Bolivia: CIDH confirma al menos 23 muertos y 715 heridos en medio de crisis

Fotografía: CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Véase también:
Bolivia: 6 muertos y 2 heridos críticos tras violentos enfrentamientos.

LA PAZ (La Opinión de Chiloé) — En medio de la crisis que sacude a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualizó el número de víctimas fatales tras la serie de protestas registradas en Bolivia desde la renuncia de Evo Morales y la autoproclamación de la vicepresidenta segunda del Estado, Jeanine Áñez, como presidenta interina.

Según lo aseverado por la CIDH, en total son 23 muertos y 715 heridos «desde el inicio de la crisis institucional y política» en el país andino, mientras que desde este viernes son nueve fallecidos y 122 heridos a causa de la «represión combinada de la Policía y fuerzas armadas».

Poco antes, la comisión denunció la emisión del Decreto Supremo n.°4078 donde se evitaría cualquier tipo de persecución en los tribunales de justicia al personal de las fuerzas armadas de Bolivia «que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».

En efecto, en su artículo 3 que «el personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o en estado de necesidad, en observación de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».

Según el organismo continental, tal documento «desconoce los estándares internacionales de DD. HH. y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DD. HH.».

El decreto, firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, autoriza a los militares a usar «todos los medios disponibles y los que puedan ser adquiridos, de acuerdo a las necesidades, a fin de garantizar el bienestar, seguridad, y la protección del pueblo boliviano».

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