CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Dos sendos allanamientos antidrogas realizaron detectives de la Policía de Investigaciones de Castro a igual número de domicilios ubicados en la capital provincial durante las últimas horas, todo en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en pequeñas cantidades, y que tendría como responsables a dos jóvenes.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la indagatoria preliminar habría comenzado en el mes de marzo luego que un vecino realizara una denuncia anónima en contra de uno de los imputados, indicando que éste se dedicaría al comercio de sustancias ilícitas.
En tal marco, se despachó una orden de investigar a funcionarios del Grupo Microtráfico Cero (MT-0) de la PDI de Castro, quienes iniciaron diversas diligencias de manera sigilosa, que incluyeron seguimiento y vigilancia al encartado, lográndose detectar que éste le habría vendido a un consumidor habitual de drogas una dosis de una sustancia prohibida.
Así las cosas, concretada la transacción, se procedió a realizar un seguimiento a este comprador por varias cuadras, para luego realizar un control de identidad, constatándose que portaba entre sus vestimentas marihuana.
Cabe mencionar que ante la pregunta de los funcionarios fiscalizadores, el aludido habría indicado que previamente, como ya se dijo, le había comprado al delincuente.
Por lo tanto, se procedió a la detención inmediata del imputado que le vendió, quien al ser revisado, mantenía en su poder dos bolsas de nylon transparentes contenedoras de 1,92 gramos brutos de clorhidrato de cocaína y un envoltorio de papel con 1,47 gramos brutos de Cannabis, más la suma de $45.000.- en efectivo, que presuntamente correspondería a la comercialización de drogas.
Además, este sujeto estaba en compañía de otro imputado, quien también fue fiscalizado, comprobándose que poseía entre sus vestimentas 11 envoltorios de nylon transparentes contenedores de 7,23 gramos brutos de Cannabis y $20.000.- en efectivo, que presuntamente correspondería a la comercialización de drogas. También fue detenido.
En este sentido, para el Ministerio Público, no existían antecedentes indiciarios que pudieran asentar que lo incautado estaba, presumiblemente, al servicio del potencial uso o consumo personal y próximo en el tiempo del requerido, por lo que presumió que estaba destinado a la venta.
Con estos antecedentes, la Fiscalía de Castro informó al Juzgado de Garantía local para que emitiera una orden de allanamiento a los domicilios de ambos sujetos, lo que fue autorizado por la juez atendido a que en su opinión, existirían elementos suficientes para suponer que los aludidos eran vendedores de sustancias estupefacientes, sumándose la existencia previa de causas vinculados a la Ley de drogas.
El Grupo MT-0 de la PDI de la capital provincial fue mandatado, en consecuencia, a realizar este procedimiento a las viviendas ubicadas en calle Juan Esteban Montero y otra en calle Ramón Freire, ambas de dicha ciudad, cuyos resultados no fueron precisados.
La audiencia de control de la detención se realizó durante este miércoles, instancia donde el abogado de la Defensoría Penal Pública, Luis Mora, incidentó el procedimiento policial asegurando que la PDI no habría tenido indicio alguno de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta como para realizar el control de identidad de los encartados.
Alejó que tampoco existían datos fehacientes para decir que alguno de los imputados se dispusiere a cometer algún crimen, simple delito o falta, por lo que las aprehensiones serían ilegales.
Sin embargo, oídos los intervinientes, y en atención a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la juez Jesica Yáñez Sanhueza desestimó esta alegación, declarando que la detención, que fue realizada en flagrancia, fue ajustada a derecho.
Tras ello, se procedió a formalizar a los imputados por la presunta comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, descrito y sancionado en el artículo 4° de la Ley 20.000.
La persecutora penal (s) Pamela Saldivia aseveró que le cabría a los imputados una eventual participación en calidad de autores en los términos del artículo 14 n.º 1 y 15 n.°1 del Código punitivo, en grado de desarrollo consumado.
Una vez sopesados todos los antecedentes recopilados por detectives castreños, la juez de turno determinó que se darían los supuestos fácticos para indicar la efectividad de los hechos y que los imputados podrían tener responsabilidad directa en el delito de microtráfico de drogas.
Luego, concluyó que hasta el momento, existiría un correlato evidente entre la versión expresada por la Fiscalía y los hallazgos encontrados en las diligencias preliminares de la PDI, por lo que dio lugar a la formalización.
Así las cosas, fijó como medidas cautelares la firma mensual ante Carabineros de Castro y el arraigo nacional. Se fijó un plazo de investigación de 120 días. Ordenó dejar libre a los imputados.
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