BUENOS AIRES (La Opinión de Chiloé/Agencias) – A un mes de haber declarado en la causa que se originó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por un presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, el juez federal Claudio Bonadio decidió procesar y solicitar el desafuero para detener a la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner.
Según el magistrado, Kirchner «puede entorpecer la causa» debido a los contactos que tendría, acusándola de «traición a la patria» y «encubrimiento agravado» por el Memorándum con Irán vinculado al atentado que dejó a 85 personas muertas en 1994. Al respecto, se presume que la ex Presidenta intentó favorecer a exfuncionarios del gobierno de Irán buscando la impunidad por este ataque terrorista, indagatorias que se reactivaron tras salir a la luz pública una conversación del ex canciller Héctor Timerman con un directivo de la AMIA, y donde habría señalado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.
La traición a la patria considera penas de cárcel que van desde los 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Dado que la exmandataria es senadora, el magistrado pidió su desafuero con el fin de poder detenerla, aunque Clarín de Argentina ya indica que ello parece improbable dado que en el Senado no estarían los votos suficientes. A diferencia de Chile, en el país trasandino los desafueros se realizan en el Congreso vía voto político.
Para la justicia argentina, la principal responsabilidad del «accionar criminal denunciado» recaería sobre Cristina Kirchner, aunque también sobre otros funcionarios de la época como el exsecretario Carlos Zannini, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, el ex canciller Héctor Timerman, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena y el diputado Andrés Larroque, entre otros.
Pero además, este «plan denunciado» contó con «canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales», como «vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado». En esta instancia, se incluyó a «un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados», que desde la informalidad, «contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan»: Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil.
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