Reforma a Educación Superior es aprobada y se consagra gratuidad universal

Fotografía: Ministerio de Educación.

VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Tras cuatro años de larga discusión, el Congreso despachó esta tarde la Reforma a la Educación Superior, proyecto emblemático del Gobierno de Michelle Bachelet que busca entre otras materias, consagrar la gratuidad universal. Esta es una de las reformas más importantes de las últimas tres décadas y media en el ámbito de la Educación Superior, e instala nuevamente la gratuidad mediante una ley permanente después de casi cuarenta años.

Este avance fue valorado por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien señaló: “esto nos permite tener una Superintendencia y una Subsecretaría de Educación Superior, controlar efectivamente el lucro en las universidades y tener una mejor calidad de la formación, porque no habrá ninguna institución sin acreditación, lo que es muy importante». Agregó además, respecto a la gratuidad, que «no solo se trata de apoyo económico a las familias, sino que hay una concepción detrás que me parece que es lo más importante. La educación es un bien personal para el que se esfuerza y estudia; pero también es un bien público que el país requiere, porque necesita tener buenos técnicos y profesionales. Y es por eso que los países inviertan en educación”.

Delpiano acotó que con la nueva ley «Chile es hoy mejor que ayer; contar con una ley de educación superior que da garantía, fe pública a las familias y a los estudiantes de que van a poder estudiar en instituciones debidamente acreditadas en que la calidad de la educación es lo que va importando».

En lo medular, esta nueva ley establecerá la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, que velará por la coordinación del sistema, una Superintendencia de Educación, que fiscalizará el cumplimiento de la normativa de educación superior y el fin efectivo del lucro, y se establece la acreditación institucional obligatoria para las instituciones. Además, consagra el financiamiento institucional de la Gratuidad y define un mecanismo para avanzar gradualmente en su cobertura y establece por ley un fondo basal para las universidades tradicionales no estatales (el denominado G9), como complemento al Convenio Marco destinado a las universidades estatales, y que se regula en el proyecto de ley sobre universidades estatales.

Tras la aprobación de los senadores ayer, la iniciativa fue revisada esta mañana por la Cámara Baja en su tercer trámite constitucional siendo despachada para dejar el texto en condiciones de ser promulgado por la Presidenta de la República para convertirse en ley.

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