Véase también:
Ancud y Castro: estudio revela hacinamiento en cárceles de Chiloé.
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Solucionado el conflicto de Gendarmería de Chile, quienes tras anunciar una potencial movilización llegaron a acuerdo con el Gobierno, diversos problemas siguen latentes al interior de tal repartición pública, y que se esperan discutir durante los próximos 90 días al interior del Ministerio de Justicia, al mando de Hernán Larraín, quien se comprometió que en tal plazo tendía un estado de avance y resultados respecto a las demandas de los funcionarios.
Andrés Segovia, vocero de los 5 gremios de Gendarmería que amenazaron con la movilización, indicó que dentro del petitorio estaba la necesidad de estructurar un proyecto de carrera funcionaria, así como aspectos vinculados al sistema de pensiones que los rigen, a las que se sumó la solicitud de “nuevas cárceles en el país, generando nuevas plazas”, cuyo objetivo sería el proteger los derechos de los funcionarios y la integridad de los internos, todo a raíz de la formalización del gendarme que no habría intervenido con premura en la golpiza propinada por reos a los ecuatorianos que habrían asesinado salvajemente a una mujer hasta matarla hace unos días.
Tácitamente, detrás del conflicto siguen problemáticas asociadas al clima laboral que enfrentan día a día los gendarmees, y que también están directamente relacionados a los altos índices de hacinamiento, sobrepoblación penal y excesivas horas de encierro en algunas cárceles, entre otros aspectos. ¿Qué pasa en Castro, el principal centro penitenciario de la Provincia de Chiloé?
Según información que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, en el Centro de Detención Preventiva de Castro, con capacidad para 82 reclusos, existen actualmente 133 internos con lo que alcanza un porcentaje de hacinamiento del 60,2%. La cifra muestra un aumento respecto al informe emitido por la Fiscalía Judiciales el 16 de febrero de 2018 tras la cotejar información de los Recintos Penitenciarios del país durante 2017.
En efecto, desde la emisión de ese informe al 16 de junio de 2018, el número de internos en el CDP castreño subió un 9,9% desde los 121 reclusos a 133, a cargo de tres gendarmes que trabajan directamente con la población penal, vale decir, un funcionario debe hacerse cargo de 44 reos, entre los que muchas veces se han encontrado brutales homicidas, abusadores de menores seriales, traficantes de drogas o secuestradores condenados. Cabe mencionar eso sí que en el recinto, hay contratadas 53 personas, de las cuales 12 son civiles.
¿Por qué condenados de alta peligrosidad no cumplen condena en lugares ad hoc? porque varios de ellos han solicitado no ser separados de sus familiares, por su avanzada edad, o bien, por otras razones más curiosas como el caso de un conocido reo con un impresionante historial que tras clavarse la boca en una cárcel de Chillán y estar en huelga de hambre seca por presuntos “tratos injustos” de la justicia, fue trasladado a Castro. Lo interesante es que tras su arribo, al menos dos internos han iniciado huelgas de hambre alegando el mismo discurso: un condenado por un salvaje homicidio en Quellón que posteriormente desistió, y otro formalizado por robo con violencia que inició tal medida porque la pena que pedía la fiscalía era muy alta según su parecer, a pesar del enorme historial delictual que posee.
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