QUEMCHI (La Opinión de Chiloé) — No son escasos los conflictos entre vecinos en los campos chilotes (y del país) cuando alguno de ellos decide, adrede, ampliar artificialmente con diversos artilugios su «propiedad» corriendo en muchos casos sus deslindes hacia las posesiones del otro para después, generar enfrentamientos y rencillas acusando ser el real dueño.
Muchas veces tales rencillas duran años y son difíciles de solucionar a través de simples conversaciones porque el «falso» dueño generalmente no cede, mientras que el legítimo ve pasar el tiempo sin volver a ver lo que le pertenece. Sin embargo, hay una poco conocida normativa que sanciona este tipo de actos que, aunque escasamente son denunciados en Chiloé, si tienen una solución a nivel judicial, pudiendo implicar hasta 540 días de presidio y una multa de hasta $946.020.- para el que «modificó» sus cercos hacia lo que no es de él.
En este marco, una interesante causa penal es la que por estos días ha iniciado trámite formal en el Juzgado de Garantía de Ancud luego que el Ministerio Público decidiera formalizar a un agricultor de Lliuco, Quemchi, identificado como B.H.S.S. por la participación y responsabilidad que le cabría en el presunto delito de destrucción o alteración de deslindes, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal.
Los hechos se remiten a una denuncia realizada por una vecina del sector de Alto Caracoles de Ancud luego que se percatara que el aludido decidió que parte de sus terrenos ubicados en Lliuco, camino tres El Ñadi, eran de él. La mujer, en vez de entrar en una eterna discusión y conflictos donde probablemente el que se cree dueño no cedería, optó por la vía judicial. Así, se fijó audiencia de formalización de la investigación para el día 16 de mayo de 2018 a las 10.20 horas.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indican que incluso, podría darse la existencia de participación en calidad de autor consumado del eventual delito de usurpación no violenta de propiedad, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. La investigación determinará finalmente cuál sanción aplicaría y si se configura la participación en los dos delitos mencionados.
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