Ancud: desfalco en Corporación quedaría impune tras «inactividad procesal»

diciembre 3, 2021 La Opinión de Chiloé Ancud, Policial, Política, Sociedad 0
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ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Continúan las repercusiones tras revelarse que la causa por presunta apropiación indebida de millonarios recursos desde la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud durante la administración de Soledad Moreno Núñez (DC) llevaría bastante tiempo sin actuaciones útiles por parte del fiscal Javier Calisto Garai, y que se enmarcarían en un eventual vínculo que tendría con al menos dos imputados.

Luego, de acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, desde la Defensoría Penal Pública el abogado Filippo Corvalán Figueroa decidió solicitar al Juzgado de Garantía de Ancud que fije una audiencia de sobreseimiento definitivo, trascendiendo que dentro de los argumentos que se expondrán se encuentra la existencia de un evidente silencio o inactividad procesal por parte de la Fiscalía.

La legislación vigente otorga la opción para solicitar a los jueces de turno el cierre de causas penales ante la falta evidente de movimientos útiles, y en Ancud existe jurisprudencia al respecto, en especial para aquellas indagatorias que han sobrepasado los 5 años.

En este sentido, cabe mencionar que la doctrina utilizada en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema asevera que el silencio en la relación jurídica implicaría una «inactividad motivada por su desinterés por obtener una decisión de los tribunales sobre el conflicto sometido a su conocimiento», vale decir, se asume que si no hay movimientos, no hay interés en proseguir.

Se habla así que «tal pasividad debe ser imputable», esto es, advirtiendo y aceptando las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse de la desidia de quien está mandatado a buscar todo lo que la ley requiere para dejar un caso en estado de ser decidido por el órgano jurisdiccional.

La Corte Suprema ha indicado que este tipo de comportamiento «es voluntariamente omisivo», y que el sobreseimiento definitivo se transforma en una especie de «sanción al litigante negligente», dándose cuando éste «ha cesado en la actividad que le corresponde, propia del impulso procesal que lo es exigible».

Así las cosas, el juez subrogante Nicolás Santibáñez Peñaloza fijó la cita para discutir el sobreseimiento definitivo para el 6 de enero de 2022, aunque haciendo una salvedad bastante importante: abrió la posibilidad de discutir y resolver respecto a la existencia de legitimación activa por parte del defensor, esto en atención a que la causa aún no tiene formalizados individualizados más allá de la mención de varios nombres dentro de la indagatoria como eventuales imputados.

En efecto, tras casi 5 años de muy pocos movimientos en la causa activada vía querella ingresada por orden del alcalde Carlos Gómez Miranda, un informe del 1 de marzo de 2021 emitido por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de investigaciones de Puerto Montt entregó varios antecedentes que ratificarían y establecerían algunos delitos.

Además, solicitó que el fiscal instruyera citar a al menos cinco personas en calidad de imputados, a saber: la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez, el exsecretario de la Corporación Luis Armando Ampuero Chiguay, el exjefe de administración y finanzas Abdón Barría Bórquez, el exjefe de personal Jorge Alarcón Sánchez y el exdirector de control Ricardo Lagno Cruces.

Sin embargo, ello no ha ocurrido, mientras que hace algunos días la Fiscalía Regional decidió remover de la investigación al fiscal Calisto Garai, todo tras las dudas que se levantaron por un posible conflicto de interés con Moreno Núñez y Lagno Cruces.

De hecho, Calisto Garai fue asesor jurídico de la Municipalidad de Ancud, siendo su empleador el exalcalde Pablo Ossio Muñoz (DC), quien es esposo de la exalcaldesa, a lo que sumarían los vínculos de amistad o camaradería al interior del Rotary Club Ancud con Lagno Cruces, quien fue presidente (existen diversos registros fotográficos donde se ve al fiscal y al aludido, mientras que en otras se observa incluso a la esposa del persecutor, Paola Negroni).

Junto con lo anterior, dentro de la carpeta investigativa que manejaba el fiscal Calisto Garai hay un informe de la Contraloría General de la República del año 2017 donde se exponen diversas irregularidades sin que se conozcan diligencias decretadas por el aludido con respecto a tales hallazgos.

Así al menos se observa en el informe de investigación especial n.º 417/2017 de la Contraloría Regional de Los Lagos, de fecha 12 de diciembre de 2017, donde se recomienda explícitamente poner en conocimiento del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, las conclusiones relativas a las irregularidades detectadas en los pagos por concepto de indemnizaciones al personal de confianza de la Administración anterior, al pago de indemnizaciones con fondos distintos a los otorgados por el Ministerio de Educación, como también a cotizaciones de salud y previsionales adeudadas.

Luego, al menos desde el 26 de abril de 2018 existiría en poder de la PDI diversa documentación electrónica de Luis Armando Ampuero Chiguay (ex secretario municipal), Abdón Rigoberto Barría Borquez (ex jefe de finanzas), Jorge Alarcón Sánchez (ex jefe de personal) y María Luisa Rojas Alvarado (ex directora de educación) vinculadas a sus actuaciones al interior de la Corporación, las que se han mantenido guardadas sin ser revisadas a la fecha, desconociéndose las razones.

Desde ese abril de 2018 los detectives estarían esperando que el fiscal ingrese un requerimiento al tribunal para que se autorice el peritaje, algo que no ocurrió en más de tres años y medio que Calisto Garai estuvo al mando de la investigación.

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