Director de Control de Curaco de Vélez y supuesto título falso: debe pagar 1,7 millón a concejal

Fotografía: Alonso Hernández (Director de Control) y Camilo Maldonado (Concejal); ambos del municipio de Curaco de Vélez.
Véase también:
Curaco de Vélez: Director de Control pierde querella por presunto título falso.
Curaco de Vélez: afirman que Director de Control ostenta título que no tiene.

CURACO DE VÉLEZ (La Opinión de Chiloé) — En las últimas etapas procesales se encuentra un adverso fallo que recibió el pasado mes de noviembre el Director de Control de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, Alonso José Hernández Díaz, quien acusó a dos concejales de dicha comuna como supuestos autores de los delitos de injurias y calumnias graves hechas por escrito y con publicidad tras revelarse que el funcionario municipal habría ostentado en diversos documentos un título universitario que jamás tuvo (Ingeniero Comercial).

Tal y como consignó La Opinión de Chiloé, la acusación del funcionario municipal llegó a juicio oral simplificado donde perdió ya que no pudo acreditar las imputaciones que realizó en contra de los concejales Camilo Maldonado Vargas y Nancy Oyarzún Oyarzún, de quienes dijo que lo habrían denostado por haber supuestamente develado en varios medios de comunicación que accedió a su actual cargo presentando un título falso. En la acción judicial pidió que los dos concejales cumplieran hasta tres años de reclusión menor en su grado medio y a una multa de hasta 20 UTM (alrededor de $963.200.- cada uno), algo que quedó en nada.

Luego, como Hernández Díaz perdió, ahora es él quien enfrentaría varias consecuencias por imputar dos delitos inexistentes a los concejales: eventualmente podría terminar recibiendo la sanción de cárcel que pedía para los concejales de prosperar alguna querella de vuelta. Y con ese fracaso en el tribunal, también podría arrastrar a otros cuatro trabajadores que se ofrecieron a declarar en su favor ya que el magistrado calificó su asistencia como “inidónea”, a saber, Paola Betania Galife Tolosa, Karen Denisse Pacheco Santana, Mauricio Sotomayor Barría y Patricia Fani García Gutiérrez; en consecuencia, ellos también podrían enfrentar sanciones penales de prosperar alguna acción judicial si se configura a lo menos la eventual comisión de falso testimonio, delito que se sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de hasta treinta unidades tributarias mensuales (aproximadamente $1.449.150.- cada uno).

La decisión del tribunal

En efecto, el magistrado señala en el considerando séptimo de la sentencia que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé que “la calumnia consiste en la imputación de un delito, pero falso y que puede perseguirse actualmente de oficio, cosa que en manera alguna se da en los hechos atribuidos a los querellados donde no se señala ningún delito, ni tampoco se alude a delito alguno [en sus declaraciones]”.

Sobre la existencia de alguna injuria, dijo que “en manera alguna se ha acreditado la acción atribuida a los querellados. Sobre esto cabe observar que la imputación consiste en que los querellados habrían dado a conocer por medios de comunicación que el querellante habría presentado [un título de ingeniero comercial] al concurso de 28 de octubre de 2014 para un cargo municipal (…). Si nos atenemos a esto, el querellante tiene que haber probado dos cosas: a) que los querellados dijeron lo que se señala; b) que lo hicieron a través de medios de comunicación (…). Se estima, dado que la figura penal se configura por el hecho de verterse las injurias a través de un medio de comunicación, la forma en que necesariamente habría que probar el hecho es presentando el medio concreto donde aparezcan dichas las injurias. Por lo tanto, cualquier otro medio es inconducente”.

La acusación de ostentar un título que no tenía

Hay que recordar que en octubre de 2017, el concejal Maldonado denunció la existencia de una eventual irregularidad al observar que en varios documentos municipales se indicaba que el aludido poseía el título de Ingeniero Comercial sin serlo, escritos que incluso llevaban su firma; se debe acotar que se realizó un sumario administrativo que terminó con una anotación de demérito hacia el Director de Control que sorpresivamente era el encargado de la Ley de Transparencia. Lo curioso es que según el portal de transparencia activa de esa municipalidad, el sujeto aparecía como Contador Auditor e Ingeniero Comercial (ver aquí). Cuento aparte es que en el último informe del Consejo para la Transparencia, Curaco de Vélez cayó significativamente en varios indicadores.

