Castro: auxiliar en la mira por eventual maltrato a 5 escolares al interior del Luis Uribe Díaz

Fotografía: frontis Escuela Inés Muñoz de García.

CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Para el próximo 22 de febrero quedó planificada la audiencia de formalización de la investigación en contra de una auxiliar del aseo de la Escuela Luis Uribe Díaz de Castro por la presunta participación y responsabilidad que le cabría en su calidad de autora del delito de tratos denigrantes, ilícito previsto y sancionado en el artículo 403 ter en relación al artículo 403 bis del Código Penal, cometido entre el mes de octubre de 2017 y julio de 2018 al interior de dicho establecimiento educacional.

De acuerdo a antecedentes preliminares que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, tal procedimiento se da en el marco de una denuncia realizada por dos personas el año pasado por supuestos actos donde al menos cinco niños y niñas de un curso de primer ciclo fueron sometidos a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, sin que se tomaran medidas correctivas a tiempo; ello, además, podría abrir una nueva arista civil en una potencial demanda millonaria por daños y perjuicios en contra la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor (ya hay en marcha una exigiendo $36.220.903.-).

La auxiliar podría arriesgar hasta 540 días de presidio de aplicarse la nueva Ley n.°21013, aquella promulgada durante el gobierno de Michelle Bachelet que tipificó un nuevo tipo de maltrato infantil, esto es, el de tratos denigrantes a personas vulnerables. La Fiscalía aún analiza si aplicará el artículo 14 del Código Penal para quienes habrían actuado como cómplices y/o encubridores, de existir.

Según información judicial a la que accedió La Opinión de Chiloé, los hechos se habrían develado durante el mes octubre de 2017 cuando siete apoderados acusaron que sus hijos habrían sido víctimas de diversos hechos donde estaría involucrada una auxiliar de aseo, y que no sólo considera gritoneos en plena escuela, sino que también aparentes amedrentamientos tras descubrirse que los baños de las niñas eran cerrados en horario de clases y parte de los recreos, por lo que las alumnas tenían como opción orinarse o concurrir a los baños de varones; además, cuando lograban usar los servicios higiénicos, tenían que pedirle a la imputada el papel higiénico quien de manera irrespetuosa se los entregaba, a pesar que éste debiera estar a libre disposición de las estudiantes y no sujeto a una “cuidadora”.

Tras ello, se indica que la auxiliar habría procedido a enfrentar a las niñas (de 8 u 9 años) increpándolas e intimidándolas en los pasillos; hay nueve apoderados que acusaron que sus hijas fueron interrogadas unilateralmente y a título personal en horas de recreo por la denunciada para recabar información acerca de quienes de sus apoderados reclamaron en contra de su persona: acusaron vulneración de derechos calificando lo ocurrido como una “traumática situación”. Este hecho habría sido informado en Inspectoría General de manera verbal por una docente, sin que se tomaran medidas, mientras que días después, y mediante una carta fechada el 10 de octubre de 2017, el Director fue puesto al tanto de lo ocurrido junto con la Inspectora General (suegra del Jefe de Personal de la Corporación Municipal ascendida al arribar el nuevo alcalde) y la encargada de Convivencia Escolar; lo insólito es que el 12 de ese mes se realizó una reunión donde se habría “analizado” la carta, estando presente la que ahora será imputada como eventual autora del delito, sin que se tomaran acciones e intentando dejar todo en secreto; el apoyo a la auxiliar supuestamente habría sido transversal. Este incidente actualmente se está ventilando en tribunales tanto en materia civil, como en materia penal.

El problema de los baños en definitiva fue, presuntamente, debido a órdenes de Inspectoría y Dirección. Sin embargo, lo que no sabían es que esto activó meses después una indagatoria en tribunales, investigándose las razones por las cuales no se fue resolutivo, porqué se procedía a pedir denuncias “escritas” y porqué se entrampó todo demorando la búsqueda de una solución al problema, que ahora escalará con la primera formalización en el Juzgado de Garantía de Castro.

Posteriormente, un nuevo incidente quedó al descubierto en marzo 2018 cuando los padres de una pequeña alumna decidieran cambiar a su hija de escuela porque ella acusaba temor a la misma auxiliar; ¿la razón? la menor acusó que la seguía hostigando al punto que se estuvo escondiendo durante todo el mes siendo una tortura asistir a la escuela; al enterarse sus progenitores, éstos decidieron retirarla porque la veían muy triste y preocupada. Ello se sumó a otras graves acusaciones de varios alumnos como supuestos retos y gritoneos en los pasillos y baños de niñas, obligarlas a “colaborar” en el aseo que ella debía realizar, zamarreos y empujones, aparente actitud xenófoba hacia una alumna incluyendo tirones de pelo, eventual hurto de dinero a dos niñas, entre otras acciones.

En ese marzo no se requirió carta escrita para que el Director se enterara ya que los mismos niños habrían relatado al interior de la sala de computación los incidentes con la auxiliar. Además, ello no quedó ahí dado que la directiva del curso tomó acción y procedió, en una reunión, a exponer su preocupación y molestia ante estos malos tratos al Director, anunciando que se dirigirían a la Corporación para dar a conocer este problema y lo invitaron a que los acompañe ante lo cual él no accedió. Indican además, que concurrirían al Departamento Provincial de Educación para estampar una denuncia a la Superintendencia de Educación. Tras esa reunión, y saliendo de la sala, aparecen de improviso familiares de la auxiliar quienes proceden a atacar e insultar a la presidenta de la directiva, sin que se tenga certeza de quien los llamó.

Al otro día, la profesora jefe del curso en cuestión fue agredida a la entrada de la escuela por una adolescente acompañada de cuatro jóvenes con uniforme del Liceo Politécnico de Castro, habiendo como testigos iniciales el Jefe de la UTP y una segunda persona, a las que se sumaron transeúntes; en medio de insultos de grueso calibre de los liceanos se llamó a Carabineros, huyendo el grupo y por el cuál se inició una causa penal. Sorpresivamente, la líder de ese quinteto sería la hija de la auxiliar.

En el mes de abril de 2018 comienza una Investigación Sumaria en contra de la imputada, llegándose a la conclusión que existían antecedentes suficientes para realizar un Sumario Administrativo. En medio de ese proceso, fuentes judiciales confirmaron a La Opinión de Chiloé que la auxiliar visitaba la escuela a diario, conversaba con los auxiliares, se encerraba con la Inspectora General en su oficina con quien tendría un trato familiar a pesar del proceso en marcha y de la delicada denuncia que involucraba a varios niños de 8 o 9 años.

Por otro lado, durante las tardes se les vio reiteradamente solicitando firmas de apoyo a apoderados que concurrían a retirar a sus niños, en las afueras de la escuela, instancia en la que una de niñas afectadas le habría dado una crisis de llanto al verla en el portón de salida lateral pidiendo ayuda en inspectoría, sin que aparentemente fuera tomada en cuenta. Ese mismo mes, además, una de las profesoras que develó los eventuales tratos degradantes hacia los niños habría sido encerrada en la escuela, algo que fue interpretado por ella como una tácita medida de presión y hostigamiento para que no continúe con el proceso de denuncia y se oculte todo.

Sin embargo, La Opinión de Chiloé confirmó que el Ministerio Público de Castro indagó y encontró antecedentes suficientes para formalizar la investigación en contra de la auxiliar en febrero.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Dado lo delicado de la denuncia y la desformalización que pesa sobre la causa, La Opinión de Chiloé no develará por ahora los nombres de los presuntos implicados.

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