ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos con ocasión del despido y cobro de prestaciones o en subsidio de nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones es la que interpuso en el Juzgado de Letras y Trabajo de Ancud la ex funcionaria de la Ilustre Municipalidad de esa comuna, Valentina Alejandra Tapia Herrera (25 años), quien fue desvinculada a fines de diciembre pasado.
Según antecedentes a los que accedió La Opinión de Chiloé, la sobrina de Jorge Alarcón, ex Director de Personal de la Corporación Municipal durante la desastrosa gestión de la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez, expone que con cuarto medio rendido ingresó para desempeñarse como administrativa desde febrero del año 2013 y hasta el 31 de diciembre del año 2017, partiendo en la Oficina de la Juventud, Contabilidad y Finanzas, percibiendo como última remuneración la suma de $1.378.235.- (un millón trescientos setenta y ocho mil doscientos treinta y cinco).
Indica que desde que ingresó al consistorio el clima laboral siempre fue de trabajo, de armonía y compañerismo hasta que asumió la nueva administración del alcalde Carlos Gómez Miranda, cuando presuntamente ella y aquellos que mantuvieron su fuente laboral y que habían trabajado con la anterior administración «comenzamos a sufrir diversas situaciones de hostigamiento transformándose ese clima laboral que era del todo agradable y de compañerismo, en hostigamiento y persecución».
Asegura que el actual administrador la habría convocado a reunirse con él, y en la conversación presuntamente le preguntó «cuál había sido el motivo por el cual ella se había convertido en Ossio Lovers (favorecedores del cónyuge de la anterior alcaldesa)» dándole aviso que probablemente no sería necesario tenerla hasta fines de año. Posterior a eso, y días después que se develara el escándalo sexual del ex Alcalde Pablo Ossio Muñoz con una menor de edad, Valentina Alejandra menciona que «debió sacar una firma al administrador municipal, quien en esa instancia le hizo sentar en la silla y le mostró el diario en que aparecía en primera plana la situación judicial de Don Pablo, cónyuge de la anterior alcaldesa comuna, y le pregunta sobre qué opinaba de esto» percibiendo un eventual tono sarcástico, crítico y burlesco, aunque en el escrito que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé no se exponen pruebas de la existencia de tal conversación.
Acusa además que «a los pocos días el propio administrador le hace saber que ella era una funcionaria respecto de la cual debían cuidarse y observarla puesto que se encuentra sacando información, e incluso me decían sapa«, y que el ambiente en el desempeñaba sus funciones se habría tornado mucho más árido, que se ponía en duda su trabajo y que aparentemente «pasaba el administrador diciéndole que debía portarse bien» y que «le entregaba instrucciones directas a pesar que no era su jefe directo, y luego el consideraba mal hecho el trabajo, criticándoselo y enrostrándoselo fuertemente».
La trabajadora asegura que siempre fue bien evaluada por sus jefaturas directas «sólo hasta la llegada de esta administración (…) Ante estas situaciones que comenzaron a provocarle diversos síntomas, en dos oportunidades solicitó una audiencia con el Alcalde para imponerlo de esta situación atendido que mis jefes directos no se atrevían a hacer nada por la forma y conducta y las agresiones verbales desplegadas por el administrador municipal en contra de su persona, por ello se dirigió derechamente al alcalde, quien simplemente no le atendió, no si antes hacerla esperara por largas horas», acotando que en otra oportunidad no la habrían saludado en una actividad funcionaria, a pesar que al resto sí. En el escrito que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé no se exponen pruebas de la existencia de tal actitud.
Agrega que tales acciones eventualmente de acoso hicieron que comenzara a «sufrir jaquecas, malestares estomacales colon irritable, comenzó a tener un ánimo apagado y de mucha pena, depresivo, su familia la sintió y la vio muy triste, con labilidad al llanto, lo que se hacía patente, habitualmente y muchas veces sin poder dormir durante las noches, por lo que se la percibía cansada y fatigada, durante los últimos meses del año 2017, debiendo hacer uso de licencia medicas durante el último mes, el de diciembre», hasta que fue desvinculada.
Por ello decidió demandar al municipio pidiendo una suma aproximada de 21 millones de pesos por concepto de indemnización si se comprueba vulneración de derechos con ocasión del despido y cobro de prestaciones; caso contrario, pide poco más de 12 millones de pesos si se comprueba nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones.
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