QUEMCHI (La Opinión de Chiloé) — Tras una larga investigación que se ha dilatado por varios años, finalmente el Ministerio Público de Ancud se apresta a llevar al banquillo de los acusados a un exfuncionario municipal de Quemchi identificado como Luis Francisco Saenz Ríos, quien habría protagonizado un escandaloso caso de estafa hacia una mujer discapacitada, todo mientras era el Encargado de la Oficina de Vivienda de la I. Municipalidad, aunque sin poseer formación académica de nivel superior.
Según la acusación del Ministerio Público de Ancud que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, durante el mes de agosto de 2014, Saenz Ríos se habría aprovechado de su cargo «acercándose a la víctima C.C.L.L., quien es analfabeta, deprivada socioculturalmente y con retraso mental, engañando a la víctima con el objeto de lucrarse y sabiendo que esta confiaría en su persona atendido el cargo que tenía, le señaló que la ayudaría en el proceso de venta de un inmueble ubicado en el sector rural de Guardiamó comuna de Quemchi y que le pertenecía a la mencionada víctima, acompañándola en el proceso de venta».
Para la fiscalía, tras obtener $66.500.000.-, «en un período comprendido entre agosto de 2014 y mayo de 2015, siguiendo con su engaño (…) realizó apertura de productos bancarios, acompañando a la víctima a distintos bancos, quedándose con tarjetas bancarias, realizando retiros de las cuentas de la víctima, retiros de fondos mutuos y giros utilizando tarjetas bancarias, productos asociados principalmente al Banco Estado, sucursal de la ciudad de Ancud, pidiéndole, además, dinero en efectivo, señalándole que esto era sólo un préstamo, sin señalar monto, ni fecha de devolución, lo que género que la víctima, engañada, le entregara al imputado $30.000.000.-«.
Finalmente, concluye el ente persecutor que «sumado a los montos apropiados por el mismo imputado, por giros y retiros ya referidos, [éstos] totalizan la suma de $50.729.469.- equivalente al perjuicio a la víctima en este caso y a una suma superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales vigentes a la época de comisión de los hechos”. Todo lo anterior mientas que la mujer quedó sin casa.
Las indagatorias han durado años y sólo los Informes Periciales Contables n.°10 del 06/03/2017 y n.º18 del 10/04/2017 del Laboratorio de Criminalística de la PDI permitieron rastrear y definir el monto total por el que la mujer habría sido estafada, a los que se sumaron reportes del BancoEstado de la víctima y de tres cuentas bancarias del exfuncionario, entre otros documentos, incluyendo algunos del propio municipio.
Así, los hechos anteriormente descritos, en concepto del Ministerio Público, configurarían el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 467, inciso 2°, del Código Penal, en relación al artículo 468 del mismo cuerpo legal, estando, además, en etapa de desarrollo de consumado. Concurriendo sólo una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, se está pidiendo una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa de 25 UTM, más las penas accesorias del artículo 29 del Código Penal.
El juicio quedó planificado para el 29 de julio de 2019.
Comentarios