CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Durante el mes de septiembre pasado, y tras un fuerte cuadro de dolor estomacal, una madre trasladó a su hija de 13 años hacia un centro asistencial de Castro donde se le practicaron una serie de exámenes para determinar qué era lo que ocurría. Fue ahí cuando de manera sorpresiva se descubrió que la niña tenía un par de semanas de embarazo producto de una violación según expone La Tercera.
Inmediatamente se habría realizado la denuncia respectiva, por lo que el Ministerio Público de Castro solicitó que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (BRISEXME) con asiento en la Policía de Investigaciones de Ancud iniciara las indagatorias respectivas, mientras que por otro lado se activaron los protocolos de interrupción del embarazo ante tribunales, transformándose en el primer caso de la Provincia de Chiloé donde se aplicaría la nueva ley que despenalizó el procedimiento.
Tras la autorización de la madre y el visado del tribunal, el balde de agua fría vino desde el Servicio de Salud Chiloé que envió una insólita notificación donde se señalaba que ningún médico en la capital provincial quería realizar el procedimiento, algo que aparentemente se extendía a todos los hospitales de la red provincial (y regional). Ello puso en alerta al Ministerio de Salud ya que Chiloé es una zona donde los embarazos de niñas violadas son relativamente recurrentes; dentro de las causales entregadas por los médicos estaría la falta del reglamento respectivo por parte de la cartera, a pesar que días antes ya los tribunales de justicia en otras zonas del país habían aplicado la Ley n.°21.030 sin problema, sobreseyendo definitivamente causas vinculadas a interrupciones del embarazo.
Lo preocupante es que el tema se ha mantenido en absoluto secreto por las serias implicancias que tendría para los casos de violaciones con embarazo que cada año se conocen no sólo en toda la provincia de Chiloé, sino que en la región de Los Lagos, sin que actualmente se pueda determinar las razones exactas por las cuales no se aplicó la ley con la niña. De hecho, en su caso, el tiempo era crítico ya que si se hubiera esperado unos cuantos días más, simplemente la nueva ley se hubiera vuelto inaplicable (tenía casi 12 semanas).
Tras ello, y la indefensión de la niña por la negativa de los médicos a detener el embarazo, desde el nivel central se optó por la proactividad: la menor fue derivada a Santiago siendo atendida sin ningún problema en el Hospital San José, dejando en entredicho a la decisión de los médicos de la zona y su presunta preocupación por el reglamento para negarse a practicar la interrupción. Aunque dentro de otras explicaciones estaría la falta de implementos o inexistencia de capacitaciones, ello agravaría todo porque implicaría que la red de salud de toda la provincia es incapaz de solucionar otros problemas que podrían afectar a las decenas de miles de mujeres en el archipiélago: abortos espontáneos incompletos, embarazos molares (causante del cáncer coriocarcinoma) o biopsias endometriales por ejemplo, procedimientos básicos disponibles hace más de 50 años en el mundo.
De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, en tales casos se podría optar por recetar el medicamento Misoprostol (complementado en algunas ocasiones con Mifepristona) o la aspiración manual endouterina (AMEU), cuya realización no necesariamente requiere a un médico especialista; es más, en varios países del mundo incluso es practicado por matronas/es e incluso enfermeras/os. Lo curioso es que la OMS revela que «es más frecuente y es más probable su uso en los centros de atención primaria», algo que claramente no aplicaría para Chiloé o la región, por lo que el caso expuesto por el matutino podría salpicar también a la salud municipalizada.
Lo ocurrido forma parte de una investigación.
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