ANTOFAGASTA (La Opinión de Chiloé) — Durante este viernes se realizó la audiencia de formalización de la investigación, ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en contra del exseremi de Vivienda Carlos Andrés Contreras Gutiérrez y el exrepresentante de Democracia Viva Daniel Francisco Andrade Schwarze, ambos imputados por la presunta comisión del delito de fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios.
En particular, durante la audiencia en causa RIT O-428-2023 seguida ante el tribunal en comento, los dos fueron imputados por el Ministerio Público como presuntos autores de tres delitos de fraude al fisco, los que habrían sido perpetrados durante el año pasado, en el marco de convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Democracia Viva.
«Hay antecedentes en la investigación realizada por el Ministerio Público que justifican a lo menos la existencia del delito y la participación, pero con un estándar menor y que existe efectivamente necesidad de cautela y que por lo tanto la medida de prisión preventiva es necesaria para garantizar el peligro para la seguridad de la sociedad», aseguró el persecutor penal de dicha ciudad, Juan Castro.
Añadió que de acuerdo a los antecedentes que se han recabado, presuntamente «se tuvo por establecido, a diferencia de lo que planteaba la defensa, la concurrencia respecto de ambos imputados del delito de fraude al fisco», indicando que las supuestas acciones llevadas adelante por ambos provocaron un perjuicio penado por la ley.
En efecto, la Fiscalía indicó que los imputados, previamente concertados y aprovechando que Contreras Gutiérrez ejercía como seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, habrían suscrito tres convenios de manera irregular entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por el coimputado Andrade Schwarze con el objetivo de intervenir en obras menores en asentamientos precarios.
Tales convenios, como son de público conocimiento, fueron suscritos entre octubre y diciembre de 2022, implicando una transferencia de fondos públicos por un total de $426.00.000.000.-
Así las cosas, la magistrada Sissi Bertoglio-Talap impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Expresó que por ahora existirían antecedentes que darían cuenta que «Contreras actuó de manera directa en el ilícito. El señor Andrade, en pleno conocimiento de la calidad de funcionario público del primero, aprovechándose de esta circunstancia, obtuvo beneficios consistentes en la fundación que él presidía para el otorgamiento de recursos».
Al resolver la privación de libertad de los imputados, solicitada por el Ministerio Público y los querellantes en la causa, la jueza consideró la pluralidad de delitos y el bien resguardado. Fijó en seis meses el plazo de investigación.
Todo quedó al descubierto el pasado 16 de junio, cuando el medio regional Timeline reveló que la Seremi de Vivienda de Antofagasta traspasó esta millonaria cifra a Democracia Viva en 2022.
Contreras y Andrade estaban relacionados por dos factores: ambos eran militantes de Revolución Democrática y mantenían una relación con la diputada Catalina Pérez. El primero fue jefe de gabinete de la parlamentaria durante su primer período en el Congreso, mientras que el segundo era su entonces pareja.
Pérez ha negado participación y/o conocimiento en los hechos, aunque la Fiscalía la tiene en la mira por una serie de movimientos de dineros dudosos que la podrían tener como imputada dentro de poco.
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