LA PAZ (La Opinión de Chiloé/Agencias) — En medio de una convulsionada boliviana, incendios de Gobernaciones y casas de diputados, agresiones a familiares de autoridades políticas y masivas marchas a lo largo del país, el Presidente de la República, Evo Morales, ha decidido durante esta mañana convocar a nuevas elecciones.
La medida, incluiría la conformación de un Tribunal Supremo Electoral (TSE), todo tras una categórica auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que determinó que el proceso electoral del pasado 20 de octubre estaba lleno de irregularidades, llamando a anular el proceso.
El organismo continental ha solicitado al Gobierno de Morales que proceda a indagar las vulnerabilidades que la auditoría ha identificado, particularmente en el manejo de la información digital de las elecciones.
El primer mandatario ha indicado que dentro las próximas horas la Asamblea Legislativa tendrá que decidir cómo elegirá a los nuevos árbitros electorales, en medio de serias sospechas que aluden a que fue él quien llamó a manipular las elecciones. Pidió a la ciudadanía cesar los actos de violencia.
El principal adversario de Morales el pasado 20 de octubre, Carlos Mesa, ha dicho tras conocerse la decisión del Gobierno boliviano que el presidente, quien lleva casi 14 años en el cargo, no debería ser candidato en las próximas elecciones. Mesa pidió, además, la dimisión del presidente: “Eso es algo que le compete a él. Si le queda un ápice de patriotismo, debería dar un paso al costado”, dijo.
La oposición en tanto, exige que el nuevo llamado a elecciones incluya la renuncia del Ejecutivo, acusando que el fraude es su responsabilidad. Por su parte, Morales, que no mencionó el informe de la OEA durante su intervención, dijo posteriormente, en una entrevista con radio Panamericana, que este informe fue más “político” que técnico, para darle una salida al país, convulso desde hace más de dos semanas. “Nunca he pedido ayuda”, aseguró, con relación a la posibilidad de que la autoridad electoral hubiera cometido fraude a petición suya.
El presidente boliviano señaló también que no renunciará al cargo, el que debiera terminar el próximo 22 de enero de 2020, asegurando que quienes buscan aquello, es porque desean un golpe de Estado. No quiso confirmar so participará o no en las nuevas elecciones. «No hay que hablar de candidatos ni de sucesión constitucional. No sigamos convulsionando. Quieren perjudicar a Bolivia. Hagamos un diálogo, veamos allí cuándo y cómo haremos las elecciones. No confrontemos…», manifestó.
La oposición mientras tanto ha dado muestras de que no dará por concluida la movilización hasta que Morales se vaya. Así lo recalcó Mesa. El político opositor señaló que el actual Gobierno “no está en la capacidad de presidir” las nuevas elecciones, y que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no deben presentarse a una nueva reelección porque esto está prohibido por la Constitución, prohibición que cambió “ilegítimamente” el Tribunal Constitucional.
El líder de los comités cívicos organizadores de la movilización, Luis Fernando Camacho, fue más allá. No solo pidió la renuncia de los mandatarios, sino también la dimisión del Parlamento y de todos los tribunales de justicia y su sustitución por una “junta de gobierno” elegida por los movilizados. Otro dirigente cívico, Marco Pumari, pidió que las Fuerzas Armadas “entreguen sus armas” al pueblo boliviano.
Este anuncio se produce en un momento de extrema tensión política en el país. Todas las ciudades están semiparalizadas. Hace dos días que la policía se replegó de las calles en busca, primero, de reivindicaciones laborales y, luego, sumándose a la enorme protesta en contra del resultado electoral y por la renuncia del presidente Morales. Desde antes de esto ya se producían enfrentamientos violentos entre los manifestantes “por la democracia” y los simpatizantes del Gobierno.
Hasta el momento, los incidentes han dejado tres muertos confirmados y un número aún no reportado de heridos. Morales, que se encuentra en el Chaparé, señaló en la citada entrevista que “no hay necesidad de más movilización. Lo único que necesitamos es la pacificación”.
El informe de la OEA, todavía preliminar, denuncia, entre otras cosas, irregularidades en el sistema de transmisión de resultados, que se sufrió un apagón cuando anticipaba una segunda vuelta electoral entre el presidente del país, Evo Morales, y su rival Mesa. Tras el apagón, el recuento concedió una ventaja clara a Morales. Según el análisis de la OEA, los datos se derivaron a un servidor externo no previsto.
El informe de la organización dedica un apartado también a la autenticidad de las actas. De 333 sobre las que se hizo un análisis pericial caligráfico, 78 presentaban irregularidades. «Se encontraron, asimismo varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100% de los votos. En algunos de estos documentos ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible».
La OEA señala además que no se pusieron en marcha “los controles necesarios» de cadena de custodia del material electoral “sensible”. El Tribunal Electoral boliviano actuó de un modo muy criticado por todos los partidos y carece de la credibilidad de la población.
La decisión del presidente se da después de que una decena de funcionarios, diplomáticos y alcaldes y gobernadores oficialistas renunciarán a sus cargos, en tanto que el resto del Gobierno guarda total silencio. Estas renuncias se dan en un contexto de hostigamiento a los dirigentes del oficialismo y sus domicilios en las distintas ciudades del país.
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