsabilidad, transparencia, publicidad y control previstos en el articulo 3° inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Por otro lado, La Opinión de Chiloé accedió a una serie de denuncias que se han mantenido en secreto hasta ahora, y que han sido estampadas por varios pacientes aislados en la residencia sanitaria dispuesta en la Hostal Santa Fé de Castro —que es administrada por la Seremi de Salud— donde no sólo se acusa la existencia de problemas serios en la alimentación (pacientes han acusando «hambre»), sino que además, una falla severa en el sistema de calefacción por no comprar insumos o pacientes han tenido que vestirse con ropa mojada tras eliminar un convenio con una lavandería porque se tenía que «ahorrar».
Además, se ha registrado acumulación de basura, falta de coordinación de personal, cambios inconsultos de horarios y turnos, e incluso problemas con la empresa de seguridad, que ha derivado en que funcionarias mujeres hayan quedado solas en la residencia.
A esto se suma un intento fallido de cierre porque el COVID-19 ya se había controlado, aunque las cifras actuales demuestran lo contrario con cinco comunas en cuarentena total en la Provincia de Chiloé y otras cinco más en el resto de la región.
La Opinión de Chiloé tuvo a la vista una serie de comunicaciones y documentos que se han mantenido en reserva donde se detallan varias de estas denuncias, algunas de las cuales son sorpresivas. Éstas, por ahora, se están cotejando para un reportaje en preparación, ya que de comprobarse, significaría una grave vulneración los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y coordinación previstos en el articulo 3° inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Es más, se refiere que hay un paciente de 61 años de edad que tuvo una larga estadía en la residencia, y que producto de una eventual negligencia de la Autoridad Sanitaria, no sólo perdió su trabajo, sino que además, recibió un trato indigno que derivó en un empeoramiento (o alargamiento) de su sintomatología por COVID-19, y que sólo gracias al apoyo de recursos puestos por las propias funcionarias pudo ser dado de alta.
En tal marco, se habría vulnerado artículo 5º de la norma ya mencionada, aquella que dice que «las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública».
Scarlett Molt se va con una evaluación poco favorable por parte de varios alcaldes de la región, algunos de los cuales califican algunas de sus acciones como políticas más que técnicas.
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