ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Un complejo y sigiloso caso de violencia intrafamiliar sacude por estos días a una humilde familia del sector urbano de Fátima, en la ciudad de Ancud, luego que se judicializara un impactante incidente ocurrido a fines de agosto que, de manera sorpresiva, habría sido denunciado por nadie.
De acuerdo a antecedentes reservados a los que accedió La Opinión de Chiloé, la información de se maneja al interior de la Fiscalía indica que los hechos se remitirían a la tarde de los días 29 o 30 de agosto cuando un sujeto, con antecedentes policiales previos de agresiones hacia sus hijos, habría decidido «castigar» a uno de ellos con una pita de nylon, procediendo a ahorcarlo.
La dinámica de lo que pasó no está del todo clara, ya que no se tiene certeza exacta de cuándo el imputado supuestamente llegó al domicilio, ni mucho menos cuándo pudo haber protagonizado los hechos de marras. Es más, los adultos presentes en el domicilio (abuelos de la víctima) hablan de un presunto accidente, el que no habrían querido denunciar.
Cabe mencionar que el encartado, identificado con las iniciales P.Á.Q.L. (33 años), tenía prohibición expresa de acercarse tanto a este menor como a su exconviviente y a su otro hijo, de 8 años de edad, luego que el 29 de julio pasado fuera formalizado por golpear a los dos niños.
Aquél día se le formalizó como presunto autor en grado de consumado del delito de lesiones menos graves en contexto violencia intrafamiliar, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal y artículo 5° de la ley n.°20.066 sobre violencia intrafamiliar, por hechos que habrían ocurrido el 8 de junio de 2022.
En aquella ocasión, el imputado se habría enfrascado en una discusión con su ex conviviente que subió en intensidad hasta que presuntamente intentó agredirla físicamente. Fue ahí que sus hijos de 6 y 8 años habrían intentado defender a su mamá, recibiendo la ira del delincuente.
En tal marco, el sujeto les habría propinado golpes de mano en sus rostros, para luego huir del domicilio. Ambos fueron trasladados a un recinto asistencial donde se les diagnosticó la presencia de eritemas de carácter leve en sus rostros (enrojecimiento e inflamación).
Tras esa formalización, la juez Paula Caprile Costa fijó un plazo de investigación de 45 días con prohibición de acercarse a las víctimas, a su domicilio o en cualquier lugar en donde ellos se encuentren.
Además, se instruyó remitir los antecedentes al Juzgado de Familia de Ancud para determinar si existiría necesidad de aplicar alguna medida de protección para los niños.
Así las cosas, horas después de esa formalización habría ocurrido el incidente con la pita de nylon, resultando el menor de los niñitos con una lesión visible atribuible a un presunto ahorcamiento según un diagnóstico preliminar realizado por un médico del Hospital San Carlos de Ancud, el que posteriormente sería refrendado por el Servicio Médico Legal.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé confirmaron que el imputado fue detenido en la ciudad de Queilen el domingo 11 de septiembre, pasando a control de detención y formalización de la investigación durante este lunes.
En dicha instancia, la Fiscalía local de Ancud explicó al juez de garantía de turno que los hechos configurarían los delitos de desacato en grado de consumado, descrito y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, y el delito de parricidio en grado de frustrado, descrito y sancionado en el artículo 390 del Código Penal.
Agregó el persecutor penal que le cabría al imputado una eventual participación en calidad de autor en los términos del artículo 14 n.º 1 y 15 n.°1 del Código punitivo.
La descripción médica de la lesión indicaría que el menor habría resultado con una herida «de tipo lineal cicatrizal con costra de 0,5 a 1 centímetro de ancho superficial de forma circular que abarca el perímetro total del cuello con estigmas de ahorcamiento, lesiones de carácter menos grave, siendo potencialmente mortales».
Luego, una vez sopesados todos los antecedentes recopilados tras la denuncia, el juez de turno determinó que se darían los supuestos fácticos para indicar la efectividad de los hechos y que el imputado podría tener responsabilidad.
En este sentido, concluyó que hasta el momento, existiría un correlato evidente entre la versión expresada desde la Fiscalía y los hallazgos encontrados en las diligencias preliminares de Carabineros y del SML, por lo que dio lugar a la formalización.
El juez Andrés Arteaga Jara fijó un plazo de investigación de 60 días y accedió a la petición del Ministerio Público de decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado, disponiendo su ingreso al Centro de Detenciòn Preventiva de Ancud.
El caso es relativamente complejo ya que según antecedentes que obrarían en la carpeta de investigación, la denuncia que activó las primeras diligencias provino de un tercero y no de su propia familia.
En efecto, nadie llamó a la policía a pesar de la marca visible en el cuello del pequeño, por lo que sólo cuando llegó al hospital se habría activado el protocolo ad hoc, y más cuando no se pudo dar una explicación plausible sobre el origen de la lesión.
Por otro lado, tras saber de la gravedad de la imputación que se haría, el abuelo del menor habría indicado que todo se explicaróa por un presunto accidente.
En particular, supuestamente el menor se habría enredado en una pita que servía para sostener una cortina mientras jugaba saltando en una cama. No se incidenta la conclusión del Servicio Médico Legal en cuanto a que la marca en su cuello tendría características de «ahorcamiento», sino más bien a que aquélla estaría asociada a una autolesión mientras la víctima estaba jugando en una de las piezas de la casa de sus abuelos, sin ser vigilado.
La Defensoría Penal Pública recurrió a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para solicitar que se revierta la prisión preventiva, estando la causa en tabla dentro de esta semana.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Dados los antecedentes disponibles del caso, La Opinión de Chiloé mantendrá bajo reserva la identidad del imputado a la espera de la determinación del tribunal de alzada.
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