SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — «Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas».
Así comienza el informe de Human Rights Watch (HRW) liberado durante esta mañana tras analizar lo que ha estado ocurriendo en nuestro país a partir del 18 de octubre, en medio de una serie de manifestaciones y graves incidentes, los peores al menos desde el retorno a la democracia.
En el texto con las conclusiones de la observación se afirma que «hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas«
La organización entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso durante el mes de noviembre, sumando conversaciones con carabineros, médicos, abogados, representantes de la sociedad civil y altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.
Según la ONG, existe «evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión», conminando al Estado a realizar una «urgente» reforma de la institución uniformada.
Es por esto que HRW propone una serie de recomendaciones:
- Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas y que haya rendición de cuentas por su uso.
- Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros.
- Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos.
- Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados.
- Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica.
- Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo.
- Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos.
- Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones.
- Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras.
- Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.
Cifras del informe de HRW
- 442 querellas presentadas por INDH: 341 por presuntas torturas y tratos inhumanos, mientras que otras 74 son denuncias por presunto abuso sexual.
- 11.564 heridos
- 1.100 personas con lesiones moderadas o graves.
- 1.015 heridos por perdigones.
- Más de 220 lesiones oculares: 77% de las lesiones fueron generadas por perdigones, 16 personas perdieron la visión total en el ojo afectado y 34 personas sufrieron heridas graves en un ojo, que pueden resultar en pérdida de visión parcial o total.
- 26 muertes investigadas por la Fiscalía Nacional, entre estas 18 muertes en incendios durante saqueos, atropellos u otras causas. Hasta el momento no hay pruebas de participación de agentes del Estado.
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