ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Con diligencias activas se encuentra actualmente personal de la Policía de Investigaciones para determinar la dinámica de un sangriento ataque perpetrado por una delincuente juvenil en plena Costanera de esa ciudad, y que dejó a una menor con lesiones de carácter grave.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé en causa RIT O-251-2024 RUC 2410008537-9 seguida ante el Juzgado de Garantía de Ancud, los hechos se remiten a la madrugada de este sábado cuando una menor de iniciales Y.A.Ch.M. (16 años), fue ingresada con una severa lesión de tipo cortopunzante al nosocomio local, y que de no haber recibido atención médica a tiempo, podría haberle provocado la muerte.
Las primeras informaciones indicaban que todo habría ocurrido en el sector de la Costanera, cuando la víctima fue abordada por otra adolescente identificada como B.U.R.M. (17 años), propinándole al menos una estocada en la zona abdominal.
Tras ello, la imputada escapó del lugar mientras que la herida fue trasladada al Servicio de Urgencia del Hospital San Carlos de Ancud, lugar donde se confirmó una herida cortopenetrante de carácter grave, siendo intervenida para poder salvarle la vida.
La génesis de todo este incidente es difusa, reseñándose que habrían existido rencillas anteriores. Sin embargo, algunos antecedentes sugieren que todo habría partido en una fiesta previa esa misma madrugada donde habría existido un intercambio verbal entre las dos menores, la que terminó en el hecho de sangre en la vía pública.
Funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros abordaron inicialmente el procedimiento, concretando las primeras indagatorias que los llevaron a un conocido hogar de menores de la ciudad, lugar donde residiría la perpetradora y varias testigos.
En tal contexto, alrededor de las 07.15 horas de la mañana se procedió a detener a B.U.R.M. tras algunas entrevistas realizadas a varias de sus compañeras, quienes habrían visto la agresión con arma blanca.
Por otro lado, fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé refieren que habría existido un segundo herido, que presuntivamente fue atacado en el rostro con un arma cortopunzante, indagándose si fue la misma agresora la eventual responsable.
A este respecto, y como se viene diciendo, todo habría comenzado en una reunión social donde participó no solamente la imputada, sino que también la víctima y otras menores de edad entre las que, según los primeros antecedentes, habrían varias residentes del hogar en comento.
El caso se está trabajando con extrema cautela dado que todos aquellos que participaron de manera directa o indirecta en este incidente serían menores de edad, estando entre ellas varias con domicilio en este hogar, del que se habrían escapado, revelando débiles medidas de seguridad y resguardo.
La información fue confirmada grosso modo por el capitán Yohn Kreisel, de la Primera Comisaría de Carabineros ancuditana, aseverando que «durante la madrugada se produjo el hecho en que la adolescente hirió a la victima con un arma cortopunzante en el abdomen, diagnosticándose lesiones graves».
Corroboró además que fue clave la declaración prestada por «testigos en la residencia de menores a la que pertenece [la imputada]», la que por cierto deberá ser complementada por indagatorias adicionales que quedaron en manos de detectives de la PDI.
En efecto, el Ministerio Público de Ancud instruyó diversas diligencias a la Agrupación de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la Prefectura Chiloé, incluyendo varias que requirieron autorización judicial previa dado que ciertas pruebas potenciales del ilícito estaban, efectivamente, al interior del hogar de menores.
Para precisar, se ordenó la incautación de las prendas que vestía la imputada al momento de los hechos, lo que sería coordinado por el Ministerio Público con la policía a cargo de las diligencias y gendarmería en caso de ser las que vestía al momento de la audiencia.
Además, se autorizó la toma de muestras fotográficas de la menor a fin de ser ingresadas como diligencias a un cardex fotográfico para ser exhibidas posteriormente en un eventual reconocimiento a los testigos de la causa, que a su vez, sería concretado por la PDI.
Lo anterior deberá ser coordinado por el Ministerio Público con la policía a cargo de las diligencias y Gendarmería, manteniendo las medidas de resguardo correspondientes a su calidad de menor de edad.
La causa penal se caratuló, provisoriamente, como un presunto delito de homicidio simple en carácter de frustrado que prevé y sanciona el artículo 391 n.°2 del Código Penal.
La imputada pasó a control de la detención durante este sábado, instancia en que el defensor penal público Filippo Corvalán incidentó la legalidad del procedimiento alegando una supuesta vulneración de garantías fundamentales, en particular, el derecho a defensa atendido a una presunta demora en la llegada al Juzgado del parte de Carabineros, alegando con ello que no tenía todos los antecedentes a la mano de lo que se le imputaba a la aprehendida.
Sin embargo, el juez de turno Fernando Feliú desechó aquello en virtud de la exposición de los hechos realizada por la fiscal (s) Pilar Werner, quien además, solicitó una ampliación de la detención para que los detectives a cargo de las pesquisas levantaran mayor información sobre lo que ocurrió esa madrugada.
Sin perjuicio de lo anterior, se ofició a la Prefectura de Carabineros Chiloé, a fin de representar y se informe sobre lo ocurrido en cuanto la eventual demora en la remisión del parte policial de la detención y el procedimiento.
Así las cosas, el sentenciador decidió acceder parcialmente al pedido de la persecutora, otorgando una ampliación de dos días, por lo que la audiencia de formalización quedó agendada para este lunes.
La adolescente fue enviada al Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Puerto Montt, a la espera de su traslado a la formalización, la que deberá ser de manera presencial en el Juzgado de Garantía de Ancud tras orden expresa del juez de turno.
NOTA DE LA REDACCIÓN: El CIP-CRC es un establecimiento de carácter mixto, con una capacidad máxima para atender a 72 jóvenes que cumplen medidas cautelares y sanciones por disposición de los tribunales. El recinto es administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), que en la actualidad está a cargo exclusivamente del área de justicia y reinserción juvenil, y el perímetro de seguridad será responsabilidad de Gendarmería, tal como lo mandata la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
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