LIMA, PERÚ (La Opinión de Chiloé) — Complejas horas en el ámbito político-institucional está viviendo Perú, luego que el ahora vacado presidente Pedro Castillo fuera detenido tras disolver el Congreso de la República, que según medios de ese país, se aprestaba a destituirlo por presuntos actos de corrupción.
En medio de esa medida, y la pérdida de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, el Congreso decidió realizar una sesión de emergencia donde declaró la vacancia del cargo presidencial, declarando de paso que la acción tomada por Castillo sería un golpe de Estado.
Así las cosas, el otrora jefe de Estado salió de Palacio de Gobierno junto a varios familiares y se trasladó a la sede de la Prefectura, en la avenida España, donde fue detenido. Casi en paralelo, la fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra.
La Policía Nacional del Perú anunciaría, minutos más tarde, que «dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el art. 5 de D.L n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú, efectivos PNP interviene al ex presidente Pedro Castillo».
Bajo el régimen de sucesión presidencial descrito en el artículo 115 de la Constitución de dicho país, debiera asumir la vicepresidenta, Dina Boluarte.
Mas temprano, Pedro Castillo anunció el cierre temporal del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Ello lo aseguró a través de un mensaje a la nación, aseverando que había decidido «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley».
También dispuso la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, decretando un toque de queda para este miércoles 7 de diciembre desde las 22.00 hasta las 4.00 de la madrugada tras disolver el Congreso.
El anuncio se produjo cuando Castillo se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión, acción impulsada por la oposición que buscaba que se le saque del cargo por «permanente incapacidad moral».
A este respecto, la Fiscalía investiga a Castillo en seis causas penales, la mayoría por presunta corrupción, bajo la hipótesis que Castillo usó su poder para beneficiarse económicamente a cambio de otorgar obras públicas. El vacado presidente ha negado las acusaciones.
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