VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Durante este martes, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca poner fin a las enfermedades o condiciones de preexistencias, así como eliminar las discriminaciones por edad y sexo por parte de las Isapres, todo en el marco de la reforma al sistema que se discute desde el año 2024.
Eso sí, debido a que el lunes el Gobierno renovó algunas indicaciones que necesariamente son materias que deben discutirse en la Comisión de Hacienda —mayor gasto fiscal anual estimado de hasta $106.959 miles en el primer año y de hasta $53.479 miles en régimen—, la propuesta retornó a dicha instancia para su discusión.
La iniciativa se sustenta en un mensaje presidencial (boletín 17147). Este viene a dar cumplimiento a un compromiso fijado en la denominada ley corta (21.674), respecto de abordar estas materias por la vía legal. La propuesta del Ejecutivo se refundió, además, con dos mociones presentadas por distintos grupos de diputados/as (boletines 6930 y 11572).
En términos generales, la norma en trámite considera la creación de un Plan Común de Salud que incluya prestaciones, beneficios y coberturas uniformes para que las instituciones de salud previsional puedan comercializar, definiendo cada cual la prima que cobrará y la red de prestadores preferentes en que se podrán atender sus beneficiarios.
Contrato de salud
Para sus fines, la iniciativa introduce modificaciones en el decreto con fuerza de ley N°1, de Salud, de 2005. Entre ellos, deroga las preexistencias y se pone fin a las discriminaciones debido a sexo y edad. Además, suprime la definición de “cotizante cautivo” y se permite la transferencia de cartera de una isapre a otra, eliminando la expresión “condición de cautividad”.
También, faculta al superintendente de Salud a abrir un periodo especial, de hasta sesenta días hábiles, para que los afiliados puedan cambiarse a otra institución.
Adicionalmente, se establece un plan común de salud como producto único y comparable que deben ofrecer las aseguradoras. Asimismo, propone que la cobertura financiera del plan común de salud sea la misma para todas las personas afiliadas al sistema privado de salud.
En particular, las prestaciones y beneficios se establecerán en un decreto supremo expedido por el ministro de Salud, suscrito, además, por el ministro de Hacienda.
El plan común de salud tendrá una vigencia de, al menos, un año. Si no se hubiese modificado al vencimiento de dicho plazo, se entenderá prorrogado por el mismo período y, así, sucesivamente. Sus contratos serán a plazo indefinido y cada isapre determinará la red preferente de prestadores.
Junto a lo anterior, elimina el procedimiento de transferencia de cartera que debe realizar el administrador provisional, en atención a la libre movilidad con la que contarán las personas en caso de que se inicie el proceso de cancelación de registro de una isapre.
Conjuntamente, entrega varias reglas, que estarán sujetas al contrato de plan común de salud. Entre ellas, se define que la prima sólo podrá variar una vez al año o cuando la autoridad haga modificaciones a las Garantías Explícitas en Salud.
En discusión, las y los legisladores mostraron opiniones divididas. Por un lado, destacaron que el proyecto pretenda ayudar a terminar con las desigualdades y eliminar la discriminación, que es un imperativo ético en el sistema de salud privado en el país.
Valoraron que la iniciativa elimine las tablas de factores, preexistencias y establezca una tarifa plana para garantizar que las personas tengan una atención equitativa.
Sin embargo, advirtieron, que puede poner en riesgo el acceso real a la salud para millones de personas, pues eliminar las preexistencias, sin establecer un mecanismo de compensación entre aseguradores, deja a las isapres ciegas frente al riesgo.
Plantaron que el proyecto no asegura necesariamente las herramientas adecuadas para garantizar la viabilidad de las propuestas, lo que podría derivar hacia un desequilibrio financiero que afectará la sostenibilidad del sistema privado.
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