Gobierno habla sobre #LeySophie y reinstalación de pena de muerte en Chile

Véase también:
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SANTIAGO/PUERTO MONTT (La Opinión de Chiloé) — En medio del profundo impacto que ha causado la muerte de Sophie Claire en el sector de Alerce en la ciudad de Puerto Montt y las crecientes voces que sugieren el endurecimiento de penas para delitos aberrantes como este y la reinstalación de la pena de muerte, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a este caso luego que tal y como consignara La Opinión de Chiloé, Francisco Javier Ríos Ríos (26 años), fuera formalizado por el horrendo crimen.

Así, junto con lamentar lo ocurrido, Narváez aseveró:

“(…) nuestro país ha dado una legislación para enfrentar este tipo de situaciones. Nosotros esperamos que en esto haya justicia, esperamos que se puedan aplicar las penas más altas frente a un caso que nos ha estremecido a todos los chilenos y chilenas. En nuestro país hemos avanzado con estándares internacionales en materia de legislación para sancionar el maltrato infantil, eso se avanzó en este período de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Nosotros esperamos que esa legislación sea aplicada”.

“Respecto a mayores endurecimientos de pena, algunos han hablado de poder reponer la pena de muerte. Esa es una discusión que como país se ha dado. El Ministro de Justicia subrogante ha señalado que la pena de muerte no resulta ser una medida disuasiva para este tipo de delito, por lo tanto, nosotros como chilenos y chilenas creemos que debemos seguir avanzando en una conciencia como sociedad respecto de la importancia de protección de nuestros niños y niñas”.

La pena de muerte en Chile desde 1875 a 2001

De acuerdo a diversos registros que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, en nuestro país la pena de muerte fue derogada el 3 de abril de 2001 por Ley n.° 19734, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que modificó diversas leyes y normativas (entre ellas, el Código Penal, la Ley de Seguridad del Estado y el Código de Justicia Militar), reemplazando la pena capital con la de presidio perpetuo calificado con la posibilidad de pedir libertad condicional sólo cuando haya cumplido 40 años de presidio efectivo, la que podrá ser concedida por la mayoría absoluta del pleno de la Corte Suprema (y también revocada). Eso sí, la pena de muerte sigue vigente en Chile pero para tiempos de guerra.

La última vez que se aplicó la vieja normativa fue el 29 de enero de 1985 cuando fueron ejecutados los ex funcionarios de Carabineros Jorge Sagredo y Alberto Topp Collins, más conocidos como los “Sicópatas de Viña del Mar”, quienes asesinaron a diez mujeres y violaron a cuatro. Esta sentencia fue incluida por primera vez en la legislación chilena en 1875 y fue utilizada sólo en 58 oportunidades, siendo en la mayoría de los casos aplicada a delincuentes pobres y analfabetos; salvo en casos excepcionales, se aplicó a criminales de la “alta sociedad”. Eso sí, durante el Chile colonial si se aplicaba tal pena, incluso hasta en casos reiterados de abigeato por ejemplo.

La primera vez que alguien fue sancionado fue el 3 de febrero de 1890; el delito: robo con homicidio. A diferencia de la creencia popular, no era fácil que alguien fuera condenado a muerte ya que se debían cumplir con una serie de “requisitos” para pasar frente a un pelotón de fusilamiento: ser un delincuente reincidente en delitos de la misma gravedad, no tener ninguna circunstancia atenuante, ser condenado por plena prueba y no sólo por presunción, ser condenado unánimemente por los ministros de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema, que el máximo tribunal no haya hecho uso del decreto de indulgencia presidencial, y finalmente, el condenado no tenía que haber sido indultado.

Reducciones de penas y libertad condicional

Independiente de la aplicación de la pena de muerte que fue relativamente escasa durante casi 126 años, si existió la pena de presidio de por vida para casos aberrantes. Sin embargo, un experto consultado por La Opinión de Chiloé indicó que fue durante la Dictadura del General Augusto Pinochet que se publicó la Ley n.°18144 del 7 de julio de 1982 donde a los condenados a presidio perpetuo se les comenzó a otorgar el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años, mientras que a los condenados por los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación o sodomía con resultado de muerte, infanticidio, y elaboración o tráfico de estupefacientes, se les comenzó a conceder el beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.

Antes de esa norma, el presidio era considerado por vida (salvo excepciones), algo que se volvió a instalar cuando se derogó la pena de muerte en 2001 y se reemplazó por la de presidio perpetuo calificado, exigiéndose un mínimo de 40 años antes de poder optar siquiera a algún beneficio.

Además, en la misma norma de la década de 1980, Pinochet añadió que a los condenados a más de veinte años se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho ésta quedará fijada en veinte años. Los condenados por hurto o estafa a más de seis años en tanto, podían obtener el mismo beneficio una vez cumplidos tres años.

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