RÍO GALLEGOS (La Opinión de Chiloé) — Un complejo caso policial es el que lleva adelante la justicia de Río Gallegos, Argentina, en contra de dos empresarios del rubro ganadero sindicados como presuntos responsables de actos vulneratorios en contra de una veintena de trabajadores, a quienes tenían en condiciones de semiesclavitud, estando entre ellos un vecino oriundo de Castro que estaba desaparecido hace alrededor de 20 años.
De acuerdo a antecedentes que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, los hechos se remontarían a noviembre del año pasado cuando una mujer de nacionalidad venezolana habría decidido denunciar un posible caso de explotación laboral en un predio de la empresa Criasur S.A., ubicado en la ruta provincial 53 de la ciudad en comento.
En aquella oportunidad, se habría realizado una fiscalización donde se descubrió que los trabajadores dormían en condiciones deplorables, al lado de cerdos faenados para su venta, recibían malos tratos, sueldos ínfimos y vivían siendo vulnerados diariamente.
Según fuentes policiales, dentro de las víctimas se encontraba un ciudadano de nacionalidad chilena identificado como J.M.A., quien de acuerdo a los primeros antecedentes, llevaba siendo explotado por alrededor de 20 años por los dueños del recinto.
Presuntamente, estos sujetos se habrían aprovechado de él ya que presentaba un retaso madurativo, por lo que usaban diversas estrategias para retenerlo atendida su discapacidad.
Aparentemente, tras someterlo a condiciones deleznables y malos tratos durante años, en la víctima se habría generado una especie de «Síndrome de Estocolmo» como respuesta a esta especie de cautiverio, sin tener redes sociales de apoyo o familiares cercanos. Él era oriundo de Castro, y su familia creía que estaba fallecido.
Según fuentes policiales, los dueños del lugar fueron identificados como Daniel Sergio Sarutti y Yanina María Sapino, quienes además son dueños de una conocida cadena de panaderías en Río Gallegos, lugar donde también habrían tenido trabajadores en situaciones precarias.
El caso se mantuvo en indagatorias por varios meses, instruyéndose por orden del Juzgado Federal de Río Gallegos, que un administrador provisional asumiera la gestión de la chanchería mientras se realizaban varias diligencias.
De acuerdo a la información de La Opinión Austral, Sarutti y Sapino estaban en libertad a la espera de la realización de diversas diligencias, existiendo orden expresa de no acercarse a las víctimas. En tanto el chilote habría seguido trabajando en el lugar.
En noviembre del año pasado se realizó un allanamiento al recinto, incluyendo las oficinas administrativas de la empresa para levantar datos, añadiéndose la misma actuación en una de las panaderias de los dueños y en su residencia.
En este contexto, hace aproximadamente una semana, el fiscal federal de esa zona recibió una denuncia del cónsul chileno quien aseguró que uno de los investigados habría tomado contacto con J.M.A. para «ofrecerle otro trabajo».
Lo anterior reactivó las diligencias del persecutor penal, mientras que los familiares del afectado habrían sido contactados para coordinar un posible retorno al país.
Cabe mencionar que de acuerdo a información de la causa, la víctima era tratada como una especie de trabajador «multitareas», dado que además de trabajar en esta especie de granja porcina, también era mandado a trabajar a una de las panaderías de los imputados, sin que se sepa hasta ahora el nivel al que llegó esta explotación laboral.
Así las cosas, y como medida de emergencia, el representante del Ministerio Público solicitó autorización judicial para la detención tanto del empresario como de su pareja, asegurando que existiría un entorpecimiento en la investigación.
La actuación fue realizada por funcionarios de la Unidad de Procedimientos Judiciales «Río Gallegos» de la Agrupación XVI de Gendarmería Nacional, trasladándose a Sarutti hacia la Delegación local de la Policía Federal mientas que Sapino fue ingresada a dependencias del Escuadrón Núcleo de Gendarmería.
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