CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Un duro golpe es el que este viernes asestó el Juzgado de Garantía de Castro al actual alcalde en ejercicio Juan Vera (UDI) luego que decidiera sobreseer de manera total y definitiva una indagatoria que se venía realizando desde el año 2017 por supuestos delitos cometidos por el ex alcalde y actual Consejero Regional Nelson Águila Serpa, el ex Secretario General de la Corporación Municipal Carlos Delgado Álvarez y la ex Directora de Finanzas de ese mismo ente María Olivares Soto.
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por La Opinión de Chiloé, la magistrado de turno decidió desechar cada una de las imputaciones que Juan Vera realizó en mayo de 2017 cuando, en medio de una fuerte campaña comunicacional, acusó la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, desviación de fondos públicos y fraude al Fisco y Exacciones ilegales, delitos contemplados en nuestro ordenamiento penal en los artículos 233 y siguientes, 236, 239 y siguientes, todos del Código Penal, en perjuicio de la Corporación por la suma de $302.506.8999 (trescientos dos millones quinientos seis mil ochocientos noventa y nueve pesos), monto que subió a $411.334.025.- al ampliarse la querella junto con la adición de otros ítems como $260.937.020.- en el área salud por programas supuestamente no ejecutados, un hipotético déficit estructural de $106.000.000.-, eventual compra de ropa por $30.000.000.- y gastos superfluos por $28.000.000.-
La decisión de la juez se basó en una extensa investigación que incluyó toma de declaraciones, la revisión de los movimientos de 22 cuentas corrientes de la Corporación Municipal de Castro y un pormenorizado informe independiente del Ministerio Público donde se concluyó la inexistencia de algún antecedente que de cuenta de la presencia de algún delito, determinándose que los hechos podrían tratarse de meros problemas administrativos o en las rendiciones de cuentas en cuanto al gran volumen de gastos del ente municipal, pero en ningún caso constitutivos de delitos señalados en la querella y por los cuales se investigó.
El tema es bien delicado porque el alcalde UDI realizó una serie de aseveraciones en la querella y en varios medios de comunicación basados supuestamente en un informe de la Superintendencia de la Educación del 23 de febrero de 2017 donde se indicaba la existencia de una infracción grave por no entregar información solicitada por el Ministerio de Educación, información que curiosamente fue pedida también a la nueva administración.
El problema para Vera es que en virtud de ese informe, salió en algunos medios indicando entre otras cosas que «hay infracciones gravísimas, delitos aquí cometidos que se efectuaban principalmente en la revisión que hizo este organismo a los fondos del Programa de Integración Escolar PIE recibidos y gastados el 2015 y que se rindieron por la administración anterior”, habló también sobre la existencia de «un saldo en las cartolas bancarias de aproximadamente 280 millones de pesos, saldos que a diciembre del 2016 no se acreditaron, lo que motivó el actual proceso respectivo por parte de la Superintendencia”.
¿A cuáles delitos se refería el UDI si la juez de turno determinó que no hubo siquiera alguno? Lo interesante es que a diciembre de 2016, aparentemente la responsabilidad de acreditar los dineros en comento era de él como nuevo presidente de la Corporación Municipal, ya que a fines de noviembre el fiscalizador pidió antecedentes adicionales que no habrían sido entregados en forma detallada. Sobre este punto, La Opinión de Chiloé accedió en esa época al documento respectivo y en ninguna parte se habla de la existencia de delitos, algo que por cierto es de Perogrullo: la Superintendencia no puede realizar afirmaciones de ese tenor porque no es un Tribunal de la República.
A lo anterior se suma que el 23 de febrero de 2017, la Superintendencia envió la Resolución n.º 328 del 12 de enero de 2017 donde pedía que la Corporación hiciera sus descargos respectivos sobre el uso de fondos del PIE en un plazo de 10 días, desconociéndose por ahora el tenor de la respuesta.
Por otro lado, en marzo de 2017, el alcalde Vera indicó «somos un municipio de administra bien, un municipio que si bien es cierto lo recibimos con fuertes déficits en materia educacional que son públicos, que no fueron solamente descubiertos por nosotros, fueron descubiertos por la misma Superintendencia de Educación; hoy día claramente [hay] algunos recursos que hasta el día de hoy no han sido explicados, donde la misma Superintendencia de Educación nos ha manifestado que hay malversación de fondos públicos». Sobre este punto, La Opinión de Chiloé accedió en esa época al documento respectivo y en ninguna parte se habla de la existencia de tal malversación, algo que también es de Perogrullo: la Superintendencia no puede realizar afirmaciones de ese tenor porque no es un Tribunal de la República.
Hay que agregar que cuando se presentó la querella, el actual Secretario General de la Corporación Municipal, Marcelo Fuentes García, dio sin más por acreditada la presencia de un delito —sin tener a mano alguna sentencia ejecutoriada que lo avalara— declarando textualmente: «el delito que se ha cometido, de alguna manera, cae en la responsabilidad del ex alcalde de Castro, don Nelson Águila como presidente de la Corporación, y ejecutor de estos hechos, el señor Carlos Delgado, ex Secretario General de la Corporación Municipal». ¿A cuál delito se refería Fuentes García si la juez de turno determinó que no hubo siquiera alguno?
En tal marco, La Opinión de Chiloé confirmó que el 11 de febrero de 2019, el Ministerio Público había decidido no perseverar ya que no encontró «pruebas» que sustenten la presencia de los delitos de malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, fraude al fisco y aplicación pública diferente durante la investigación realizada; o sea, no se pudieron reunir antecedentes suficientes para fundar una acusación porque las afirmaciones de fondo esgrimidas en la querella eran espurias.
Este viernes 15 de marzo en tanto, la magistrado de turno dio por cerrada la causa, decisión que podría abrir la ruta para una batalla judicial de carácter criminal en contra del actual alcalde de Castro, Juan Vera Sanhueza, el Secretario General de la Corporación, Marcelo Fuentes García, y varios de sus colaboradores, como eventuales autores de los delitos de calumnias e injurias graves con publicidad, y lo peor, en carácter de reiterados.
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