ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Un recurso de bastante relevancia es el que durante el día de hoy se alista a discutir la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, escrito presentado por la defensa de un sujeto residente en la comuna de Ancud que fue formalizado por poner en peligro la salud pública tras ser detenido dos veces en la vía pública, ello mientras debía estar en cuarentena preventiva según la Fiscalía.
De acuerdo a antecedentes judiciales que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la primera detención ocurrió el pasado 22 de mayo de 2020, cuando J.R.M.S. fue fiscalizado alrededor de las 11.24 horas de la mañana en pleno centro Ancud, descubriéndose que debía estar en cuarentena preventiva luego que ingresara a la comuna por Chacao desde una zona roja el 14 de mayo de 2020.
En esa instancia, fue detenido porque presuntamente se encontraba incumpliendo la resolución exenta n.°9.289 del 7 de abril de 2020 de la Seremi de Salud de Los Lagos, que dispone aislamiento por un período de 14 días a toda persona que ingrese a la isla de Chiloé.
Por lo tanto, se informó al Ministerio Público de Ancud quien determinó que el sujeto retornara al cumplimiento de la cuarentena bajo apercibimiento y a la espera de ser formalizado en fecha futura.
Sin embargo, tras ese incidente, el sujeto salió de la isla de Chiloé y retornó a la zona desde donde provenía (una ciudad norteña que estuvo en una extensa cuarentena), para días después, volver a ingresar por Chacao el 10 de junio pasado. En tal circunstancia, y según la fiscalía local, debía estar en cuarentena preventiva otra vez en virtud de la resolución exenta ya referida.
A pesar de ello, una fiscalización posterior realizada por funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Chacao lo descubrió en ese sector incumpliendo su aislamiento, situación que ocurrió alrededor de las 09.10 horas de la mañana del día 23 de junio de 2020.
Según fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé, J.R.M.S. tendría residencia en la población Comandante Araya de Ancud donde varios vecinos (que no sabían que debía estar en cuarentena) lo habrían visto hacer una vida normal sin los resguardos apropiados, salir a comprar, relacionarse con amistades.
Además, tendría una pequeña parcela en el sector rural El Quilar, donde también se habría desplazado, desconociéndose por ahora cómo traspasó la aduana sanitaria de Mutrico.
Fue así que ese mismo 23 de junio el Ministerio Público decidió formalizarlo como presunto autor de dos delitos adscritos a poner en peligro la salud pública en tiempo de pandemia, que están previstos y sancionados en el artículo 318 y 318 bis del Código Penal.
Se fijó un plazo de investigación de 60 días y se decretó arraigo nacional, por lo que quedó en libertad.
Sin embargo, la Defensoría Penal Pública apeló a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt alegando que el imputado «estaba plenamente autorizado para estar en la vía pública», ello debido a la existencia del que sería un permiso especial para desplazarse por zonas en cuarentena y atravesar cordones sanitarios dado que realiza un trabajo considerado como esencial referido a la gran minería, indicado en el documento como «uno de los motores principales de nuestra economía y fuente de los recursos con que cuenta el erario fiscal desde cual precisamente emanan los haberes necesarios para atender situaciones de calamidad pública como la que actualmente representa el brote de COVID-19».
No se entregó mayores detalles respecto a qué tipo de trabajos estaría haciendo en Ancud vinculados a la gran minería, aunque fuentes de su empresa (Sierra Gorda SCM) aseguraron a La Opinión de Chiloé que el sujeto no está realizando labor alguna para ellos en Chiloé, y que su arribo a la isla es meramente por cuestiones personales.
En particular el permiso temporal al que se alude es un «permiso de desplazamiento» entre comunas (desde y hacia), aunque no explícita que el portador pudiera moverse al interior de las ciudades en actividades ajenas a su trabajo; y en Ancud, sus movimientos por la ciudad no se circunscribirían a aquello razón por la cual el fiscal optó por perseguirlo penalmente.
En cuanto a si continúa residiendo temporalmente en Arica, lugar que estuvo por un largo período en cuarentena, indicaron en la empresa desconocerlo porque sus faenas están en la región de Antofagasta, a 60 km de Calama.
Además, la defensa alega que la resolución n.°9.289 de la Seremi de Salud de Los Lagos «no ha sido publicada en el diario oficial –ni en ninguna parte—, incluso es más; en el final del documento tampoco aparece ‘publíquese’ sino ‘notifíquese’, apareciendo como destinatarios de la misma únicamente funcionarios públicos (Intendente, Gobernador, Directores de Servicio de Salud, General de Brigada) más no el ciudadano común, lo que viene a confirmar que se trata de una resolución administrativa sanitaria que no reúne siquiera el requisito de publicidad del art. 318 del Código Penal».
Añade también algo de relevancia que podría desautorizar a la Seremi de Salud, Scarlett Molt, ya que indica a los magistrados que en las medidas que pudiera determinar «no resulta [ella] ser la autoridad competente para el caso concreto, sino más bien un funcionario público que toma decisiones a nivel local, no existiendo ninguna justificación que permita inferir su conocimiento por los habitantes de la república».
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