Suprema declara ilegal vertimiento de salmones, aunque no habla de compensaciones

Fotografía: localización del vertimiento de salmones.

SANTIAGO (La Opinión de Chiloé/Poder Judicial) — En un fallo unánime. los magistrados de la Tercera Sala de la Corte Suprema acogieron un recurso de protección presentado en 2017 por el Sindicato Bahía Caulín, la Agrupación de Pescadores El Golfete de Quetalmahue, por el Sindicato San Pedro, la Agrupación de Pescadores y Recolectores de Orilla y Ramas similares BAMA y por Mario Alberto Cassasus Bulnes en contra de Sernapesca, Directemar, la Seremi de Salud, la Superintendencia del Medioambiente y el Ministerio del Medioambiente “por el acto ilegal y arbitrario consistente en la autorización de vertimiento al mar de miles de toneladas de peces en descomposición, así como por la autorización exponencial e indiscriminada de cultivo de salmones en cautiverio sin exigir las medidas adecuadas para evitar afectar el medio marino, el que se ha visto severamente dañado, infringiendo con ello el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, previsto en el numeral 8° del artículo 19 de la Carta Fundamental y amenazando además con ello el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, amparada en el numeral 1° de la referida norma constitucional”.

En opinión de los sentenciadores, “se aprecia que las instituciones involucradas omitieron desplegar alguna actividad que aminorara los efectos que esa condición climática, que era conocida con anticipación, podía producir sobre los cultivos acuícolas, como efectivamente sucedió, y en tan gran magnitud”.

Agrega que: “era un hecho público y notorio, acreditado con las múltiples publicaciones de prensa escrita y digital acompañadas a la causa, que algunos contenedores o “bins” fueron rechazados por las plantas de harina de pescado cuando se superó su capacidad de procesamiento por lo que fueron devueltos a las empresas, de modo que resulta inconcuso que había biomasa tratada con sustancias químicas cuyo destino se desconoce y que bien pudo formar parte de aquella porción de la mortalidad que no se destinó a ser desechada en un vertedero. Por esta razón, lo informado por Sernapesca por intermedio su Oficio Ordinario N°08746 ya individualizado, en cuanto afirmó que no se había pesquisado el tratamiento de la mortalidad aparece como infundado frente al contenido del plan de manejo de las mortalidades que rige a las empresas, del cual dio cuenta la formulación de cargos dictada por la Superintendencia de Medioambiente, Resolución Exenta N°1/ D-84-2016″.

Además se considera que: “por lo que dice relación con la actuación de Directemar, es necesario consignar que el Decreto N°476/1977, Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, dispone en su artículo V que para autorizar un vertimiento al mar, es necesario acreditar que se llevará “a cabo de forma que se reduzca al mínimo la probabilidad de que se ocasionen daños a seres humanos o a la vida marina”. Dicho requisito, cuya acreditación demanda cumplir con las exigencias contenidas en el Decreto N°136/2012 (RREE) que promulga el Protocolo de 1996 Relativo al Convenio Sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias que, en su Anexo 2, numerales 7 y 8, exige una caracterización detallada de los aludidos detritus, exigencia que resulta indispensable para que la autoridad llamada a autorizar el vertido al mar pueda cumplir con lo dispuesto en el artículo IV, N°2 del Convenio, que establece que “los permisos se concederán tan solo tras una cuidadosa consideración de todos los factores que figuran en el Anexo III, incluyendo los estudios previos de las características del lugar de vertimiento, que presupone el cumplimiento del Anexo 2 puesto que, como es obvio, las características de las sustancias determinan las condiciones que debe cumplir el lugar para disminuir el riesgo de daño”

Asimismo se considera que: “atento a lo antes razonado, se puede concluir que la actuación de los recurridos se ha apartado tanto de la normativa jurídica que regula sectorialmente las emergencias ambientales y sanitarias, así como de la que se orienta directamente a la protección del medioambiente, lesionando con esta conducta el derecho de los recurrentes garantizado por nuestra Carta Fundamental en el artículo 19, N°8, esto es, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de manera que el recurso de protección interpuesto ha de ser acogido”

Así, la Corte Suprema decidió acoger el recurso de protección, y, en consecuencia, ordenó que todas las instituciones del Estado “adoptarán en el plazo de dos meses, las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos por los que cada uno deba regirse, propendiendo a una reacción oportuna y eficaz para evitar los riesgos para la salud de la población y los daños al medioambiente, las que se informarán a esta Corte, debiendo, en todo caso, continuarse con las investigaciones científicas y administrativas que contribuyan al establecimiento de medidas que propendan a impedir la repetición de lo ocurrido”.

Fallo Corte Suprema por Vertimiento de Salmones by La Opinión de Chiloé on Scribd

Recurso de protección por Vertimiento de Salmones presentado por organizaciones by La Opinión de Chiloé on Scribd

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