VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Una álgida discusión entre parlamentarios de distintos sectores se registró en la Cámara de Diputados el pasado jueves luego que se procediera a votar un curioso proyecto de ley que buscaba prohibir el uso de los dispositivos de calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible, en lugares declarados como zonas saturadas.
Según detalles de la propuesta que fue presentada por un grupo de ocho parlamentarios (la mayoría con residencia en la Región Metropolitana), se buscaba que «en aquellas zonas declaradas como saturadas o latentes por normas primarias de calidad del aire, de conformidad con el artículo 43 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se prohíbe la utilización de leña para efectos de calefacción de viviendas ubicadas en el área urbana. Por consiguiente, queda prohibido el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario y calefactores domiciliarios que utilicen o puedan utilizar leña, sin perjuicio de las demás facultades que la ley confiere a la autoridad competente».
Luego, se otorgaba la facultad para que la autoridad sanitaria, de conformidad a lo dispuesto en el Código Sanitario y sus respectivos reglamentos, fiscalizara a las viviendas, permitiendo también a los municipios «colaborar mediante la presentación de denuncias por las infracciones establecidas en esta ley».
Dentro de las justificaciones que utilizaron estos ocho parlamentarios se argüía que «la leña es un combustible económico. Para producir una misma cantidad de energía, el gas licuado y el petróleo son hasta 7 veces más costosos. Esta diferencia de precios, además, se espera que siga creciendo en los próximos años, lo que significa un incentivo a utilizar leña, sobre todo como fuente de calefacción».
Se agregaba que «no se puede desconocer la preferencia y la necesidad de ciertos hogares de utilizar esta energía como fuente de calefacción, dado su valor más económico, su poder calorífico, duración, acción de deshumedecer espacios, etc. Asimismo, hay ciertos aspectos culturales que hacen que la leña esté muy arraigada en nuestro país, en especial en la zona sur. Dado lo anterior, toda regulación en esta materia debe tener a la vista que los hogares más vulnerables no pueden prescindir de este tipo de combustible para calefaccionarse, por cuanto utilizar otros medios implicaría un grave perjuicio económico para cientos de familias. En virtud de ello, se propone como un parámetro objetivo para la implementación de la restricción que esta iniciativa dispone el avalúo fiscal de las respectivas viviendas».
Luego, en el proyecto que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé se exceptuaban de esta restricción todas aquellas viviendas que tuvieran un avalúo fiscal inferior a $33.199.976.- o que sus propietarios fueran de origen indígena o que fueran adultos mayores vulnerables o que, si vivieran en el campo, estuvieran sus predios avaluados en menos de $45.000.000.- al segundo año de entrada en vigencia la ley. Todo el resto de la población, en términos prácticos, debía desechar el uso de la leña, sin que se considerara alguna alternativa o incentivos para el recambio.
Los proponentes fueron Sebastián Álvarez (Evópolis), Ricardo Celis (PPD), Cristina Girardi (PPD), Amaro Labra (PC), Javier Macaya (UDI), Carolina Marzán (PPD), Catalina Pérez (RD) y Sebastián Torrealba (RN).
Así las cosas, la Sala de la Cámara rechazó con 54 votos en contra, 49 a favor, 29 abstenciones y un dispensado el inciso primero del artículo único en cuanto a la prohibición en sí misma.
Se rechazó también el mismo inciso con algunas modificaciones que cambiaban el sentido de «prohibir» por «restringir» con 76 votos en contra, 24 a favor, 31 abstenciones y un dispensado.
Lo interesante de esta segunda votación es que los redactores iniciales del proyecto se «olvidaron» de aquellas viviendas construidas por el Serviu o con subsidio antes de 2011, por lo que la prohibición las iba a afectar obligando a este sector a tener que desembolsar más de medio millón de pesos sólo para cambiar sus cocinas a leña, por ejemplo.
Según se informó desde la Cámara de Diputados, el 9 de julio pasado se había aprobado en general aunque igual pasó a la Comisión de Medioambiente por haber sido objeto de indicaciones. Volvió a la sala, y el resultado está a la vista.
Hay que consignar que en el desarrollo del debate parlamentario antes de la votación, los legisladores del sur del país y de distintos bloques llamaron a rechazar el proyecto por considerar que no se hacía cargo de lo que ocurre en las regiones, donde la leña es parte de las realidades locales y recalcaron que el texto legal atenta en contra de las familias que hoy necesitan apoyo.
Parte de los cuestionamientos iban dirigidos al centralismo con el que se elaboró, especialmente de parlamentarios residentes en zonas donde la leña prácticamente no se utiliza como medio de calefacción (salvo dos que eran de La Araucanía). En el sur del país por ejemplo, más del 90% de las familias la utilizan no proponiéndose un incentivo o plan para una transición hacia otras alternativas, buscándose un cambio drástico.
Ya antes la Asociación Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Chile, el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) y la Confederación de Asociaciones Regionales de Leña Certificada de Chile mostraron su desaprobación a este proyecto de Ley acusando que la idea de prohibir el uso de la leña desde la Región de O’Higgins al sur de de Chile «no precisa ninguna alternativa para esas miles de familias que no podrían usar leña en caso de que se implemente la ley propuesta. Esta última, prohíbe su uso por temas ambientales debido al material particulado emitido, pero no señala con qué se van a calefaccionar».
Agregaron que «es necesario indicar que esta decisión afecta directamente a todos los hogares que usan este combustible como su principal fuente de calefacción y también como medio de cocción de alimentos. Desde O’Higgins hasta Aysén, se concentra el 36% de la población nacional, y el 74% de estas personas consume leña en su hogar, es decir, cerca de 5 millones de personas».
Alertaron en esa oportunidad que las alternativas como la parafina o el gas licuado afectarían profundamente el presupuesto familiar de millones de chilenos, al aumentar fuertemente el costo de calefacción.
Aún así el 9 de julio la Cámara de Diputados lo había aprobado en general sin considerar modificaciones sustanciales, volviendo a sala el pasado 3 de septiembre en condiciones muy similares. Fue rechazada.
Según estimaciones realizadas en 2018 por el Centro de Análisis Intelis de la Universidad de Chile, una vivienda debería invertir al menos $550.600.- para optar por gas licuado, o más de $750.000.- para pellet o alrededor de $1.000.000.- para instalar un sistema a parafina, entre otros, sin considerar que como los mismos diputados indicaron, pagar este combustible puede ser hasta siete veces más caro.
La diputada Emilia Nuyado expresó que decidió rechazar la iniciativa porque «terminaba afectando la economía de familias muy modestas y con mayor pobreza, las que se han visto mucho más afectadas con esta crisis sanitaria. Independiente de que se estaba estableciendo que se haría de manera gradual, la sola prohibición del uso de la leña como calefacción iba a generar un gran problema en las familias del sur».
El diputado Gabriel Ascencio en tanto, también explicó que votó en contra acusando que se «desconoce totalmente la realidad de cientos de miles de familias en la Región de Los Lagos. Muchas familias no sólo ocupan la leña como calefacción, sino que es la principal fuente de energía para cocinar, hacer el pan, mantener el agua caliente, entre tantas otras cosas».
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