Un triste documento resume las conclusiones de una serie de indagatorias llevadas adelante por un grupo de jueces de familia comisionados por la ministra Rosa María Maggi para evaluar la situación en que funcionan 298 hogares bajo jurisdicción del Servicio Nacional de Menores (SENAME), incluyendo cuatro recintos en la Provincia de Chiloé.
En el texto de 157 páginas que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, se alude a la presencia de abusos, violencia, fugas reiteradas, basura, sobrepoblación, déficit de infraestructura y profesionales en una serie de Hogares y Residencias de Protección pertenecientes a la Red SENAME y a Privados, todo en virtud de antecedentes recopilados para el primer semestre del año 2016 en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional.
El informe indica que se visitaron en Chiloé el Hogar de Niñas Laurita Vicuña de Ancud (que atiende a menores con discapacidad intelectual y abandonadas), la Residencia Santa Mónica de Ancud (para niños que han sufrido vulneraciones), las Aldeas Infantiles S.O.S. de Ancud y la Residencia Amancay de Coanil en Castro, todos con supervisión y subvención de SENAME.
Una de sus conclusiones afirma que “existe una importante sobrepoblación en algunas de las residencias visitadas a lo largo del país (…) [que] redunda en atención insuficiente de los niños, niñas y adolescentes”. A nivel nacional, un 32% de recintos tiene este problema, mientras que en Chiloé, las Aldeas SOS tiene un 290% de sobrepoblación y la Residencia Amancay llega al 7,7%; la Residencia Santa Mónica está al tope de su capacidad. Sobre este punto, la coordinadora de la unidad de derechos del SENAME, Marcela Vera Chamorro, señaló que en Ancud «nosotros solamente tenemos subvencionadas 10 plazas [en las Aldeas], pero no quiere decir que ellos estén con una sobrepoblación; lo que pasa es que la cobertura existente desde el SENAME es menor a la real que ellos tienen».
La anterior declaración alude tácitamente a otro problema que el informe mandatado por la Corte Suprema revela: «se observa como recurrente la autogestión a fin de conseguir recursos para la mantención del hogar. Se consigna en las fichas que (…) resulta insuficiente el dinero entregado por SENAME, a partir de subvenciones para la mantención de los residentes y los demás gastos que implica el funcionamiento de una residencia».
En otro ámbito, el texto alude a «la falta de protocolos en las residencias en torno a seguridad, atención de niños, niñas, adolescentes, visitas, atención en crisis, alimentación y traslados entre otros», y que podría ser una de las causales para el alto número de fugas que presentan algunos recintos. Para el caso de la Provincia, este es un problema serio para el Hogar de Niñas Laurita Vicuña de Ancud por ejemplo, que ha sido protagonista de varias fugas de menores y de horrorosos casos de vejaciones sexuales perpetradas cuando algunas de ellas se han fugado, incluso a pesar que cobija a un reducido número de niñas y adolescentes. Ni hablar de las Aldeas SOS de Ancud, que en un informe anterior al que accedió La Opinión de Chiloé impactaba con los antecedentes de abuso intraresidencial en 13 menores, vale decir, al interior del centro que se supone, los protegía.
Además, en el informe se confirma «la ausencia de programas que aborden el trabajo del tiempo libre y ocio de los residentes de los hogares de protección», lo que podría ser uno de los tantos factores para que algunos residentes sean sindicados como eventuales responsables de participar en delitos como lesiones y robo; de hecho, según señaló la subteniente de Carabineros de Ancud, Karen Vivanco, en la Sesión Ordinaria n.º88 del Consejo Municipal de Ancud a principios de mayo de 2015, al aumento en la cantidad de ese tipo de delitos podría vincularse a un pequeño grupo de menores que residen en las Aldeas SOS.
NOTA 1: Para determinar si fue parte de un abuso intraresidencial, el niño debiera «[haber] participado en un abuso sexual mientras se encuentran al cuidado de la residencia».
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