En particular, tal y como reveló La Opinión de Chiloé, Hernández Díaz en su propio Facebook publicaba el 25 de agosto de 2017 ser “ingeniero comercial, auditor, diplomado en teoría de sistema” (ver registro acá antes que lo borrara cuando se descubrió que no lo era), mientras que hay contratos, informes y otros documentos con su firma donde se indica que él poseía tal carrera universitaria; además, fue presentado con esa profesión como parte del equipo consultor que realizó una dudosa auditoría en la Corporación Municipal de Castro (donde se desembolsaron 30 millones de pesos sin licitación y bajo el alero de una empresa recién creada), entre otros documentos. Es más, incluso hay un documento firmado ante notario donde indica que posee tal título universitario (no, no lo tiene) y por el cual, habría actualmente una indagatoria vigente en el Ministerio Público de Achao para verificar si se dan las condiciones para perseguir el eventual delito de perjurio, algo que este medio está intentando confirmar.

A este respecto, el abogado defensor de Maldonado explicó durante el juicio que en realidad “lo que se [ha] dicho es que se presenta como ingeniero comercial sin serlo, en documentos. Agrega que el ejercicio ilegal de la profesión no se tipifica ejerciendo la profesión, sino simplemente fingiendo serlo, que es lo que se ha hecho. Agrega que la querellante interpone querella por injurias y termina haciendo alegato por ejercicio ilegal de la profesión, que es cosa distinta. Aquí simplemente hay rol de fiscalizador que se averigüe irregularidades, eso hizo su parte y se detectó que no tenía título de ingeniero comercial no se habló de título falso”.

El abogado defensor de Oyarzún por su parte acotó que “era un misterio la prueba [en contra de la concejala], ya que se dispara a la bandada. (…) No ha denostado a nadie. Además, ella actúa según su cargo. Así, ante la ausencia de pruebas, no puede haber animus injuriandi. En lo que ha dicho, tampoco ella ha incurrido en delito de calumnia. (…) Para el caso que hayan dicho [algo] contra el querellante, está la exceptio veritatis, pues ha quedado acreditado que presentó documentos que señalaban el título de ingeniero comercial. Además, su parte ejerció un rol fiscalizador y esto la exime conforme al Código Penal por cumplimiento de un deber”.

El Director de Control deberá pagar

Luego que los concejales ganaran esta batalla judicial, ahora el Director de Control debe pagar las costas que ascenderían a $1.728.000.-; tal monto será recibido sólo por Camilo Maldonado Vargas quien tuvo asesoría particular ya que Nancy Oyarzún Oyarzún optó por la defensoría pública.

Sobre el monto, Maldonado indicó a La Opinión de Chiloé que “simplemente es lo que el tribunal decretó (…) estoy analizando una demanda en el tribunal ya que me atribuyó un delito que jamás cometí solo por decir la verdad de alguien que jamás tuvo el título que decía tener y fingir tenerlo, no será la primera ni la última denuncia que realizaré ya que la comunidad me eligió para fiscalizar y es lo que estoy haciendo, simplemente es cumplir con mi deber fiscalizador”. Agregó que “lamentablemente este señor no reconoce sus errores, lo mejor que podía haber hecho era reconocer su error y decir simplemente me equivoqué y pedirle disculpas a la comunidad curacana y no a mí, a pesar de que existen documentos y correos electrónicos donde señalaba la profesión que nunca tuvo”.

Se debe aclarar que el actual Director de Control, Alonso José Hernández Díaz, nunca pisó una universidad del país para terminar titulándose de Ingeniero Comercial, y el mismo lo reconoció cuando estalló este pequeño escándalo. Incluso, en un currículum vitae presentado ante el tribunal se señala que habría optado a un programa especial en la Universidad Austral de Chile, ¿algo que sólo a alguien que nunca asistió a un centro de estudios de ese nivel se le podría haber ocurrido? lo cierto es que en esa universidad, que este 2019 se ubica dentro de las 35 mejores de América Latina y el Caribe según QS World University Rankings, no existe ese tipo de “programas especiales”, por lo que es un invento que podría ser calificado como “burdo” o que proviene desde la “ignorancia supina”.

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