CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una nueva medida de presión del alumnado de la Universidad de Los Lagos sede Chiloé, ha revelado recientemente lo que aparenta ser un tremendo desorden de carácter administrativo al interior de al menos una carrera de dicha institución, y del cual no se ha dado una explicación a la opinión pública ni soluciones más allá de exigir, de manera insólita, que el alumnado realice el trabajo que debieran hacer los jefes de carrera.
Tal es el caso de lo que estaría ocurriendo al interior de Técnico Universitario en Educación Parvularia en Castro que, según un comunicado recibido por La Opinión de Chiloé, enfrentaría algunos problemas luego que varias estudiantes llamaran a la jefa de carrera Verónica Barría Jerez a tener «mayor comunicación y empatía» por una serie de deficiencias en la etapa de prácticas tempranas presuntamente programadas de manera ineficiente.
A este respecto, el IV semestre de la carrera en comento, jornada diurna, decidió que a contar de este lunes no asistirían a la práctica temprana programada por el centro de estudios detallando una serie de inconvenientes y eventuales errores administrativos que pone en entredicho a los directivos. Así, se aduce que de un universo de 33 alumnas, al menos la mitad no tiene un centro de práctica asegurado, y de las que sí lo tenían, se acusa que las alumnas no tenían conocimiento previo de ésta, exponiendo insólitas omisiones como por ejemplo:
- Se envió a una alumna a un colegio cerrado desde diciembre del año 2017, revelando que desde la jefatura de la carrera no mantendrían contacto con algunos centros educativos.
- Hay alumnas que se presentaron el viernes 5 de octubre a sus centros de práctica y se les comunicó que el establecimiento ya había expresado su negativa a recibir alumnas pero que igual les enviaron las cartas de petición cuando era improcedente, con lo que quedaría de manifiesto que desde la jefatura de la carrera no se cotejó la real disponibilidad.
- Se ha enviado a las alumnas a realizar la gestión a las corporaciones, mientras que la jefatura de carrera se habría quedado en su oficina sin gestionar nada.
- Se les ha exigido a las estudiantes realizar práctica en primero básico y considerando que, además de las 33 alumnas de la jornada diurna, irán a práctica también 29 alumnas de la jornada mixta, los centros educacionales no dan abasto, revelando que desde la jefatura de la carrera no se confirmarían disponibilidades de plazas.
- Se ha enviado a alumnas a centros de práctica en sectores rurales de los cuales éstas no tienen conocimiento o donde la locomoción es escasa, exponiéndolas a peligros innecesarios. Lo insólito es que tampoco se les habría dado una dirección exacta o alguna referencia de cómo llegar al lugar, lo que revela que desde la jefatura de la carrera jamás saldrían a terreno.
- No se habría respetado la priorización de establecimientos, enviando alumnas a centros de práctica muy lejos de sus domicilios, lo que conlleva costos altos que la universidad no asume y poniendo en riesgo a las estudiantes, develando que desde la jefatura de la carrera no se planificarían territorialmente las prácticas.
- Las cartas de petición de práctica, con la cual cada una de las alumnas debe presentarse en su centro, fueron entregadas el jueves 4 de octubre, dejando un mínimo de tiempo para la solución de problemas, observándose que desde la jefatura de la carrera no se planificría con tiempo la emisión de documentación sensible para prácticas.
El comunicado agrega que «como alumnas exigimos que las prácticas sean planificadas con más tiempo, turnando a los cursos de ambas jornadas para evitar atochamientos en los centros de práctica; además, no aceptaremos nuevamente amenazas de parte de nuestra jefa de carrera con reprobarnos, puesto que sólo estamos exigiendo ser respetadas como alumnas y como personas. Se nos prometió que las gestiones para la práctica se harían de forma correcta por parte de la universidad y no se ha cumplido».
No se ha descartado por ahora concurrir a los tribunales de justicia vía un recurso de protección tras las presuntas amenazas provenientes de la representante de la universidad; hay que recordar que para aquello, no se requiere abogado, existiendo ya precedentes en otros centros educativos en cuanto a la revisión judicial de la potestad disciplinaria de las autoridades docentes.
Por otro lado, a nivel penal existe el delito de amenazas condicionales de personas que interesantemente protege intereses diversos, no sólo aspectos asociados a daños físicos como comúnmente se cree, sino que también al patrimonio: de ser reprobadas, algunas alumnas podrían atrasar su avance curricular con el consiguiente costo económico que ello implica; se desconoce por ahora el tenor de las amenazas. Se debe acotar que el Código Penal es preciso al detallar que este delito se da cuando existe una presión sobre la víctima para que haga o no haga algo, utilizando el miedo y turbando la tranquilidad del destinatario de las amenazas; a este respecto, varias alumnas están con gratuidad y el hecho de atrasar su avance curricular podría implicar el abandono de la carrera por incapacidad de pagar lo que no cubriría el Estado.
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