VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — De manera unánime, el pleno del Senado despachó a segundo trámite constitucional el proyecto de ley que regulará aquellos delitos vinculados a ocupaciones ilegales de inmuebles, y que fija nuevas penas y formas comisivas, incorporando también nuevos mecanismos de restitución, que en opinión de los legisladores, sería más eficiente que los que actualmente existen.
Tras un amplio debate, los parlamentarios despacharon el texto en particular de aquellas normas que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones, mientras que, en votaciones de mayoría, se despachó el resto del texto en particular, en similares términos en los que fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública.
Ahora, le toca el turno a la Cámara de Diputados de revisar el articulado. En el debate que se dio entre senadores, se abordaron algunos temas tales como la distinción de penas por usurpaciones con violencia en las personas versus las que se ejercen sobre las cosas; así como la actualización y la coherencia de los tipos penales que aborden los nuevos contextos de delitos de loteos irregulares (brujos), a partir de mafias que buscan el lucro.
La iniciativa tuvo su origen en dos mociones refundidas: una de los senadores Felipe Kast y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer y otra de los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Kenneth Pugh.
El proyecto pasará a realizar varias modificaciones al Código Penal, entre ellas, al inciso primero del artículo 457, que pasaría a decir: «Al que, con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, ocupare total o parcialmente un inmueble, sea público o privado, de forma permanente o transitoria, o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto este le repeliere, se le aplicará una pena de presidio menor en su grado medio a máximo».
Además, se pasará a modificar el artículo 458 por el siguiente: «Cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio».
Por otro lado, se añade un nuevo artículo 458 bis, el que detalla que «Si la ocupación o usurpación a que hacen referencia los artículos anteriores se realizare en un inmueble privado o público destinado a la vivienda, a impedir o dificultar la propagación de incendios, o a la provisión de servicios esenciales, la sanción de dichos delitos se aplicará en su máximum».
Además, las penas se agravarían si se utiliza para la usurpación a menores de edad según expresa el nuevo artículo 458 ter.
Durante el debate se recordó que esta iniciativa adquirió especial significancia tras el asesinato del empresario viñamarino, Alejandro Correa, por parte de un sicario a raíz de un pleito judicial que impulsó tras la toma de sus terrenos en Quilpué. Asimismo, se hizo presente que las tomas de terrenos tienen su origen a mediados del siglo XX, debido al déficit de viviendas; mientras que las usurpaciones en La Araucanía se registran desde el retorno de la democracia a través de diversos gobiernos. En cualquier caso hubo coincidencia en el sentido que la legislación actual data de hace casi un siglo y es preciso adaptarla a los nuevos desafíos.
Por otro lado, se incluye un nuevo artículo 470 bis, que dice que «Se impondrán respectivamente las penas señaladas en el artículo 467, aumentadas en un grado, al que mediante engaño dispusiera a otro a celebrar un contrato de compraventa o arrendamiento de sitio, lote o terreno sin ser propietario ni tener título alguno sobre el inmueble, ni autorización del dueño para enajenarlo o transferir su uso o goce, siempre que le ocasionare un perjuicio patrimonial a la víctima. Será considerada circunstancia agravante realizar la conducta descrita en el inciso anterior abusando de la situación de precariedad socioeconómica de la víctima».
El senador Felipe Kast, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, dio cuenta de la iniciativa cuyos principales objetivos son:
- Sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación.
- Extender el período de flagrancia tratándose de este delito.
- Permitir, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.
- Autorizar la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
- Castigar con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente.
- Modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
- Incorporar restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz mientras exista juicio pendiente por usurpación
- Hacer inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló «la importancia de generar certezas», y explicó que las principales divergencias tienen que ver con el tratamiento que se le da la usurpación no violenta y, en lo referido a la legítima defensa pues, con el texto legal «se abre la posibilidad de mayor confrontación ya que un propietario podría organizar un grupo privado para recuperar un inmueble y eso es casi incitar la justicia por sus propios medios».
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