COPIAPÓ (La Opinión de Chiloé) — La Fiscalía Regional de Atacama, encabezada por el fiscal regional Alexis Rogat, finalmente decidió formalizar a Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric como supuesto «preso del estallido», por un secuestro de un sujeto en un servicentro de Copiapó.
En particular, al delincuente que tiene un amplio prontuario, se le formalizó por los delitos de secuestro extorsivo, robo con violencia con retención de persona y conducción de vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol o psicotrópicos, sin perjuicio de otros eventuales ilícitos que pudieran surgir de la investigación tras ser sorprendido con al menos tres menores de edad.
La participación de Castillo y las otras detenidas había sido puesta en duda tras su aprehensión debido a que, según la versión del grupo de imputados y la familia de Castillo, la víctima estaba de fiesta con los sospechosos y que todo se habría salido de control.
La fuente de esta versión sería Krishna Castillo, la hija del delincuente, quien aseguró en TVN Red Atacama: «la persona que supuestamente estaba secuestrada estaba carreteando con él desde anoche, hay videos donde sale que él sale sentado con las otras personas que iban con Luis Castillo, con una pala drogándose», dijo, añadiendo que «escuchamos de su boca decir que estaba haciendo este secuestro para que su pareja no lo retara o no le fuera hacer algo».
Luego, tras varias diligencias, el Ministerio Público desechó esta última versión dado que la víctima fue abordada por el imputado y otras acompañantes, fue intimidado y fue puesto en el maletero del vehículo, siendo retenido varias horas. Además, al momento de los hechos habría estado con su pareja.
Además, como coautoras del secuestro y robo fueron formalizadas otras cuatro mujeres, una adulta y otras tres menores de edad.
En paralelo, el Gobierno a través del Ministerio del Interior interpuso una querella por el delito de secuestro, indicando que «El día 14 de diciembre de 2023, en horas de la madrugada, en circunstancias que la víctima se encontraba junto a su pareja en el servicentro Shell, ubicado en Avda. Copayapu con calle Guillermo Toro Lorca, fue abordado por el querellado (Castillo) junto con otros sujetos, quienes lo intimidaron con un arma blanca, forzándolo a ingresar al maletero del vehículo en el que se desplazaban, manteniéndolo cautivo durante toda la noche».
Luego, sigue la acción penal, «en horas de la mañana del mismo día, uno de los sujetos entregó a la víctima un teléfono celular, oportunidad que aprovechó para enviar su ubicación a su pareja, quien alertó a funcionarios de Carabineros de la ocurrencia del ilícito. Así las cosas, el personal policial se trasladó hasta el servicentro Copec, ubicado en Avda. Copayapu esquina Luis Flores, donde procedieron aproximadamente a las 09:30 horas a la detención del querellado, una mujer adulta y tres mujeres menores de edad».
Asegura que «en efecto, mediante el delito de secuestro, nuestro ordenamiento jurídico sanciona a quien ‘sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad’, siendo los principales bienes jurídicos protegidos la seguridad individual y la libertad ambulatoria. En cuanto a la actitud típica, los verbos rectores del tipo consisten en ‘encerrar’ o ‘detener’, los que, a juicio de (los profesores) Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, son expresiones comprensivas de toda privación de libertad personal, tanto física como ambulatoria, entendiendo por libertad personal la capacidad de desplazarse de un lugar a otro o de permanecer en un lugar determinado».
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