Véase también:
Para contener posible recesión: Banco Central profundizaría política monetaria expansiva.
SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — Preocupación existe al interior del Ministerio de Hacienda tras las voces que alertan sobre un eventual escenario de recesión técnica que se avecinaría en el país tras una de las crisis socio-políticas más importantes desde el retorno a la democracia, y que ha traído consigo daños considerables a la infraestructura pública y privada que se ha estimado en torno a los 4.579 millones de dólares. A esa cifra hay que sumarle la reducción del PIB por menor actividad.
Según la Cámara Chilena de la Construcción, 2.329 millones de dólares corresponden al costo de reconstrucción de la infraestructura pública y 1.949 millones al ítem veredas y calles, dentro de los cuales 1.287 millones corresponden a Santiago, 380 millones en Valparaíso y 282 millones en Concepción. Respecto a los daños en edificios principalmente comerciales, se estiman daños aproximados de 2.250 millones de dólares, y el resto, (380 millones), corresponde a los daños al Metro.
En medio de los destrozos y daños protagonizados por delincuentes, existe un incontable número de pequeñas empresas que se han visto obligadas a cerrar permanentemente por saqueos, incendios o simplemente por la imposibilidad de funcionar, sumándose a una actividad económica general ya ralentizada por jornadas laborales inferiores a las normales. Todo tiene un efecto multiplicador.
Así, es de esperar que durante los próximos meses exista un menor crecimiento de la economía afectando con ello al empleo, cifrándose preliminarmente un potencial millón de personas sin trabajo, de las que al menos ya 100.000 provendrían del sector comercio, cifra que ha de aumentar tras una brusca caída del sector vinculado a actividades turísticas.
En particular, durante el trimestre móvil julio-septiembre, la tasa de desempleo nacional fue 7,0% según el Instituto Nacional de Estadísticas, con 645.430 desocupados de una fuerza de trabajo de 9.157.730 personas.
En ese contexto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló durante esta tarde que de aquí a fin de año, si se mantiene la actividad del país semiparalizada, el nivel de desempleo podría aumentar significativamente.
Lo anterior fue señalado en una sesión de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, donde el secretario de Estado afirmo que «si esto no para ahora, vamos a tener un incremento del desempleo con alta probabilidad de 3 puntos, 300 mil personas de aquí a fin de año y principio de año próximo y una cifra mayor a esta el año que sigue».
En consecuencia, el nivel de desempleo podría alcanzar 10,3%, uno de los peores registros desde 2009 cuando Chile se vio fuertemente afectado por la crisis financiera internacional. Ese 10,3% podría ser superior eso sí dado que a partir de estas fechas, la fuerza laboral aumenta por la temporada navideña y veraniega: en esta ocasión, se espera una menor actividad.
El mayor desempleo «es un escenario que no es descartable» dijo el ministro, añadiendo que «por supuesto que también depende de qué es lo que pase hacia adelante».
«Yo insisto: para cualquiera es evidente que un país que funciona a media máquina produce a media máquina, genera empleos a media máquina, genera sueldos a media máquina, genera ventas a media máquina, es evidente, es obvio. Por eso hoy vivimos una situación muy dramática para muchas personas de carne y hueso», advirtió.
El único sector que no vería perder empleos sería el área pública: municipios, intendencias, gobernaciones, gobierno central, centros de salud y reparticiones estatales en general, algo que se viene repitiendo durante los últimos años.
Sólo a modo ilustrativo, si a 2011 en el Gobierno Central habían 252.345 trabajadores, ya en 2018 se registraban 367.581 trabajadores según un informe de la Dirección de Presupuestos que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé.
A esa cifra falta por incluir el personal uniformado de las Fuerzas Armadas y de Orden, el personal de las empresas públicas, los funcionarios municipales y de los servicios municipalizados, así como los diputados y senadores del Congreso Nacional.
Además, es de esperar que los salarios de los empreados públicos se incrementen en términos reales por nuevo año consecutivo; de hecho la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y las organizaciones de la mesa del Sector Público solicitaron al Gobierno un reajuste salarial de 7% precrisis.
El reajuste de salarios en comento también ocurrirá en las empresas públicas como Enap, Codelco, BancoEstado, Enami y las empresas portuarias a lo largo del país, entre varias otras.
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